El nivel preventivo de atención en salud, que a través de los Ebais y de las clínicas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) se ofrece a la población, no sólo resulta más barato; sino que en cualquier país (y el nuestro no es la excepción), el sistema de salud debe privilegiar en su estrategia de salud, en la prevención y en el control anticipado de las enfermedades.
En mi criterio, la Junta Directiva de la CCSS está en la obligación de colocar, en primerísimo orden, el fortalecimiento del primer nivel de atención, mismo que conviene sea bajo los servicios que brinda de manera directa la Caja Costarricense del Seguro Social; y no administrado por terceros. Gestionado y ofrecido con calidad y oportunidad, lo que sin duda permitirá que gane la institución al bajar los costos de atención, mejorar las políticas de salud para la población asegurada y, desde luego, combatir uno de los más graves conflictos de interés que se ciernen sobre la Caja: el del lucro con la enfermedad.
El pleito de la licitación entre dos consorcios privados para lo que podemos concebir como la primera privatización “clásica” de los Ebais, la universidad UNIBE y la Clínica Bíblica, lo “ganó” la primera. Supongo que razones de costo privaron para que los y las integrantes de la Junta Directiva de la CCSS se inclinaran por la UNIBE; o bien, por algunos antecedentes relacionados con el otro oferente que parece no le alcanzó para obtener la licitación de marras, ante el quite de la Universidad de Costa Rica (UCR) de seguir con la administración de los Ebais que administró por un tiempo, del que no obtuvieron según manifiestan sus autoridades “ganancias”…
Ha circulado información que refiere que la Junta Directiva de la CCSS ha recibido una propuesta para que la institución se desentienda de 1014 Ebais y que dicha administración sea costeada por el Estado; eso sí, mediando nueva carga de impuestos a la población costarricense ¡Válgame Dios!
La iniciativa del economista Edgar Marín, miembro de una comisión financiera institucional, parece contar con el respaldo del actual Gerente Financiero de la Caja, el señor Gustavo Picado. Ambos justifican la medida en la necesidad de fortalecer el segundo y tercer nivel de atención, dando a estos los recursos del SEM (Sistema de Enfermedad y Maternidad, conocido como el Seguro de Salud), de manera exclusiva: clínicas y hospitales.
Debemos los y las contribuyentes del Seguro Social tener mucho cuidado con este tipo de propuestas que, claramente, parecen querer orientar cambios radicales e inconvenientes de nuestro Sistema de Seguridad Social; mismo que como bien sabemos, se inspira en la Universalidad, la Solidaridad, la Sostenibilidad (especialmente en lo financiero); y, desde luego, en la Calidad y en la Oportunidad de los servicios. Todos estos han sido pilares inspiradores, desde siempre, de la Seguridad Social Costarricense.
Como servidor de la Caja por más de treinta años y dirigente sindical de la ANEP, pienso que cualquier esfuerzo que procure fortalecer tanto las finanzas como la calidad de la atención, siempre debe ser bienvenido; especialmente si con ello se garantiza a las personas aseguradas, servicios de salud equitativos, oportunos y de calidad.
Por otra parte, otras propuestas que se lanzan como que el Estado costarricense cubra el costo de todos los Ebais, nos obliga a pensar en cuál ha sido la acción del Estado costarricense con relación a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); institución con la cual guarda una estricta relación, hasta con obligaciones constitucionales.
Sin embargo, conviene traer a colación y a manera de ejemplo, al menos una las acciones del Estado conocidas a través del tiempo y poder con ello valorar el futuro que le depara a tal propuesta y de que podría suceder. Veamos el siguiente ejemplo.
La denominada Ley de Protección al Trabajador (LPT), promulgada en el año 2000, definió en su artículo 78, que las instituciones públicas del Estada deberán trasladar hasta el 15 % de sus superávits, al fondo del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). El Estado no ha logrado trasladar recursos que fortalezcan el régimen de Pensiones de la CCSS, ni siquiera realizando gestiones políticas para hacer cumplir la ley.
Entonces me surgen las siguientes interrogantes. ¿Será el Estado capaz de crear impuestos para dar financiamiento y fortalecimiento al primer nivel del Seguro de Salud, siendo que históricamente es el moroso principal con sus obligaciones con la Seguridad Social?…
¿Es esta propuesta para ampliar el financiamiento; ó, para restringir derechos a los y a las cotizantes del Seguro Social? ¿Es una propuesta que busca fortalecer el primer nivel y reorientar recursos al segundo y tercero; ó, se pretende que el Estado dé financiamiento al primer nivel por ser universal, mientras que el segundo y tercer nivel no lo serían? O siendo más realista: ¿Será que la verdadera intención es desmembrar el sistema de salud, para permitir los negocios privados y convertir a la institución en un ente recaudador en sentido estricto?
Preferiría pensar que me equivoco y que tanto quienes dirigen la institución como quienes se mueven en la política (me refiero a empresarios políticos y políticos empresarios), puedan ser ciudadanos costarricenses de nobles principios que juren defender nuestro Estado Social de Derecho.
Pero, si por el contrario, se alejan del interés público para el que algunos han sido llamados a servir y no servirse, serán responsables de sus actos.
¿Sabrán éstos cuánto daño le infringen a la Caja Costarricense del Seguro Social, de manera consciente? ¿Pretenden entregar la institución a los intereses corporativos privados de cuyas consecuencias serán víctimas las generaciones venideras?
Debo rechazar categóricamente el argumento esgrimido de que los recursos no alcanzan para cubrir el financiamiento de todo y para todos. Eso no es de recibo mientras la CCSS (Junta Directiva), siga permitiendo que prevalezcan los conflictos de intereses que impiden tomar decisiones que favorezcan el interés público.
Si nuestro modelo de salud pública está en crisis, corre riesgos, ha enfermado a causa de la mala gestión o de intereses ajenos al fin para el que fue creado, todos y todas debemos salir en su defensa.
Debe la población asegurada, de conformidad con lo que es su derecho, exigir, demandar el fortalecimiento institucional, especialmente el del primer nivel de atención; el que permite prevenir la enfermedad y, por ende, mejorar los índices de salud y, desde luego, la vida de quienes tenemos la dicha de ser costarricenses.
