La equivocada manera de ciertos sectores político-económicos y mediático-ideológicos de abordar la delicada situación de los salarios del sector Público, según varias publicaciones de prensa de los últimos días, ha generado gran indignación en los diversos conglomerados laborales del Estado.
La malintencionada y perversa estrategia de criminalizar a quien gana cerca del millón de colones, algo menos de esto o por encima de tal cantidad, ha propiciado mucho enojo y ha ofendido el honor de cientos y de cientos empleados públicos que se desempeñan con honestidad, con transparencia y con real vocación de servicio.
La organización que nos honramos en representar, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), lleva tiempo planteando que en la administración pública costarricense se generó una especie de “caos” salarial desde el mismo día en que entró a regir la actual Constitución Política del país, el 7 de noviembre de 1949, cuando se empezó a violar el mandato de la misma contenido en su artículo 191: “Un estatuto de Servicio Civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración”.
Vistas así las cosas, un problema de décadas no puede ser resuelto de la noche a la mañana; ni, mucho menos, en el marco de una injusta, desproporcionada, manipuladora, engañosa campaña mediática que, por ejemplo, con contenidos de agresión psicológica y terrorismo mediático, está atacando a mansalva el empleo público y a quienes se desempeñan en el mismo; escondiendo, por otra parte, el real propósito de quienes impulsan tal campaña, gente afín a los procesos de concentración de riqueza, evasión de impuestos, beneficiarios de exenciones y exoneraciones, ridículas e injustas rentas a sus excesivos capitales (como los de los banqueros); grupo de poder que no quieren ni el más mínimo cambio, por “light” que sea, en materia del injusto sistema tributario costarricense.
Adicionalmente a la ofensa, a la dignidad, al honor de miles de personas trabajadoras asalariadas del Sector Público, producto de este campaña cargada de insania; se suma el previsto desenlace negativo de la actual discusión salarial acerca de cuál será el monto del reajuste por costo de vida valedero para el segundo semestre de este año ya en curso; mismo que marca, prácticamente, la llegada de la etapa de congelamiento salarial para el Sector Público.
Nuevamente, reiteramos que el déficit fiscal no es producto del salario que devengan los empleados públicos: éstos pagan puntualmente sus impuestos. El de ventas, en la caja registradora al momento de la compra; el de renta al salario se rebaja de planilla, cuando corresponde aplicarla.
Ni el salario único, ni la eliminación de las anualidades, ni quitar el pago de la dedicación exclusiva, ni las prohibiciones de ley, ni los sobresueldos por riesgos (como los policiales), entre otros; resolverá el grave problema de las finanzas públicas el cual tiene otras causas que, reiteradamente, hemos denunciado.
Por el contrario, se deteriorará más la economía, se incrementará la agitación social y la confrontación producto de una profundización de la desigualdad y de la exclusión.
Otra cosa muy distinta es abordar, en un escenario civilizado y responsable de equidad y justicia salarial, tanto la cuestión del salario mínimo en el sector Privado, como las consecuencias a lo largo del tiempo de las desigualdades salariales a lo interno del sector Público, con sus excesos y abusos, que los hay.
Más grave aún, más ofensivo y repulsivo resulta, más agresivo al honor de miles de conciencias obreras limpias en el sector Público, es que se diga que “es plata botada” el 95 % de paga salarial, de dedicación exclusiva y de reconocimiento de anualidades”; que se diga que si se “quita todo esto, nada pasa”.
Este concepto de los voceros políticos diputadiles de la indicada campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra de los empleados públicos y de las empleadas públicas, está motivando mucho la manifestación del lunes 27 que promete ser de mucho impacto.
El problema de fondo no es el salario del empleo público: el problema de fondo es la cuestión tributaria; además de que para los propulsores de la infame campaña que venimos denunciando y cuestionando, se ha “tardado” mucho la apropiación privada de lo que queda de los mejores y más rentables activos del Estado.
