- Avanza la exclusión socioeconómica y se potencia la alternativa confrontativa
- Pueblo golpeado deberá asumir su propia autodefensa para la sobrevivencia
- Gobierno insistirá en ir al FMI
(ANEP), deja constancia explícita su profundo rechazo y su más enérgica condena por la decisión diputadil de 48 personas legisladoras de imponer recortes presupuestarios brutales y extremistas, al proyecto de presupuesto de la República para el año 2021.
Se impuso, contra toda racionalidad y prudencia, la línea ideológico-neoliberal ortodoxa del recorte presupuestario a mansalva, sin importar el impacto negativo en las ya deterioradas condiciones de múltiples servicios públicos, sumamente necesarios para llevar algo de dignidad en la calidad de vida miles de personas compatriotas, cuya vulnerabilidad ya era dolorosa realidad que la pandemia profundizó.
Las comunidades urbanas y rurales donde habita el pueblo golpeado por esta política económico-fiscal, saboteadora de la misma institucionalidad democrática, no tendrán más remedio que asumir retos de organización popular extraordinarios, pues se trata de su propia supervivencia. Se trata de crear mecanismos de autodefensa civil para los cuales ANEP ofrece su apoyo.
Esta errática, provocadora, irracional e irresponsable decisión diputadil de un recortismo brutal y extremista, es una acción de violencia económica contra la gente en desventaja social. Ésta queda más que legitimada para defenderse mediando la organización y la movilización intensa y activa.
Por otra parte, las personas trabajadoras asalariadas de esos servicios públicos afectados por ese fanático recortismo presupuestario, extremista y brutal, desempeñarán su quehacer en inimaginables condiciones de precariedad, teniendo que enfrentar la furia y la presión de los sectores sociales desesperados que demandarán servicios sociales asistenciales, algunos de sobrevivencia mínima, que ya no podrán brindarse y/o que caerán en la más absoluta insuficiencia e ineficiencia.
Como si ello no fuera poco, estas personas asalariadas deben mentalizarse en cuanto a que, vulneradas groseramente con la inminencia de un proyecto de empleo público precarizador del mismo; tendrán que considerar que lo que sigue son despidos masivos, sus propios despidos, pues el paso siguiente en la agenda de estos fanáticos parlamentarios y de quienes los gobiernan desde afuera, es la privatización abierta, el cierre de instituciones y la clausura de programas.
Por ejemplo, dramático es el cuadro institucional para el 2021 en materia de Seguridad Ciudadana, en materia de atención de niñez en riesgo social y vulnerabilidad nutricional (CEN-CINAI); o en lo que hasta ahora era “intocable”: la Educación Pública, la cual empieza a ser vista como gasto en el sentido ortodoxo del recortismo extremista y fanático (caso de trabajadoras cocineras de los comedores escolares).
Como corolario de todo lo anterior, está la inminente decisión de Alvarado de pedir la “asistencia” del Fondo Monetario Internacional (FM), así señalado, de manera explícita, por el ministro de Hacienda, Elián Villegas Valverde; para quien los acuerdos de la mesa de la mesa del diálogo gobiernista son la base de la legitimidad social que tanto necesitaban para ir al detestado organismo financiero internacional.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
