INS pierde juicio y deberá pagar 10 millones de dólares

Tal y como en su momento lo advirtió la ANEP, se confirmó en tribunales estadounidenses fallo contra el Instituto Nacional de Seguros (INS), elevándose así el costo del proceso judicial por la “terca” apelación institucional, a una suma superior a los 10 millones de dólares, unos 5.500 millones de colones; juicio que ganaron las firmas reaseguradoras HRG y HOWDEN.

Tanto el señor Guillermo Constenla Umaña, expresidente ejecutivo del INS, como los jerarcas y funcionarios involucrados deben responder por este catastrófico fallo en contra de las finanzas de la institución aseguradora y del país

Según el actual y máximo jerarca institucional, el Lic. Sergio Alfaro Salas, la condena y el pago a las reaseguradoras HRG y HOWDEN será de $4.4 millones de dólares y los costos de todo el proceso fueron de alrededor de $ 6 millones de dólares, por lo que todo el costo del mismo supera los $10.4 millones de dólares, es decir, unos ¢5.500 millones de colones.

*Como se había informado en los primeros meses del año 2014*, este caso fue investigado y tramitado en Estados Unidos, país en el cual el INS, representado en ese momento por su Presidente Ejecutivo, Guillermo Constenla Umaña, interpuso una demanda en contra de Hemispheric Reinsurence Group y contra el corredor de seguros Howden, por una supuesta estafa de 3 millones de dólares, en el cobro de primas por reaseguro de la póliza U500 del ICE.

A pesar de que lo que en principio Constenla quería “recuperar” era alrededor de un millón de dólares, sólo los gastos para el pago de la firma de abogados que representaría al INS (honorarios legales), fueron superiores a los 4 millones de dólares; más otros gastos de atención del proceso, entre ellos varios viajes a Estados Unidos del Sr. Constenla y el grupo de funcionarios del INS encargados del mismo, rondaron los $ 6 millones de dólares.

Por el mal manejo de esta póliza del ICE, la U500, la cual respalda los equipos de represas hidroeléctricas, plantas eólicas, y equipo de telecomunicaciones por mencionar algunos; la Contraloría General de la República (CGR), ordenó sancionar a varios exfuncionarios del INS en el año 2009 y, al mismo tiempo, planteó la alternativa de investigar lo actuado por el entonces presidente ejecutivo del INS en este asunto. Pero el asunto de la investigación no continuó y, al parecer, la Contraloría lo dejo “pendiente”.

En ANEP le advertimos en ese momento al Sr. Constenla y a su administración que no debía seguir adelante con este proceso en contra de las reaseguradoras mencionadas; y que, por tanto, no debía apelar el mismo pues los costos en caso de una ratificación de condena se duplicarían, cosa que al final sucedió. Sin embargo, él insistió sin mayor argumentación y dijo públicamente que en ANEP no sabíamos de que hablábamos. Al final tuvimos razón.

En ANEP denunciamos la mala decisión administrativa del señor Guillermo Constenla Umaña y un mal manejo de la póliza U500 por parte de su administración, le cueste al Instituto Nacional de Seguros y, por supuesto, al país, tantos millones de dólares; juicio que entendemos el señor Cónstenla planteó en tribunales para recuperar un supuesto sobreprecio de poco más de un millón de dólares por el pago del reaseguro de dicha póliza y que, al final, le salió costando mucho más de los 10 millones de dólares.

Por lo anterior, exigimos al actual Presidente Ejecutivo del INS, Lic. Sergio Alfaro Salas, al cual también en su momento le advertimos de los riesgos de este proceso, que actúe en forma inmediata y sin dilaciones políticas contra Guillermo Cónstenla Umaña y contra el grupo de funcionarios involucrados en este asunto, para que los mismos sean responsabilizados por esta terrible pérdida financiera para el INS y para el Estado costarricense.

Asimismo, exigimos a la Contraloría General de la República (CGR), y al propio Ministerio Público actuar de oficio en este asunto; y, ante la posible inacción de la actual administración del INS, también ejercer las medidas correspondientes de cara a evitar otro “sonado caso de impunidad” en el manejo y la administración de fondos públicos.

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