Jornada por el Derecho Humano al Agua en Costa Rica

Decenas de personas se manifestaron este 7 de diciembre frente a la Asamblea Legislativa de Costa Rica para llamar la atención a los diputados y diputadas con respecto a la necesidad de que se le de prioridad al tema de los recursos hídricos en la agenda legislativa y que se declare el agua como un derecho humano en la constitución nacional de este país.

Comunidades afectadas por la contaminación del agua por parte de la actividad piñera en el Atlántico de Costa Rica se hicieron presentes para exponer su experiencia a la opinión nacional y urgir al poder legislativo a frenar la expansión de ese monocultivo.

En horas de la tarde se realizó una conferencia de prensa con la presencia del presidente de la Asamblea Legislativa, Juan Carlos Mendoza, el diputado José María Villalta y la diputada Carmen Granados, quienes confirmaron el apoyo de sus fracciones a las propuestas de ley de recursos hídricos y una reforma constitucional que declara el agua como derecho humano fundamental y bien de dominio público, proyectos que han sido boicoteados por los sectores más conservadores de la Asamblea Legislativa y la vida política nacional.

Esta jornada marca el inicio de una estrategia de incidencia por parte de las organizaciones de sociedad civil reunidas en torno a ANDA y FANCA para lograr la aprobación de los proyectos antes mencionados y otro proyecto de ley que vendría a fortalecer al sector de acueductos comunales.
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Día internacional de los derechos humanos y el derecho humano al agua y al saneamiento

por Jorge Mora Portuguez
Director Ejecutivo FANCA

Desde el 10 de diciembre de 1950 se conmemora en nuestro país la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, realizada por la Asamblea General de la ONU en el año 1948.

Costa Rica desde entonces se ha caracterizado por ser un país que ha pretendido, no solo respetar a lo interno, sino también a nivel internacional el estricto cumplimiento de los derechos humanos; que ha desarrollado una sólida institucionalidad democrática, y un sistema judicial que ha permitido el adecuado balance entre las potestades de imperio de la Administración y los derechos de la población.

En algunas ocasiones excepcionales donde se han cometido abusos contra los derechos humanos; Costa Rica y sus instituciones han sabido actuar en la mayoría de los casos, repudiando y sancionando a quienes se han excedido en sus atribuciones como funcionarios públicos.

Sin embargo, Costa Rica ha venido perdiendo liderazgo en el reconocimiento de una nueva serie de derechos humanos que han sido plenamente incorporados en el derecho internacional.

Tal es el caso del derecho humano al agua y al saneamiento, que fue finalmente reconocido por la Asamblea General de la ONU el 30 de setiembre del 2010, tras una propuesta presentada por Bolivia, con el respaldo de 33 países; y aprobada por 122 votos a favor, (entre estos Costa Rica), 40 abstenciones y ningún voto en contra.

Esta resolución es el fruto de un esfuerzo de muchos años liderado por organismos de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y algunos gobiernos. Esta resolución es ratificada en distintas resoluciones del Consejo de Derechos humanos de la ONU, como las del 30 de setiembre del 2010; y las del 24 de marzo y 28 setiembre del 2011, en las cuales se reafirma la necesidad de avanzar progresivamente en la plena realización de este derecho humano a través de todos los medios apropiados.

El derecho humano al agua y al saneamiento en Costa Rica

El derecho humano al agua había sido reconocido jurisprudencialmente en Costa Rica desde el año 2000, cuando la Sala Cuarta en su voto 00-02755 del 24 de marzo, resolvió que el servicio de abastecimiento de agua potable “_es un derecho fundamental derivado del derecho a la vida y a la salud_”. Posteriormente la misma Sala ratifica este reconocimiento en su voto 2002-10776 de 14 de noviembre de 2002.

En el año 2002, ante una propuesta presentada por los movimientos ambientalistas de Costa Rica, el Poder Ejecutivo emitió el decreto 30480-MINAE, en el que se establecieron los principios que rigen, hasta el día de hoy, las políticas nacionales de gestión de recursos hídricos. Entre estos principios incorporó el reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano fundamental.

Posteriormente el 27 de mayo del 2003, luego de la entrada en vigencia de dicho decreto, la Sala IV emite el voto 4654-2003, que es el que más claramente define los antecedentes y alcances del derecho humano al agua en Costa Rica:

“_La Sala reconoce, como parte del derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, el medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables en Costa Rica…_”

En el año 2005 Costa Rica aprueba la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, que implementa los principios de política aprobados en 2002; un Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en el año 2008 y una Política Hídrica Nacional en el 2009. En todos estos instrumentos se reconoce expresamente el derecho humano al agua y al Saneamiento.

Reforma Constitucional y adecuación del marco legal

Pese a todos los antecedentes, resoluciones judiciales, políticas y decretos vigentes que reconocen el agua y el saneamiento como derechos humanos fundamentales, y pese a que Costa Rica fue uno de los 122 países que votó a favor de la resolución de la Asamblea General de la ONU; no ha sido posible incorporar este derecho humano en nuestra Constitución Política.

Desde hace más de 8 años se vienen presentando distintas propuestas (la primera de la ex diputada Joyce Zurcher, la última del diputado José María Villalta) para elevar a rango constitucional el dominio público del agua y reconocerla junto al saneamiento, como un derecho humano fundamental. Sin embargo la oposición obcecada de algunos diputados, los prejuicios y la ignorancia de otros, y los poderosos intereses que se ocultan tras algunos de estos, han impedido que Costa Rica ponga a tono su Constitución Política con las resoluciones de la ONU, tal como han hecho ya países tan variados como México, Nicaragua, Uruguay, Bolivia, Ecuador; España, Holanda, Inglaterra, Sudáfrica, entre muchos otros, que ya han modificado sus Constituciones Políticas para incorporar el derecho humano al agua y al saneamiento en ellas, o en sus leyes de aguas como hizo Paraguay.

Dos proyectos de ley que no solo incorporan el reconocimiento de este derecho humano sino también lo instrumentalizan, permitiendo llevarlo a la práctica, también se encuentran estancadas en la Asamblea Legislativa por la falta de voluntad política de las distintas fracciones, así como del gobierno para que finalmente se aprueben.

El primero de estos proyectos es la Ley de Recursos Hídricos, presentada desde el año 2001, y que 10 años después ni siquiera es objeto de discusión, pese a que su última versión fue presentada mediante el mecanismo de “Iniciativa Popular“, que obliga al Congreso a conocerlo en un plazo máximo de 2 años desde su presentación. Este proyecto se presentó con el respaldo de más de 150.000 firmas, que equivalen a más de un 5% del padrón electoral.

El otro proyecto es una iniciativa presentada por las asociaciones de acueductos comunales (ASADAS), con el respaldo de una serie de organizaciones no gubernamentales, que las vienen promoviendo como una de las formas más exitosas, eficientes y ambientalmente sostenibles de gestión de los recursos hídricos.

La celebración del día Internacional de los Derechos Humanos, y en Costa Rica de la semana de los Derechos Humanos, debe servir para reflexionar sobre la urgente necesidad de reconocer e incorporar el derecho humano al agua y al saneamiento en la Constitución Política, dando nuestro país una señal clara al mundo, de cuál es la importancia que le damos a este tema, recuperando el liderazgo que por años ha tenido nuestra nación en materia de derechos humanos.

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