La “alianza opositora” está detrás del palo en el tema fiscal

  • Entre finales de 2014 y finales de 2015, según lo muestran los datos del INEC, el empleo en el sector público se redujo en 14.032 personas, equivalente a una reducción del -5%.
  • Entre inicios de 2012 –a mediados del gobierno de Chinchilla– y finales de 2015, la reducción es de 59.468 puestos de trabajo menos en el sector público: una reducción del -18,2%
  • Entre inicios de 2014 y fines de 2015 el empleo público se redujo en 54.461 puestos de trabajo, o sea, un -17% menos. Sin duda, toda o la casi totalidad de esta reducción ha sido ejecutada por la administración Solís Rivera.
  • Entre marzo 2015 y marzo 2016, el gasto total del Gobierno Central creció 1,5%, incluyendo un aumento de 3,4% en la parte de remuneraciones y un recorte de -28,5% en la compra de bienes y servicios. El gasto corriente aumenta un 4,3% pero ese incremento se explica casi totalmente (un 80%) por el aumento en los pagos de intereses.
  • Para ese mismo período se registra una reducción de -17% en la inversión pública (-26,4% si comparamos con marzo 2014).
  • Si se excluye el pago de intereses, el gasto se reduce en -1,9%.
  • Valga enfatizar: los intereses son, con mucho, el rubro que más crece y cada vez a mayor velocidad. En el año comprendido entre marzo 2015 y marzo 2016 crecieron casi 24%, mucho, pero muchísimo más que ningún otro rubro. Como proporción del gasto total los intereses pasaron de representar un 13,3% en marzo de 2015 a representar un 16,2% en marzo de 2016. O sea, 2,9 puntos porcentuales en tan solo un año. Respecto de marzo 2014 (dos años atrás) el aumento es de casi 4 puntos porcentuales.
  • Al proyectar al año 2016 los datos correspondientes al primer trimestre, nos encontramos con un déficit del Gobierno Central que potencialmente sería del -5,2% del PIB. Sin incluir intereses de la deuda, el déficit sería de tan solo -2,0%. Esos intereses por sí solos provocan un déficit del orden del -3,2%.
  • La reducción en el empleo público, en la compra de bienes y servicios y en la inversión pública a que el gobierno ha recurrido para atenuar el déficit tiene graves consecuencias sobre la economía; contribuye a ralentizarla justo cuando más necesitada está de recibir un estímulo positivo originado en el sector público. Ello además agrava los de por sí agudos problemas del empleo en un doble movimiento: directamente al reducirse el número de servidores públicos e indirectamente al recortarse la demanda de bienes y servicios y la inversión por parte del Estado.
  • En la medida en que el déficit se origina hoy en el pago de intereses, con ello asimismo se pierde el efecto estimulante que ese déficit debería tener sobre la economía. Una parte de esos pagos (aproximadamente el 16%) va a la propia institucionalidad pública, lo que equivale, sin más, a sacar dinero de un bolsillo para pasarlo a otro. Pero, sobre todo, el pago de intereses redistribuye ingresos a favor de sectores rentistas muy poderosos y privilegiados: el propio sistema financiero en primer lugar (alrededor del 21%) y el sector privado en general (32,4%), lo cual corresponde, sobre todo, a gente de muy altos ingresos. Poco o nada de eso revertirá en demanda de nuevos bienes y servicios, por lo que el efecto positivo sobre la economía se diluye hasta prácticamente desaparecer.
  • En resumen: el gasto total del gobierno, excluidos los intereses, está decreciendo. El total de gasto corriente, así como las remuneraciones, crecen levemente, mientras las compras de bienes y servicios y la inversión pública se reducen drásticamente. El total del empleo público viene también reduciéndose en forma muy sostenida y significativa. O sea, y en resumen: estamos viviendo un proceso de desmantelamiento e inutilización de la institucionalidad pública, con consecuencias dañinas a corto plazo para la economía y el empleo, y con perniciosos efectos de largo plazo para el buen desarrollo de nuestra sociedad.
  • La histeria austeritaria –recorte y mutilación del sector público– que la tal “alianza opositora” quiere imponer desde la Asamblea Legislativa, es, en rigor, una pelea contra fantasmas, pero de ninguna manera una pelea inocente. No hay tales excesos de gasto, excepto en el rubro de intereses. Los fantasmas simplemente son una justificación para encubrir sus afanes ideológicos contra la institucionalidad pública, contra el Estado costarricense e, incluso, contra algunos fundamentales derechos laborales.
  • Nada de lo anterior niega que no sea necesario hacer un máximo esfuerzo para mejorar la calidad de los servicios públicos y para corregir y sanear vicios y excesos que efectivamente existen. Pero el proceso de mutilación del que la institucionalidad pública está siendo víctima –y que la alianza opositora quiere profundizar– imposibilita radicalmente introducir las mejoras y correcciones a que aspiramos. Una institucionalidad pública mutilada es una institucionalidad pública inutilizada, así de simple y doloroso.
  • Si el problema principal es, con mucho, el pago de los intereses, sobre esto debe necesariamente actuarse. Y esencialmente son tres las vías para hacerlo: a) hacer que bajen las tasas de interés en el mercado interno, lo cual pasa por exigir más eficiencia y menos rentismo por parte de la banca; b) reactivar la economía, incluyendo en esto una vigorosa reanimación de la inversión pública, y una amplia gama de otras medidas muy necesarias (incluyendo tipo de cambio); c) una reforma tributaria justa y equitativa y el combate tenaz al fraude fiscal que provea nuevos ingresos y contribuya, primero, a recuperar esa institucionalidad pública en proceso de derretimiento y, segundo, a frenar el crecimiento de la deuda pública.

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