La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, celebran el anuncio efectuado por el Ministerio de Hacienda, en la persona de su Viceministro del Área de Ingresos, Fernando Rodríguez Garro, de que se están investigado a 69 personas y/o empresas costarricenses, involucradas en el escándalo de evasión fiscal internacional más sonado de los últimos tiempos, conocido como los “Panamá Papers” (Los papeles de Panamá).
Si bien sabemos de esa disposición jurídica del denominado secreto bancario, es relevante expresar nuestro clamor de que la sociedad tiene derecho a conocer quiénes son esas 69 personas físicas y/o jurídico-corporativas implicadas en las complicadas operaciones organizadas para evadir tributos, vía los paraísos fiscales evidenciados por los “Panamá Papers”, revelado gracias a la labor del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en idioma inglés).
“Al parecer, las triquiñuelas de estos malos costarricenses ladrones de impuestos han adquirido altos niveles de sofisticación. Sin embargo, la naturaleza de las irregularidades podría rebasar la comisión de delitos de mera evasión, para evidenciar otras figuras penales delictuosas más graves”, comentó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP y Coordinador de Patria Justa.
Según reportes de prensa, para el caso costarricense el ICIJ identificó a 120 personas-entidades costarricenses, en total, quedando claro los nombres de las primeras 69 que son el objeto del anuncio de la cartera ministerial de Hacienda.
“De la misma manera en que la sociedad puede ahora saber cuánto gana cada una de las personas trabajadoras asalariadas del sector público, sin excepción alguna; las operaciones de robo de impuestos vía mecanismos como los “Panamá Papers”, son apropiaciones indebidas de dineros destinados para las políticas públicas, son fondos públicos en perspectiva, es dinero que le corresponde a toda la sociedad”, enfatizó Vargas.
Muy particularmente, resulta de innegable interés cívico conocer si dentro de esos 69 investigados aparecen megaconsorcios corporativos del negocio de las noticias, transformados hoy en día en verdaderos latifundios mediáticos promotores de una agenda político-ideológica contraria al bien común.
Más allá de lo jurídico-legal del llevado y traído secreto bancario, es un imperativo ético-moral de altos quilates permitirle a la sociedad determinar quiénes son los que aplican dichas estrategias para cometer este tipo de “crimen social” que es el robo de impuestos.
Vargas considera que también deberían exhibirse los nombres de los abogados y de los bufetes que les acuerpan en este crimen tributario organizado; bufetes de “impecable” presentación social pero con tales niveles de degeneración ético-moral como para calificar que la elusión de impuestos es algo “aceptable” y “normal”.
“Una vez queda constando con imponente contundencia: la clase trabajadora no roba impuestos, ni la asalariada ni la que está en la informalidad. Cuando corresponde impuesto de renta salarial, éste se rebaja inmediatamente de la planilla; y el de ventas, que lo paga todo el mundo, se cobra al momento mismo de la compra en la caja registradora”, agregó.
Y también, una vez queda constando con imponente contundencia que la esencia del problema del déficit fiscal está en las conductas de estas 69 identidades, personales y/o corporativas, y todo lo que se le parezca; que no son los salarios del empleo público los culpables de ese déficit fiscal.
ANEP y Patria Justa estarán pendientes de los resultados finales de la investigación que el Ministerio de Hacienda está realizando sobre el robo de impuestos vía los “Panamá Papers”.
