Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Insistimos en que para poder comprender cuál es la característica principal de la circunstancia sociohistórica y político-económica que estamos viviendo en la Costa Rica del Bicentenario, necesitamos entender, con la mayor precisión posible, el significado del concepto plutocracia, sobre lo cual venimos insistiendo en las últimas semanas.
En el sitio web Economipedia (www.economipedia.com/definiciones), hallamos esta definición técnica de plutocracia: “La plutocracia, al igual que la democracia o la dictadura, es una forma de gobierno. Ésta se desarrolla cuando la sociedad más enriquecida ostenta el poder y, por ende, dirige el Estado”.
La fuente consultada nos ilustra más al respecto: “En territorios que exista una plutocracia, las clases dominantes, que poseen las riquezas, también controlan el poder del Estado. Así pues, hablamos de un sistema en que la sociedad que posee los recursos materiales, de la misma forma, posee el poder político”.
Además, note usted, reafirmando nuestro predicar de todas estas últimas semanas que (continúa Economipedia), “…la plutocracia es aquel sistema en el que los que tienen el poder económico, de forma directa o indirecta, controlan el poder del Estado. Y es que el nombre de este sistema proviene del concepto Pluto, que es, en la mitología de la Antigua Grecia, el dios de la riqueza”.
Nosotros tenemos el convencimiento de que, con la llegada de Carlos Alvarado Quesada al ejercicio formal de la Presidencia de la República, se conformó una especie de coalición político-parlamentaria de Gobierno, cuya agenda-país, especialmente en el campo de lo estratégico macroeconómico-fiscal, responde a los intereses de los grupos plutocráticos costarricenses.
Destaca sobremanera el abultado apoyo diputadil que la gestión ejecutiva de Alvarado Quesada ha tenido: una impresionante coalición parlamentaria que ha venido co-gobernando con él, compuesta por los partidos Liberación, Unidad y Acción Ciudadana, junto a las dos vertientes del “evangelismo en política”: Restauración y Nueva República. Y, también, el Frente Amplio estuvo en buena parte de esta antipopular administración.
Ha sido constatado por diversas mediciones estadísticas de la opinión ciudadana costarricense que, “…los políticos en el poder únicamente atienden los intereses de aquellos que poseen el poder económico. Todo ello, a cambio de que éstos, con su dinero e influencia, los mantengan en el poder el máximo tiempo posible, o, en ocasiones, a cambio de dinero y financiación para sus campañas electorales”. Así nos lo explica Economipedia.
Nuestra valoración del desarrollo ejecutivo-legislativo (y hasta judicial, con heroicas excepciones), del período constitucional ya próximo a concluir, 2018-2022, nos ha convencido de que, tal y como lo indica el título del presente comentario, la plutocracia tiene el poder y no soltará el gobierno.
La plutocracia viene dando golpe tras golpe, en su camino político-ideológico hacia la imposición total de su visión-país: no al Código de Trabajo, no al salario mínimo, no a las empresas públicas exitosas, no al Empleo Público, no a la Caja, no a la jornada de 8 horas, no a la Educación Pública…
Nuestra convicción acerca de que la plutocracia que ya tiene, prácticamente, el control total del poder, no soltará el control total del Gobierno que logró, exitosamente, con Alvarado Quesada a su servicio; tomó mucha fuerza cuando notamos cómo la vocería oficial mediático-cotidiana de la plutocracia, puso contra la pared a las candidaturas presidenciales preferidas por ella; las cuales “osaron”, muy tímidamente, manifestar que la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), podría ser un “asunto más” en sus eventuales gobiernos; candidaturas presidenciales que, a juicio de ella, son las llamadas a continuar la gestión de Alvarado Quesada: hablamos de don José María Figueres Olsen y de doña Lineth Saborío Chaverri.
Ahora bien, si la plutocracia, como lo viene ya haciendo, lograra su principal cometido en las elecciones presidenciales del domingo 6 de febrero de 2022 (a no ser que ocurra una tragedia para sus intereses), jamás podríamos considerar que su perversa finalidad se consumará, fácil y totalmente si, al menos, se pudiera manifestar lo siguiente:
- Que la plutocracia no logre el control de la próxima Asamblea Legislativa para lo cual se requiere que el pueblo vote por candidaturas diputadiles decentes, limpias, sanas, contestatarias y hasta rebeldes. Las hay bastantes.
- Que las que lleguen puedan tener la madurez político-estratégica de articularse para conformar una especie de grupo parlamentario de la decencia, favorecedor de la real Democracia y la plena Justicia Social, atendiendo la desigualdad que ya está reinando en el país.
- Que, desde las propias bases ciudadanas, en los planos rurales y urbanos, arrinconadas contra la pared por esa desigualdad y por la exclusión económica generada por el empobrecimiento, el alto endeudamiento, la ruina productiva, el desempleo y el hambre, surja un fuerte brazo social que se articule con el grupo parlamentario de la decencia.
- Que las organizaciones de los movimientos sociales (incluyendo sindicales), se entreguen a este noble fin: juntarse con el pueblo excluido o en proceso de serlo, para la recuperación plena de la senda de desarrollo inspirada en el bien común y en la plena inclusión socioeconómica.
