Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)
Las personas trabajadoras asalariadas estatales que conforman cada uno de los cuerpos policiales del país, no tienen responsabilidad alguna en el déficit fiscal.
Hablamos del personal de la Fuerza Pública; de las policías Penitenciaria, de Migración, Fiscal, Judicial, Tránsito, Aeroportuaria, de Control de Drogas, Guardacostas. Incluimos al personal guardaparques, verdadera policía ecológica del país. Absolutamente, ninguno de sus integrantes tiene responsabilidad alguna en esto del déficit fiscal.
Las personas trabajadoras asalariadas estatales que laboran para el estratégico programa de asistencia social para niñez en estado de vulnerabilidad, el CEN-CINAI, tampoco tienen responsabilidad alguna por el déficit fiscal.
Pensemos en el abnegado, sacrificado y comprometido personal de los programas de prevención que todavía están bajo el Ministerio de Salud, como quienes se encargan de combatir las plagas y las epidemias, trabajando directamente en campo abierto. ¿Cuál mente, relativamente razonable, puede concebir que sus bajos salarios sean, también, responsables del déficit fiscal? ¡En lo absoluto!
Quienes laboran para el sistema público de la educación pública costarricense (MEP): maestros y maestras, profesores y profesoras, siempre han sido pagadores puntuales de impuestos. Tampoco puede responsabilizárseles del déficit fiscal.
El personal administrativo-técnico, operativo y profesional de los diferentes ministerios y entes adscritos a los mismos, tampoco tiene responsabilidad alguna por el déficit fiscal.
Solamente los fanáticos-ideológicos anti-Estado pueden sostener la absurda posición de que las personas trabajadoras asalariadas de las municipalidades del país tienen responsabilidad por el déficit fiscal. ¿Se han puesto ustedes a pensar en un trabajador o una trabajadora que recolectan basura o que asean vías, como responsables de evasión fiscal? Ninguna de estas personas evade sus responsabilidades tributarias. Además, las municipalidades tienen recursos propios y no dependen de las finanzas del Gobierno Central.
Si hablamos del personal de exitosas empresas públicas costarricenses como el ICE, el INS, el AyA, por ejemplo, no tienen relación alguna con el déficit fiscal.
En cuanto a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la más emblemática institución del pueblo costarricense, imprescindible para la vida de las personas integrantes de las clases trabajadoras del país, ¿con qué base se puede sostener que el salario que devengan quienes laboran en ella, sean responsables del déficit fiscal?
Sin embargo, todas estas personas trabajadoras asalariadas del Estado que laboran para los citados sectores de la institucionalidad pública del país (más otros que no estamos mencionando, detalladamente), han sido víctimas de la más perversa y más injusta campaña de agresión ideológica y de terrorismo ideológico que jamás sufriera grupo social alguno en la historia moderna del país: el conglomerado social del empleo público costarricense.
Las causas del déficit fiscal están en otro lado, no en el lado de quienes son asalariados del Estado costarricense.
Esa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico, sistemáticamente impulsada en los últimos gobiernos, especialmente las dos gestiones gubernativas del Partido Acción Ciudadana (PAC), ha propiciado la emisión de tres perversas legislaciones anti-obreras que tienen como centralidad política, el ataque a mansalva a las personas asalariadas del empleo público.
Estas tres legislaciones, la del combo fiscal, la ley anti-huelgas y la que está todavía en trámite, la ley marco de empleo público, tienen un denominador común: la criminalización de las personas trabajadoras estatales, debilitar a las organizaciones que les representan y precarizar todavía los servicios públicos que brindan, reservando para la privatización los más exitosos y rentables.
Por el contrario, no se promueve legislación alguna para atacar las verdaderas causas del déficit fiscal. Esta legislación, mucha de la cual se encuentra puntualizada en el informe legislativo del período constitucional anterior (2014-2018), conocida como Los papeles de Panamá, está bloqueada-vetada por los poderosos grupos de poder económico que controlan la actual Asamblea Legislativa y el propio gobierno de Alvarado Quesada.
El déficit fiscal no se resolverá, jamás, ni por el lado salarial del empleo estatal, ni por el de más endeudamiento público. El ataque al empleo público es, profundamente, ideológico. Estando en estos momentos en una de las etapas más crudas de este ataque, anhelamos que, esas miles de personas trabajadoras estatales, decidan defenderse a sí mismas.
