Hace ya tres años, cumplidos exactamente el pasado domingo 24 de mayo de 2015, de que el ciudadano-trabajador de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), don Daniel Muñoz Corea, con gran respaldo social como el de la corriente sindical en la cual militamos, se apersonó ante el Ministerio Público formalizando denuncia contra una serie de altos personeros de la Caja, presuntamente responsables de la debacle financiera de esta institución pública, la más amada por el pueblo costarricense y de la que más depende éste para su propia vida.
En el Ministerio Público y sin que haya explicación alguna (al menos, explícita), duerme el sueño de los justos el expediente No. 12-0046-0615-PE, abierto desde el 24 de mayo de 2012 contra jerarcas de la CCSS, por presuntos actos de corrupción en perjuicio del patrimonio de los Seguros de Salud e Invalidez, Vejez y Muerte (IVM); denuncia que tiene tres años de yacer en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Primer Circuito Judicial de San José. Pese a la tipificación de los delitos que les pueden ser imputados, no se ha realizado el respectivo traslado de cargos a los jerarcas denunciados, ¡y ya han pasado tres años!
Ello a pesar de que tanto el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como la Contraloría General de la República (CGR), determinaron presuntos delitos, entre ellos, la transgresión del artículo 57 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito (daño a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública), penado con prisión de 2 a 8 años. Como si lo que indicaron ambos entes no fuese suficiente, hay tres informes de la Auditoría Interna de la CCSS que confirman los hechos denunciados.
Y también como si todo ello fuera poco, en octubre de 2013, la comisión legislativa que analizó la crisis de la Caja (crisis que sigue vigente pues la actual Presidenta Ejecutiva de la institución ha reconocido que la CCSS está “en alitas de cucaracha”), recomendó la renuncia de los funcionarios IVÁN GUARDIA RODRÍGUEZ, LUIS GUILLERMO LÓPEZ VARGAS, JOSÉ LUIS QUESADA MARTÍNEZ, GUSTAVO PICADO CHACÓN, JORGE ARTURO HERNÁNDEZ CASTAÑEDA y MANUEL UGARTE BRENES.
La impunidad total reina y todos ellos (a excepción de uno que ya se pensionó) siguen trabajando, como si nada, en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); es más algunos tienen ahora más poder y mejor estatus laboral.
El denunciante, don Daniel Muñoz Corea, calificado especialista en el ramo, ha calculado que en el lapso 2009-2013 el menoscabo en las finanzas de la Caja ascendería a los 100 mil millones de colones, hecho que ayudaría a explicar la presunta muerte de asegurados por carencia de suministros médicos, tal y como fue denunciado en días recientes por el Servicio de Cardiología del Hospital México. Solamente para dar un ejemplo de la “tragedia” que está viviendo la institución.
La Caja está viviendo la crisis más grande de toda su historia. Creemos que ello se debe, en gran parte, a que la Caja ha sido secuestrada por poderosos grupos corporativos, internos y externos, generadores de tres grandes conflictos de interés que están matando, ¡sí!, literalmente hablando, matando a la Caja.
1) El conflicto existente entre el interés público y los intereses político-partidarios. 2) El conflicto existente entre el interés público y los intereses mercantiles de quienes hacen jugoso negocio con la salud (o más bien, con la enfermedad), de las personas. 3) El conflicto existente entre el interés público y el interés gremial.
A esta conclusión (entre otras de enorme alcance y profundidad), llegaron una serie de organizaciones de la sociedad civil generadoras del proceso “10 medidas para comenzar a ordenar la Caja”; proceso que contó con el aporte, en ese entonces, del profesor universitario y académico prestigioso, el hoy Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera.
Con su firma, señor Presidente, habíamos concluido en que “Todos estos conflictos entre el interés público (de toda la población asegurada) y de unos pocos (políticos, vendedores de servicios y de algunos pocos especialistas inescrupulosos), que afectan directamente lo que hace y deja de hacer la Caja, tanto hacia dentro como en sus relaciones externas), deben ser abordados con transparencia y objetividad. De ello depende que sobreviva y se recupere el modelo de salud universal y solidario que hemos disfrutado”.
Anhelamos que el mandatario no termine igual que el Ministerio Público en esto de la Caja: mirando para otro lado.
