Ley Participativa de Radio y Televisión sí garantiza la libertad de expresión

El proyecto de Ley Participativa de Radio y Televisión, presentado por el Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación, defiende derechos humanos básicos, como la libertad de expresión y la libertad de prensa, y garantiza que nunca un medio de comunicación pueda ser sancionado, mucho menos cerrado, por la información que difunda a través de sus frecuencias concedidas, a diferencia de la propuesta de borrador presentado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT).

La defensa de la libertad de expresión, como un derecho humano fundamental, debe ser pilar de cualquier proyecto que pretenda regular el uso del espectro radiofónico. No pueden ser estas leyes únicamente de carácter técnico, sino que tienen un amplio sentido político ya que vienen a regular no sólo la posibilidad de recibir información, sino también a formular las realidades mediáticas desde las comunidades, por eso la creación de los medios comunitarios.

Creemos firmemente que estos derechos están más que resguardados en nuestro proyecto de ley. Y así lo han entendido cientos de personas que ya están apoyando el proceso de recolección de firmas para lograr que la Ley Participativa de Radio y Televisión se convierta en ley de la República. Hemos realizado conversatorios, talleres y encuentros con organizaciones sociales, cooperativas, estudiantes, gestores culturales, entre muchos otros, logrando que todos y cada uno de los participantes no sólo le ponga la firma al proyecto, sino que se han convertido en parte del movimiento social que recogen las miles de firmas necesarias para la presentación en la Asamblea Legislativa.

Los principios fundamentales del proyecto de Ley Participativa de Radio y Televisión, presentado el pasado 12 de marzo, son el derecho humano a la comunicación como eje transversal; el espectro radioeléctrico como un recurso valioso y escaso que pertenece a la colectividad; y la radiodifusión como actividad de interés público relevante que debe trascender el enfoque que privilegia la dimensión comercial. Asimismo, regula integralmente las frecuencias de radio y televisión; fortalece el surgimiento de diversos medios de comunicación; y prevé la entrada en vigencia de la digitalización de la televisión en el país.

Lamentamos mucho que el error de incluir el tema de sanciones por contenidos por parte del MICITT aleje la discusión de la problemática real que tenemos en Costa Rica. La correcta regulación del espectro radiofónico, y la distribución democrática de las frecuencias de radio y televisión son el tema en el que debemos enfocarnos. Tanto Gobierno, como el Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación, así como el empresariado mediático, no podemos rehuir de esta trascendental discusión, y debemos incluir a la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas posibles. Es nuestra hora.

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