Más allá del debate filosófico o del análisis etimológico del término, la seguridad humana tiene que ver con la ausencia del temor y de la miseria.
No es por casualidad que el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se refiera al temor y a la miseria, como elementos que atentan contra la dignidad humana.
En este sentido, el deber de cualquier Estado que asume con responsabilidad la justicia social y el fortalecimiento de la democracia, pasa por la adecuada tutela de las necesidades básicas de la población.
Debe atender, eficazmente, la seguridad de las personas, la disminución de la pobreza, la eliminación de todas las formas de discriminación y la reducción de las desigualdades.
Si coincidimos en que la seguridad humana incluye estos temas, se podría afirmar, entonces, que las dificultades que enfrenta Costa Rica en materia de seguridad humana tienen relación con el incumplimiento práctico de sus obligaciones en derechos humanos.
De ser así, quizá deba corregirse las deficiencias de la educación en este campo, para que se propicie una adecuada transferencia de conocimientos en derechos humanos y se logre fortalecer el desarrollo de habilidades al respecto.
En este momento, el Estado no está proveyendo correctamente en desarrollo social lo que le corresponde, porque existe una deficiencia en la educación sobre derechos humanos.
Esto les niega a las personas la autonomía para reclamar eficazmente sus derechos, pero también, para respetar los derechos humanos de las otras personas.
El país, también, está fallando en la creación de capacidades para una buena gobernabilidad, porque no está proveyendo en seguridad democrática; y no está proveyendo en seguridad democrática, por el mal manejo de los conflictos internos.
Los grandes temas de interés nacional, que por naturaleza resultan ser álgidos, se están abordando al margen de la participación ciudadana. Los actores históricamente protagonistas, están siendo excluidos, o solamente se les informa respecto de las grandes decisiones del país.
La seguridad humana abarca una serie de elementos que requieren ser analizados de manera integral. En una reflexión serena y objetiva de esos elementos, concluiríamos admitiendo que en Costa Rica existe una inadecuada tutela por parte del Estado en el campo de la seguridad personal, en el ámbito de la seguridad social; e incluso, en la esfera de la seguridad internacional.
Se cuestionan en el país ciertas conductas que atentan contra la seguridad personal, específicamente, la influencia que ejercen algunos sectores dominantes de la economía y del poder político sobre el sistema judicial y sus resoluciones.
Así, por ejemplo, resulta indescriptible la incertidumbre que enfrenta una persona pobre, joven o sindicalista, cuando reclama un derecho, o cuando es víctima de los abusos del poder punitivo del Estado.
Recientemente fuimos testigos del vergonzoso caso en contra del joven sindicalista Carlos Andrés Pérez Sánchez. Afortunadamente para este joven, no todos los operadores del Derecho se dejan amedrentar y aún se cuenta con una reserva importante de personas juzgadoras que “hacen justicia, aunque se caiga el cielo”.
La presunción de inocencia, las garantías procesales y el derecho de defensa, son conceptos que acompañan la seguridad personal; y que cualquier Estado de Derecho que se tome en serio la seguridad humana, debe atender para evitar detenciones arbitrarias y penas desproporcionadas.
Por otra parte, en el tema de seguridad social, que tiene relación directa con la satisfacción de las necesidades básicas, la seguridad alimentaria y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en materia de derechos humanos, se evidencia un claro retroceso.
La imposición de un aumento a los productos de la canasta básica, la eliminación de algunas conquistas salariales de las personas trabajadoras de menos ingresos, así como el recorte del presupuesto que se asigna a algunas instituciones que ofrecen servicios o programas sociales, son antagónicos con el concepto de justicia.
Lo anterior no excluye de responsabilidad a una parte de la cúpula acomodada del Poder Judicial, que de manera irreflexiva le concede el beneplácito a quienes toman estas decisiones.
El debilitamiento de la seguridad personal y de la seguridad social, afecta negativamente la inversión que el país debe hacer en seguridad internacional.
Costa Rica. de esta manera se estaría constituyendo en parte del problema regional y no, en un país que muestre significativos avances en seguridad y desarrollo humano, aun cuando existe una obligación sobre los estados de velar por la seguridad en la región.
Una seguridad que no sólo tiene que ver con los conflictos armados, sino con ese sentimiento de incertidumbre que sienten las personas ante las injusticias sociales y las penurias económicas que afectan a los países de la región.
Lic. Benjamín Sevilla García
Secretario de Juventud
Junta Directiva Nacional de la ANEP
