La decisión de la Presidenta Chinchilla de romper con el contrato de concesión de la vía San José-San Ramón resultó inevitable. La lección de lucha cívica que dieron las comunidades y los pueblos del Valle Occidental del país es histórica y desde una perspectiva popular, es una epopeya. La ciudadanía patriótica de San Ramón, Palmares, Naranjo, Valverde Vega, Atenas, Zarcero entre otros cantones involucrados, directamente en esta situación, merece aparte de imitarse, celebrarse.
No hay mejor ocasión para ello que el próximo Primero de Mayo que, como indicamos la semana pasada, no es cualquier Primero de Mayo: Conmemoramos los primeros cien años de la primera celebración en Costa Rica del Primero de Mayo como Día Internacional de la Clase Trabajadora, 1913-2013.
La cuestionada concesión mostró un proceso de gran opacidad y de severos problemas de transparencia y, además, eventuales ilegalidades de mucha naturaleza que, como consta al país, generaron un repudio a una obra pública concesionada a privados, como jamás otra de esta naturaleza había provocado.
La decisión presidencial, si bien oportuna, no va a darle punto a final a la discusión de los resultados de lo que han venido siendo las concesiones en el país.
Al respecto, expresamos nuestras preocupaciones sobre aconteceres similares con las vías Florencio del Castillo, la de circunvalación metropolitana, la ruta Cañas-Liberia y otras. Además cobra gran validez y vigencia lo que ha venido sucediendo con la concesión portuaria de los muelles del Atlántico (Limón y Moín), misma que tiene un proceso de cuestionamiento y de deslegitimación ciudadanas también impresionante.
El desenlace “final” con la repudiada concesión de la vía San José-San Ramón ha dejado a la propia Contraloría General de la República (CGR), en un gran descrédito y muy lesionada su autoridad en materia de control y de transparencia de estos delicados ámbitos de concesión de obra pública y de negocio privado con los servicios públicos destinados al bien común.
La titular de tal ente, señora Martha Acosta Zúñiga, debe muchas explicaciones a la ciudadanía; especialmente, sobre cómo avaló que entre firmas privadas se cedieran el contrato de concesión sin ninguna intermediación de autoridad pública alguna, como si se tratase de un traspaso de una patente de licores entre dos comerciantes.
Esperamos de parte de la Fiscalía General una inmediata, eficiente y ejemplarizante acción en contra de todas las personas funcionarias públicas que tuvieron que ver con esta concesión, pues la sospecha ciudadana de presuntos tráficos de influencias y de enormes sumas de dinero de por medio, se agiganta con la decisión presidencial de romper con tal contrato. Ojalá que la impunidad no se imponga en esta vergonzosa situación.
¿Cuál es la naturaleza de los procesos que llevaron a determinar que tal “obra” costaría 524 millones de dólares? ¿Quién los hizo? ¿Quién los ordenó? ¿Cuáles funcionarios públicos intervinieron? ¿De qué instancias? ¿Y los nombres del bufete o bufetes de las empresas privadas que negociaron entre sí el traspaso de la concesión? Estas cosas y otras muchas más están por serle indicadas al país.
Igualmente, falta mucho por conocer sobre las condiciones en que se da indicada ruptura y las consecuencias para el erario público. Esperamos que la señora Presidenta Chinchilla Miranda le dé amplios detalles al país al respecto. Y de todo esto emerge la imperiosa necesidad de que el actual jerarca del MOPT deje de serlo. Que se vaya, que le destituya, que le pidan la renuncia…
Es más que necesario que el parlamento debe derogar la perversa ley de concesiones y que la lucha organizada del pueblo se apropie de esta causa. Pensamos que esta puede ser un motivo fundamental para que salgamos, masivamente, a la calle este Primero de Mayo que no es cualquier Primero de Mayo. La concesión que el pueblo derrotó lo hace diferente. ¡Celebrémoslo!
