Aunque no somos fieles creyentes en las encuestas, pues la experiencia que vivimos con ocasión del “frauduréndum” sobre el TLC (en el año 2007), nos demostró su naturaleza manipuladora y acomodaticia al interés del pagador; siguen siendo tomadas muy en cuenta en diversos ámbitos de la realidad nacional.
Muy en lo específico, se les valora en esos espacios donde se toman decisiones; o en ese tipo de espacios adonde las decisiones ya tomadas, son llevadas para darles su legitimidad formal.
Igualmente, en encuestas cuyos resultados se dan a conocer y que, de antemano, se sabe que han abordado mediciones polémicas y/o controversiales; quienes son aludidos (directa o indirectamente), personas y/o entidades, ofrecen sus propias interpretaciones y/o conclusiones, según intereses directos y/o indirectos.
Apuntamos lo anterior pues nos ha llamado la atención la situación en las encuestas del señor Carlos Alvarado Quesada quien, sin haber llegado al primer año a la cabeza del Poder Ejecutivo, tiene la evaluación más negativa que una persona en su similar posición tuviera en los primeros doce meses de gestión presidencial, desde que tales mediciones se hacen, empezándose éstas hace ya 40 años.
Según entendidos en la materia, podría considerarse que las encuestas realizadas por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR), son las que ofrecen mayor posibilidad de rigor y resultado objetivo; aunque, verdad se ha dicha pese a que incomode: durante la pasada campaña electoral, el CIEP recibió no pocos cuestionamientos en el entendido de que entre los dos Alvarado en la recta final de la competencia presidencial, sus simpatías habrían estado del lado del que ahora se desempeña en Zapote.
Por eso nos llama la atención que sean las cifras del CIEP las que ahora nos estén indicando que las valoraciones positivas acerca de la gestión ejecutiva del señor Carlos Alvarado Quesada no llegan al 25 %.
Es decir, que de cada 4 costarricenses, solamente a 1 le parece bien lo que este señor hace como la principal cabeza ejecutiva de la autoridad formal del actual Gobierno de la República.
Como indicamos al principio de que, en esto de las encuestas, las interpretaciones de sus resultados son subjetivas y que cada quien puede leer los números de las mismas según sus intereses; en nuestro caso, por supuesto, nada objetivo se puede esperar de nuestro análisis de los últimos resultados del CIEP-UCR, en cuanto a la medición de la popularidad del señor Alvarado Quesada.
Y, como nuestro ámbito cotidiano de acción es el mundo de lo laboral-social, la conclusión fundamental a la que llegamos es que, él ha llegado a un peligroso nivel de deslegitimación ante una relevante cantidad de la población trabajadora de este país; mucha de la cual le dio el voto, especialmente en segunda ronda, cuando al electorado se le puso a decidir entre “lo divino” o “lo satánico”.
Es decir, no hay la menor duda de que en los actuales momentos la autoridad presidencial de la actual administración está fuertemente cuestionada, desprestigiada… y deslegitimada, a los ojos de la mayoría ciudadana costarricense.
Nuestro sistema constitucional, nuestro sistema legal, los fundamentos jurídicos que nos integran como república, no consideraron nunca el cómo debe ser el proceder ciudadano ante el tránsito desde la legitimidad real-formal-electoral, a la acera opuesta de la misma; es decir, a la pérdida de aceptación ciudadana de dicha autoridad presidencial, cuando ésta, en el ejercicio de la misma se vuelve contra las aspiraciones de quienes, como mayoría que le votó, le dio esa autoridad.
Pensamos que para quienes están muy documentados y que han estudiado mucho este tema del deterioro de las democracias representativas, cuyos electorados son víctimas de estafas políticas (como la más recientemente acontecida en el país); podría ser muy interesante diseñar los mecanismos constitucionales-institucionales para demandarle cuentas a quien, con embustes, conquistó tan alto sitial como la Presidencia de la República; tanto como pedirle explicaciones a quienes le ayudaron en tan mala empresa defraudadora de la buena fe de conciencias cívicas transparentes y esperanzadas.
Sí nos llama poderosamente la atención que las destituciones de presidentes sin terminar mandato han encontrado “vías jurídicas” en otros países latinoamericanos, pese al contenido profundamente ideológico que desde el lado del capital han tenido esas destituciones (casos de Honduras, de Paraguay, de Brasil, por ejemplo).
Sin embargo, apartando lo ideológico (muy difícil, por cierto), ¿no habrá llegado la ahora para que en Costa Rica se diseñen los mecanismos jurídico-institucionales (y, por supuesto, constitucionales), para que la gente de a pie se deshaga del tipo que la engañó, que la estafó, del que le dio la espalda no más llegando a la silla presidencial? ¿Será posible un “impeachment” a la tica?
No es poca la cantidad de gente trabajadora que por estos días se viene haciendo semejante pregunta, por demás, ¡oportunísima!
