El gran empresariado que se aglutina en la entidad de negocios denominada Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), lanzó una especie de “amenaza” contra varias personas legisladoras del actual Parlamento que acaba de empezar su período constitucional; dada la posibilidad de que la Reforma Procesal Laboral (RPL) se convierta, de una vez por todas, en Ley de la República, al levantarse el veto que infamemente le interpuso la anterior mandataria Laura Chinchilla Miranda, ahora “desahogada” de su responsabilidad presidencial, como ella mismo lo dijo.
Como sabemos, la RPL fue aprobada por la anterior Asamblea Legislativa y recibió en las dos obligadas votaciones constitucionales que se exigen para que un proyecto sea Ley de la República, mayorías de lujo (44 y 40 votos, respectivamente).
Hemos venido planteando, de manera reiterada, que existe suficiente base legal, activa jurisprudencia y gran soporte ético-moral para levantar ese, repetimos, infame veto. Se lo hemos venido solicitando insistentemente, con respeto pero con vehemencia, al actual señor presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera.
Sin embargo, él optó por otro camino político, relacionado con la elección del actual directorio legislativo, en especial, la del ahora presidente del parlamento, don Henry Mora Jiménez; con base en lo que al respecto pactó con la fracción diputadil del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); no así con la del Partido Frente Amplio, cuyos integrantes nos negaron que hayan tenido algo que ver con el plazo de hasta un año para materializar el levantamiento de tal veto presidencial, si no pasa nada en ese plazo en la actual Asamblea Legislativa con relación a la RPL. Pensamos que en tal marco de condiciones, es importante anotar lo siguiente: a) La Uccaep no tiene autoridad moral para objetar la RPL porque le dio su respaldo político al inicio y hasta firmó el acuerdo que viabilizó su aprobación legislativa. b) La RPL es un compromiso-país ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). No puede Costa Rica deshonrar más el mismo, a no ser de que tanto la Uccaep como el actual Gobierno, decidan que nos “desafiliemos” de este prestigioso ente global del Trabajo. c) La RPL está en estricto apego a toda la normativa internacional firmada por el país en materia de Derechos Humanos. d) De manera perversa, la prensa afín al gran capital neoliberal insiste en que la RPL “legaliza” la huelga en los servicios públicos esenciales. Todo lo contrario: la regula, posibilitando que nunca prive la deshumanización a la hora de que la ciudadanía usuaria de los mismos se enfrente a su paralización laboral.
Nosotros también hemos de estar vigilantes del acuerdo entre el PAC y el PUSC, aunque no lo compartamos, en eso de dar plazo de hasta un año para quitarle el veto presidencial a la RPL, si no hay acuerdo intraparlamentario al efecto. ¿Acuerdo en qué?, nos preguntamos.
Desde nuestra perspectiva lo que corresponde es, por un lado, quitar ese veto para que la RPL sea a plenitud Ley de la República; y, por otro, que la Uccaep de ahora vaya, si quiere, a “pulsearla” con las reformas legales que quiere de la misma; tanto como lo hemos realizado a lo largo de los últimos 15 años, entidades laborales como las que representamos que sí asumimos con gran seriedad y con responsabilidad el desafío de la Reforma Procesal Laboral (RPL).
