Ha anunciado el Gobierno, por intermedio de su Ministro de Hacienda (también, Primer Vicepresidente de la República), don Helio Fallas Venegas, que están alistando un proyecto de ley contra la evasión fiscal, una “ley anti evasión”.
En principio, resulta una feliz iniciativa que debe generar un interés ciudadano de todas aquellas personas y empresas que en este país, pagan puntual y correctamente sus impuestos, que no se los roban.
Debemos insistir en que ya es oficial, por primera vez en muchos años, que un gobierno reconozca la cuantía general de la evasión tributaria que por múltiples mecanismos, todos ilegales, sufrimos en esta sociedad.
Nada más y nada menos que 5.8 del Producto Interno Bruto (PIB); recordándole a usted que cada punto porcentual de PIB, anda alrededor de los 265.000.000.000.oo (doscientos sesenta y cinco mil millones de colones). Ello quiere decir que el Estado, el fisco, deja de recibir, anualmente, de impuestos que están sustentados en leyes vigentes, unos 1.500.000.000.000 (Un billón, quinientos mil millones de colones).
Por otra parte, también hay datos reales y constatables en cuanto al monto de las exenciones y de las exoneraciones fiscales, mismas que también andan en una cifra cercana al 6% del PIB.
Es decir, otro billón quinientos mil millones de colones. Entonces, estamos ante una “locura” de cifras: hablamos de ¡TRES BILLONES DE COLONES!, un 12% de PIB que no llega a las arcas del Estado por diversas razones…
El volumen anual de la cifra de evasión y el monto al año de las exenciones-exoneraciones, hace que la prédica neoliberal contra los pluses salariales de la clase trabajadora del sector Público, sea “pecata minuta”, aunque moleste hablar así a los abanderados neoliberales enemigos del empleo público. Dicho de otra forma, no son los pluses salariales del sector Público los responsables del déficit fiscal.
Es necesario recalcar que quienes viven de un salario, tanto en el sector público como en el privado, no roban impuestos. Los pagan puntualmente, ya sea porque le rebajan renta cuando corresponde por la cifra salarial recibida; y, en todos los casos, sin excepción, cuando se debe pagar, en la caja, el impuesto sobre las ventas, al instante mismo de la compra.
Arreglar el problema fiscal del país debería comprender una secuencia de procesos políticos, tanto a nivel del Poder Ejecutivo como del Legislativo.
Primero, la “ley anti evasión”. Segundo, el ataque al sistema pernicioso de exenciones-exoneraciones, propiciando las modificaciones de ley. Tercero: Aprobar el proyecto de ley “Pensión-Consumo”, mismo que (además de universalizar el derecho a la pensión), coloca a los ciudadanos y ciudadanas como auditores del pago del impuesto de ventas, quienes velarán diariamente para que los recaudadores entreguen los impuestos al fisco. Cuarto: Elevar la carga tributaria con respecto al PIB pero del lado de las grandes rentas, de las fortunas exorbitantes y/o de dudosa procedencia. Aquí habría tres grandes ámbitos para legislar: a) establecer la renta mundial o universal; b) establecer la renta global; c) establecer el impuesto “Robin Hood” o Tasa Tobin.
Como habrán notado, no incluimos en esta “ruta tributaria” hacia la progresividad, la transformación del actual impuesto sobre las ventas en impuesto al valor agregado (IVA), toda vez que éste es el impuesto más injusto de todos porque afecta más a quienes menos tienen; y porque considerando el grave problema de evasión fiscal, los que se roban los impuestos que el pueblo paga, tendrán más posibilidades de robar más, si no corregimos esta situación social tan grave como lo es la evasión fiscal.
En el caso de la “ley anti evasión” y desde la perspectiva sociosindical en la que venimos hablando del tema desde hace ya algún tiempo, el tema quedó comprendido dentro de la propuesta “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”, elaborada con muchísimo tiempo de antelación y sin el más mínimo pronóstico ni cálculo sobre el desarrollo del proceso electoral nacional que tuvo lugar en este año 2014.
En el apartado IV de este documento, “Elementos para un plan nacional de prevención y combate a la evasión, el contrabando, el fraude fiscal y el lavado de capitales”, se pueden encontrar valiosos aportes para esta “ley anti evasión”. Veamos algunos.
“Proceso penal tributario. Incrementar el umbral de punibilidad para que solamente los casos muy calificados lleguen a la instancia judicial, establecer tarifas aplicables a los ‘grupos de interés económico’; castigo a la no retención dolosa de tributos; fortalecer la coordinación interinstitucional para que incluya protocolos de actuación, plan de capacitación y un sistema mancomunado de información; dotar de mayores recursos a las agencias de la justicia penal”.
“Contra el blanqueo de capitales. Potenciar la función de investigación del fraude fiscal; establecer un sistema de inteligencia fiscal; crear una oficina especializada en la investigación del fraude fiscal y el blanqueo de capitales; fortalecer la policía fiscal; crear la figura del comisionado fiscal; modificar la regulación penal de los delitos contra la Hacienda Pública, incluyendo las actividades preparatorias y la organización del fraude; fortalecer la especialización judicial frente a los delitos económicos; impulsar la coordinación internacional; potenciar la colaboración social y la cooperación institucional”.
“Educación tributaria y fiscal. Elaborar y poner en marcha un plan nacional de educación tributaria y fiscal, que incluya al MEP, al Ministerio de Hacienda y a las universidades públicas y privadas”.
Solamente hemos citado una pequeña parte, en este caso en el ámbito del robo de impuestos, de los contenidos de la propuesta social “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”, sobre la cual seguiremos insistiendo. Esta propuesta es el más grande esfuerzo de propuesta alternativa, desde la perspectiva sindical en materia tributario-fiscal, jamás realizado antes.
Como ven ustedes, así concebimos lo que en otros artículos hemos denominado como la Transformación Tributaria Estructural que ocupa nuestra patria para enfrentar con sentido estratégico y visión de futuro el problema nacional número uno: el crecimiento de la desigualdad. Indudablemente que es un reto mayúsculo que debe implicar mucha acción social y gran movilización ciudadana.
