Huele a cerveza podrida en el plenario Legislativo

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

“Siento vergüenza que hoy aquí una empresa haya hecho lobby suficiente para sacar la cerveza del proyecto. Daniel, tus propios compañeros te han traicionado y eso es vergonzoso y hay que decirle al país que hay empresas que tienen la fuerza suficiente para doblar a diputados y diputadas”

Esta histórica frase fue pronunciada en el seno del recinto más significativo, políticamente hablando, de la sede del parlamento de Costa Rica, el plenario; y se emitió en una sesión formal del denominado primer poder de la República, nuestra Asamblea Legislativa.

Quien dijo tan “memorables” palabras, las cuales muchos quisieran olvidar, ¡pero nosotros no!, fue el diputado Luis Ramón Carranza Cascante, integrante de la fracción parlamentaria del partido Acción Ciudadana (PAC). Él quiso destacar que todo el mercado de producción de la cerveza queda fuera de las intenciones del proyecto de Ley 20.961, Ley contra la adulteración y el contrabando de bebidas con contenido alcohólico; exclusión que habría sido producto de las presiones ejercidas por la empresa productora de las cervezas, la Florida Ice & Farm Co., entidad ésta del mega-corporativismo empresarial del país a la cual suele atribuírsele una enorme poder de incidencia en el seno de los y de las integrantes de lo que conocemos como la clase política tradicional.

Con dicha legislación, según sus defensores, el Ministerio de Hacienda podría contar con una herramienta de control fiscal más poderosa sobre lo que se conoce como la “trazabilidad” de bebidas alcohólicas; palabra “elegante” usada por los políticos para hablar de contrabando, puro y simple, descarado, de todo tipo de licores. Al respecto, el legislador Carranza Cascante comentó que, al sacar la cerveza de la aplicación de esa ley, ésta quedó convertida en un cascarón. En nuestro país, la cerveza se vende en cantidades sumamente superiores a las de cualquier otro licor.

El principal promotor del proyecto de ley es el diputado integrante de la también co-gobernante fracción parlamentaria liberacionista, don Daniel Ulate Valenciano, quien ya había formulado una denuncia similar a la de su colega Carranza Cascante.  Ulate Valenciano, en setiembre de 2019, indicó: “En los últimos días hemos sentido gran presencia y presión de lobistas de la Cervecería, a mí en lo personal me han presionado por todos los medios”. Así la consignó Diario Extra, en su edición del pasado viernes 20 de noviembre, página 2.

“…hay que decirle al país que hay empresas que tienen la fuerza suficiente para doblar a diputados y diputadas”:de manera ineludible, la ciudadanía honesta y patriótica de este país debe formular un vehemente emplazamiento al diputado Luis Ramón Carranza Cascante para que puntualice su pluralización, es decir, que hay más de una empresa tuerce-brazos. ¿Cuáles son?, ¿en qué circunstancias?, ¿con relación a cuáles proyectos de ley?; ¿a la del combo fiscal, 9635 y sus abusivas amnistías tributarias?… ¿Qué “recompensas” reciben los diputados y las diputadas a quienes se les torció los brazos?: ¿dinero en efectivo?, ¿depósitos en cuentas bancarias dentro del país o fuera de él?, ¿propiedades?…

Es un secreto a voces que siempre ha existido compra-venta de votos legislativos para impulsar o frenar iniciativas de ley que afecten o que puedan afectar grandes intereses económico-corporativos y mediático-ideológicos; lo grave de lo que venimos comentando, es que eso esté pasando en medio de las difíciles circunstancias socio-políticas y económicas que vive el país, con emisión de legislación de graves repercusiones para las generaciones futuras de costarricenses.  

Sinceramente, huele a cerveza podrida en el plenario legislativo costarricense. Son pocas las personas diputadas actuales sobre las cuales no hay sospecha alguna, desde una perspectiva de ciudadanía crítica, de que sus actuaciones son totalmente apegadas a su visión de mundo y con base en una sana inspiración por restaurar como eje central de toda política pública, el bien común y la integración sociales, con fuertes leyes que atajan y/o revierten el crecimiento de la desigualdad y de la exclusión económica.

La política sucia “tuerce-brazos” terminará pulverizando la endeble credibilidad de la gente en su institucionalidad democrática. Con la denuncia del diputado Luis Ramón Carranza Cascante podemos, cívicamente decretar, que la venta de conciencias legislativas ya no es un secreto a voces; que es una cruda y espeluznante realidad político-parlamentaria la cual se ha tornado más peligrosa en el actual período constitucional; sin considerar lo que es el nuevo secreto a voces: la penetración del dinero sucio producto de la ilegal actividad del crimen organizado y del narcotráfico en la política nacional (“por arriba”) y en el mismo tejido social (“por abajo”).

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