Después del referéndum, sin embargo, hemos vivido meses de zozobra y malestar, pero sobre todo, hemos estado sometidos a una gran manipulación política y mediática.
Uno de los temas planteados públicamente durante el referéndum fue el relacionado con el alcance de la consulta: ¿se estaba votando el TLC y todas las leyes complementarias, o solo el acuerdo comercial? Afirmaciones de magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones y declaraciones de jerarcas gubernamentales dejaron en claro que se votaba lo segundo y no lo primero.
No obstante, después del escrutinio apareció como un primer elemento de manipulación la fecha del 29 de febrero. Ese día, dijo el Ministro de la Presidencia, tenían que estar aprobadas todas las leyes de implementación porque de lo contrario Costa Rica quedaría fuera del TLC. Eso significaba sancionar sin demora (y sin discusión), toda la nueva legislación. Si no se hacía de esa manera se estaría irrespetando la voluntad popular y cualquier retraso en el trámite legislativo sería obstruccionista y antidemocrático.
Se convirtió así el 29 de febrero en una espada de Damocles que daba patente de corso al gobierno para forzar el trámite, pero también para incluir en la legislación cualquier cosa que quisiera; y la oposición estaba obligada a aprobarla con urgencia, porque de lo contrario se vencería el plazo, se irrespetaría el referéndum y el país sería excluido del TLC.
Se dio así una segunda manipulación: la alteración de los proyectos de ley para introducir cláusulas que iban mucho mas allá de lo exigido por el Tratado. Sirvan dos botones de ejemplo: la apertura de la telefonía fija, que no está contemplada en el TLC, y las sanciones desproporcionadas a la violación de los derechos de autor y de marcas.
La tercera manipulación se está dando en estos días. Una vez aclarado que el 29 de febrero no es una fecha fatal, que en verdad fue una estratagema del gobierno para forzar la aprobación de leyes de gran importancia sin el debido análisis y debate, utilizando el mecanismo de la vía rápida (que dejó a la oposición como única alternativa la presentación de mociones y la no conformación del quórum), ahora se quiere hacer creer a los costarricenses que será necesario solicitar a los otros países una ampliación del plazo y que eso tendrá consecuencias negativas para el país.
Lo cierto es que lo estipulado en el Tratado es claro. Tal y como lo ha explicado el ex ministro de Comercio Exterior, Manuel González, se debe distinguir entre la notificación del TLC y la certificación de Estados Unidos. Lo primero, que es lo obligatorio, Costa Rica pudo hacerlo desde la aprobación del referéndum, cumpliendo así con lo pactado. Lo segundo depende de las leyes complementarias pero no tiene plazo de vencimiento.
En consecuencia, Costa Rica no está forzada a solicitar ninguna prórroga ni ampliación a los otros países. El TLC ya fue aprobado y el gobierno puede depositarlo en la OEA.
Lo que se está haciendo no es más que otra manipulación para achacarles una responsabilidad política inexistente a quienes han asumido una actitud crítica en el trámite de leyes esenciales que quieren ser festinadas eludiendo el debate parlamentario.
02/01/2008
