El agua no debe ser gratuita”. Ese es el criterio contundente de uno de los magnates de las poderosas megacorporaciones multinacionales que hoy tienen enorme control del planeta. Son palabras de Peter Brabeck-Letmathe, presidente del grupo Nestlé.
En su opinión, el agua debería ser tratada como cualquier otro bien alimenticio y tener un valor de mercado que viniera establecido por la ley de la oferta y la demanda.
Este perverso comentario está causando revuelo en todas las redes sociales del movimiento planetario en contra de la globalización neoliberal actualmente en desarrollo y más allá del mismo. Ha impactado los millones de conciencias humanistas que han tenido conocimiento del mismo.
Se lo citamos a usted en el contexto de un preocupante reportaje de prensa que apareció en la prestigiosa publicación nacional, Semanario Universidad, en su edición del pasado 3 de setiembre.
Se presenta en este reportaje una investigación a fondo sobre cómo el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A), accedió a transformar en ASADA el acueducto privado propiedad de la empresa C-Veintiuno Altos de Pinilla Sociedad Anónima; acueducto ubicado en Cebadilla de Santa Cruz, Guanacaste.
En la corriente sindical en la cual desarrollamos nuestro quehacer cotidiano de la lucha social, vemos con muchísima preocupación esta información por la multiplicidad de problemáticas que representa.
Entendemos también que tal reportaje ha causado conmoción en numerosas personas y agrupaciones costarricenses que desde diferentes perspectivas ecológico-ambientales, tienen en la defensa del agua como un Derecho Humano fundamental, uno de sus objetivos estratégicos de investigación, estudio, propuesta y acción.
Adicionalmente y desde este mismo espacio, hemos tratado de compartir con usted nuestra gran preocupación y fuerte denuncia por la participación de nuestro país, en un proceso de negociación secreta dentro del denominado Trade In Services Agreement (TISA, por sus siglas en inglés); que es una especie de acuerdo mundial para que todos los servicios públicos, incluida el agua, procedan a privatizarse completamente.
Nuestro compañero de causa, don Randall Vega Alvarado, nos ayudó a comprender el impacto de la magnitud de la decisión que tomó la recién “estrenada” Junta Directiva del AyA al respecto.
1- Se está normalizando la privatización del agua: Está sucediendo en todo el país. Grandes inversiones inmobiliarias están construyendo condominios, hoteles, proyectos habitacionales y turísticos de gran envergadura, sin contar con estudios hidrológicos para saber si el AyA, o los acueductos comunales, tienen la capacidad de brindar el servicio de agua potable para los mismos. Esto provoca que estos desarrollos construyan sus propios acueductos de manera ilegal. La solución jamás será convertir lo ilegal en legal, como acaba de hacer AyA con el acueducto de Altos de Pinilla.
2- Restricción del acceso al agua a las comunidades: el caso de estudio es paradigmático. El inversionista privado compró toda la montaña en Caña Fístula en Santa Cruz, montaña que tiene la naciente de agua que abastece a toda la región, incluida la comunidad de Cebadilla. Ahí existen 2 ASADAS: la que antes era acueducto privado y la ASADA de Cebadilla que sí es comunal. Ambas comparten el mismo manto acuífero pero, por el principio geológico de gravedad, la ASADA “privada”, que está arriba en la montaña, consume primero el agua y lo que sobra llega a la ASADA de la comunidad, que está abajo de la montaña. Esto provoca que sí haya agua para llenar las piscinas de los hoteles, pero que no llegue agua a las casas de la comunidad.
3- Cobros diferenciados: Aunque AyA le haya dado el rango de ASADA al acueducto privado de Altos de Pinilla, éste sigue cobrando un precio diferente al estipulado por la ARESEP para las ASADAS. La tarifa básica sí es la misma, pero cobran una “tarifa solidaria” que siempre es mayor a la tarifa por consumo.
La ASADA privada les ofrece el servicio a los vecinos de la zona, pero el mismo es impagable para esta población de escasos recursos. Esto lo sabemos por conversaciones privadas con vecinos de la zona.
4- AyA demuestra que no tiene posibilidades de control: Las declaraciones emitidas por doña Yamileth Astorga Espeleta, Presidenta Ejecutiva de AyA, y por el señor Rolando Marín León, representante de los acueductos comunales en la Junta Directiva de AyA, para el Semanario Universidad, dejan claro que la institución no es capaz de controlar la explosión de acueductos privados e ilegales que está viviendo el país, que se agrava en la provincia de Guanacaste.
5- El agua como derecho humano: Esta problemática pone en peligro el acceso universal al agua. Defendemos que es el Estado quien debe garantizar el acceso efectivo al agua mediante servicios de agua potable en manos públicas y comunitarias. No podemos tolerar que existan ni que se normalice la creación de acueductos privados.
6- Creemos que el plan de acción de Acueductos y Alcantarillados no puede ser el demostrado en este caso: Debe haber una dirección fuerte de parte de la Junta Directiva de AyA para analizar los casos nuevos de petición de creación de ASADAS, sobretodo en la provincia de Guanacaste; para que no se repita lo sucedido con el acueducto privado de Altos de Pinilla. No podemos aceptar que acueductos ilegales se vistan de ropaje legal bajo excusas de pobres controles administrativos. Debe AyA promover una política todavía más fuerte de fortalecimiento de las ASADAS realmente gestionadas por las comunidades. Acceso a mejores tecnologías, promoción de créditos para crecimiento en infraestructura y capacitación y acompañamiento de técnicos e ingenieros, es fundamental para el mejoramiento de los acueductos comunales.
Por último, se debe respaldar el mejoramiento en lo pertinente, del proyecto de ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa y al cual la Sala IV le hizo observaciones muy importantes que deben ser subsanadas.
Una nueva legislación sobre el agua es trascendental para que podamos cuidar mejor un recurso fundamental para la vida.
Esta ley brinda herramientas para evitar en todos sus extremos la privatización del agua y que, además, concibe el consumo humano como prioritario, sobre cualquier otra actividad.
Finalmente, es preciso un papel activo de la población trabajadora de AyA en la defensa del agua y de la institucionalidad representada en AyA para defenderla, para lo cual la movilización social y laboral en este sentido, será fundamental.
Debemos hacerle comprender al presente gobierno estos dos postulados fundamentales en esta lucha. Por un lado, AyA no puede convertir los acueductos privados en ASADAS, legalizando lo ilegal. Por otro, No es comparable, de ninguna forma, la gestión comunitaria del agua a la gestión privada.
