Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Cada una de esas cantidades, representan el pago de intereses de usura que miles de costarricenses, personas y empresas, pagan constantemente, de manera inmisericorde; convirtiendo a los sectores económico-empresariales receptores de semejantes cantidades de dinero, en uno de los grupos más poderosos del país, con fuerte incidencia en la gestión gubernativa y con suficiente fuerza como para haber bloqueado, durante tantos años, que algo de control hubiese en esa materia del cobro de los intereses de usura.
Los intereses de usura que se cobran en tarjetas de crédito, en la compra de electrodomésticos, en intereses de préstamos bancarios, créditos personales, casas de empeño y similares, representan uno de los más fuertes desencadenantes del proceso de desigualdad que sufre la sociedad costarricense.
Se está hablando de una cantidad equivalente a 6.57 puntos del Producto Interno Bruto (PIB); es decir, poco más de 5 veces el monto a recaudar por parte del fisco con el detestado paquetazo de impuestos, ley No. 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Es decir, otro tipo de política fiscal, más afín a la gente y al bien común, pudo haber establecido un impuesto de un 1%, o de un 1.20% al cobro de intereses de usura, poniendo fuertes frenos-límites al cobro de los mismos, de tal suerte que los emisores de tarjetas y los prestadores de plata, recibieran un 20% menos en sus ganancias y, pese a ello, éstas seguirían siendo astronómicas y hasta obscenas; y, por el contrario, la mayoría de la gente sería beneficiada y, por supuesto, las mismas finanzas públicas con impacto en la desaceleración del déficit fiscal.
El insistente reclamo obrero por una fuerte regulación en tal sentido, es una consigna sindical muy vehemente levantada hace bastante tiempo; al punto de que fue un emplazamiento directo de nuestra parte, con ocasión de la pasada campaña electoral presidencial, a los dos candidatos presidenciales (Carlos Alvarado Quesada y Fabricio Alvarado Muñoz), quienes afirmaron, en ese entonces, estar de acuerdo en proceder al respecto.
Vemos con buenos ojos que se esté anunciando la tramitación parlamentaria del expediente legislativo No. 20.561, que pretende poner algo de control y de razonabilidad al desenfreno que ha representado el cobro de intereses de usura.
Posibilitar algo de freno a tal exceso de esa acumulación de capital desenfrenada, puede convertirse en uno de los factores que impacten un proceso, integral y articulado, de reactivación económica; pues significaría -entre otras posibilidades-, que familias altamente endeudadas y sacrificadas, financieramente hablando por esos intereses de usura, tendrían mayor liquidez para depositarla en el mercado interno de bienes y servicios, especialmente en compras a micro-pequeñas y medianas empresas.
Según datos en manos de los diputados promotores de esta iniciativa, el interés promedio en los almacenes que venden a crédito electrodomésticos, es del 60% y este tipo de consorcios megaempresariales, altamente concentrados en cuanto a su propiedad, se estarían ganando unos 883 mil millones de colones anuales en este tipo de intereses de usura; es decir, 2.52 puntos PIB. ¡Ganancias extraordinariamente abusivas! Nos preguntamos: ¿y cómo han sido sus declaraciones de impuestos?
La corriente sindical que representamos someterá a un exhaustivo análisis esta relevante iniciativa, de forma tal que la misma no represente “un alegrón de burro”, pues como dice el sabio refrán popular, “el diablo está en los detalles”.
Es más que evidente la naturaleza del poderío económico de estas entidades acreedoras bancarias y de los grandes consorcios empresariales detrás del negocio de los créditos a la gente.
Por tanto, se hace más que necesario que las entidades sindicales y civiles, le sigan la pista a la tramitación de esta iniciativa de ley, prácticamente, a diario, sin dejar de pronunciarse apoyando que este proyecto sea ley lo más rápidamente posible.
Cualquier materialización concreta en torno a una especie de agenda-país, distinta a la que está carcomiendo el tejido socioeconómico de la Democracia en estos momentos, deberá incluir como uno de sus contenidos fundamentales, la regulación legal del cobro abusivo de intereses de usura.
