Nosotros, desde las tiendas de la lucha social y sindical, desde un principio abrazamos esta causa: la defensa del carácter público de los muelles del país, considerando su naturaleza estratégica y valorando que son patrimonio del país, que son propiedad colectiva; y, además, de un modo u otro, se conciben dentro de una concepción de desarrollo fundada en el bien común, en el bienestar del mayor número, en la inclusión y en la movilidad social.
Así actuamos durante varios años en defensa de los principales muelles de la costa pacífica, hoy privatizados del todo y comprobado está que esto no ha sido beneficioso ni para la comunidad puntarenense ni para el país y sus clases populares. Ni los macarrones, ni las galletas, ni el pan, ni el arroz y similares, cuyos granos de elaboración ingresan por estos puertos del Pacífico costarricense, son hoy más baratos para la gente del trabajo que antes de que tales muelles fueran entregados al capital extranjero.
Hubo una conjura neoliberal que complotó a favor de grandes intereses corporativos y de sesgo trasnacional, con la complicidad lucrativa de ciertos bufetes nacionales. Se violentó así la Constitución Política que en su artículo 121 estableció que “los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales… no podrán ser enajenados, arrendados ni gravados, directa o indirectamente, ni salir en forma alguna del dominio y control del Estado”.
Tanto para la Contraloría General de la República (CGR), como para la propia Sala Constitucional de la Corte Suprema Justicia, tal disposición constitucional no les mereció ningún respeto (dicho esto con palabras elegantes). Esta conjura materializada en el caso de los muelles del Pacífico, tiene su segunda versión con lo que está sucediendo con los muelles del Atlántico.
Nuestros colegas del Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA, SINTRAJAP, nos lo recuerdan en esta ocasión. El Lic. Ronaldo Blear Blear, su Secretario General, nos indica que sin el permiso del primer Poder de la República (la Asamblea Legislativa), la señora Presidenta de la República, doña Laura Chinchilla Miranda, firmó un contrato con la firma extranjera de capital holandés APM TERMINALS, entregándole a ésta la soberanía de Costa Rica y la explotación del negocio y riqueza portuaria de Limón, durante los próximos 30 años. La comisión parlamentaria de la Asamblea Legislativa que investiga las concesiones en Costa Rica no aprobó esta concesión pero aun así, la mandataria hizo caso omiso a lo dictaminado por los representantes del pueblo costarricense.
Asimismo, 20 diputados le indicaron a la señora Contralora General de la República, mediante carta, que no refrendara el contrato con APM TERMINALS, porque con este contrato se está entregando una explotación por 30 años de suelo nacional y su riqueza. Este tipo de contratos tienen que ser aprobados por el Primer Poder de la Republica, no por el Poder Ejecutivo o la Contraloría General de la República (CGR), establecido así en la Constitución Política. Por estos motivos, los diputados solicitaron en su momento a la anterior Contralora, la señora Rocío Aguilar Montoya, declarar su incompetencia; pero sucedió lo mismo. Ella, al igual que la señora Presidenta Chinchilla Miranda, también hizo caso omiso a los argumentos constitucionales expuestos por los diputados, irrespetando a su superior inmediato (que es la Asamblea Legislativa) y refrendó el contrato. En todo caso, el ente contralor también le pasó por encima a la Constitución.
SINTRAJAP nos recuerda que en su momento informó al pueblo costarricense sobre lo actuado por el Gobierno y que para firmar este contrato con APM TERMINALS, hubo un intento de sobornar a los trabajadores portuarios con la suma de $137 millones de dólares. El rechazo de este chantaje dejó un claro enojo en el Poder Ejecutivo en contra de SINTRAJAP y de Limón: No logran entender que se haya despreciado semejante cantidad de dinero por parte de los trabajadores y que, con dignidad, no hayan aceptado un “precio” a cambio de quedarse sin empleo.
Por otra parte, la demanda interpuesta ante el Tribunal Contencioso Administrativo que formuló SINTRAJAP y la Cámara Nacional de Bananeros (CANABA), se encuentra en estos momentos apelada en los Tribunales de Casación, pues en el mencionado tribunal contencioso se asignó para dirigir el proceso al juez Garita Navarro, quien fue empleado del MOPT. Él no debió aceptar que le asignaran un caso que por los principios básicos del Derecho, como lo son la objetividad y la sana crítica; amén de que desde el punto de vista moral no debió llevarlo. Esto mueve a pensar en que los tentáculos de los promotores del negocio portuario del Atlántico podrían llegar a todas partes; y que para lograr su objetivo en contra de los intereses del pueblo y en beneficio de unos pocos, no se tendría reparo alguno.
Nos cuenta SINTRAJAP que, a la vez, formuló una demanda en contra del Expresidente Dr. Óscar Arias Sánchez, por el intento de soborno ya mencionado. Otras agrupaciones, incluyendo a la cual servimos, hicimos algo similar. Estas demandas hoy duermen el sueño de los justos en la Fiscalía General de la República. Tales circunstancias nos confirman que en todo esto de la concesión muellera del Atlántico se ha transitado un camino viciado, violentando la Constitución Política, influenciando en otros poderes, intentando sobornar al sector laboral y atropellando los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores humildes.
El Gobierno, específicamente el Poder Ejecutivo, está torciendo brazos en todo esto, violando la Constitución Política. SINTRAJAP ha acumulado de todo lo dicho pruebas documentadas. ¡Qué infamia! y ¡qué indignidad! Algún día estos malos gobernantes que lesionan la soberanía nacional, en claro beneficio de intereses extranjeros y en perjuicio de muchos ciudadanos y ciudadanas, tendrán que responder ante la justicia. El pueblo costarricense debe repudiar estos hechos que van en contra de la Patria y que nos afectan directamente a todos en el precio de los productos que consumimos.
Por la paz social en la provincia de Limón, y en el país en general, por incluir clausulas inconstitucionales de exclusividad en el manejo de los contenedores, eliminando con ello la libre competencia en favorecimiento de intereses extranjeros y en contra del país, es que de manera pública, solicitamos a la Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, declarar nulo este contrato.
Terminamos nuestro comentario de la fecha para compartir con ustedes que hoy, hace exactamente once años, un 8 de mayo de 2002, escribimos nuestra primera columna de opinión en estas mismas páginas. Damos gracias infinitas a Diario Extra, a su gigante fundador y por siempre baluarte de la Libertad de Expresión en Costa Rica, don William Gómez Vargas (q.d.D.g.); y a su responsable actual, la señora Iary Gómez. Ninguno de los 570 artículos publicados hasta la fecha en este mismo espacio, jamás han recibido la más mínima censura ni el más ínfimo corte. En verdad, Diario Extra se ha convertido en una parte esencial de la democracia contemporánea de nuestro país y nosotros somos testigos de ello.
