Manifiesto al país

Considerando:

1.
Que la abrumadora mayoría del pueblo costarricense ha expresado en distintos momentos y en variadas circunstancias y por múltiples formas, su rechazo rotundo a la filosofía neoliberal como sistema de desarrollo para nuestro querido país.

2.
Que el Gobierno del Presidente Pacheco de la Espriella se ha entregado, completamente, a dicha filosofía, dándole el manejo de la economía a esa única visión, impregnada de fundamentalismo fiscalista y obsesividad macroeconómica con abusivas restricciones del gasto y de la inversión publicas. Esto está desatando peligrosos conflictos sociales de grave riesgo para la paz social y la institucionalidad democrática de Costa Rica; además, ha venido deteriorando seriamente su credibilidad, por su constante actitud de deshonrar la firma puesta en compromisos que, precisamente, debían apuntar a la consolidación de la estabilidad social del país (ICE, Magisterio Nacional, Provincia de Limón, convenios con OIT, entre otros). Que en el caso del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), lo que está en juego es mucho más que una simple emisión de bonos; pues en realidad, lo que se está jugando es el “proyecto-país” que todos los costarricenses tenemos el derecho y el deber de construir.

3.
Que el equipo económico neoliberal del Presidente Pacheco de la Espriella, en realidad, busca crear las condiciones necesarias para la entrega total del patrimonio nacional con ocasión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC), con los Estados Unidos de América; promoviendo el ingreso de las gigantescas transnacionales de energía, telecomunicaciones, seguro, banca, salud, agricultura, entre otras.

4.
Que dicho equipo económico responde a intereses sectoriales que si bien ostentan un desmedido y gigantesco poderío económico y financiero, son minoritarios; propiciando así una abusiva concentración de la riqueza y extendiendo la pobreza abarcando a los sectores medios, mayoritarios en la sociedad costarricense.

5.
Que el sector más antidemocrático y totalitario de la cúpula empresarial costarricense se ha lanzado en una multimillonaria campaña publicitaria de ataque visceral y manipulador contra las fuerzas sociales, especialmente las del ICE, atizando la hoguera de la confrontación social.

Por tanto:

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), hace pública su decisión para una convocatoria a Huelga General Nacional, lanzando esta iniciativa para la consideración de las otras fuerzas del Movimiento Sindical Costarricense; así como a los diferentes sectores sociales de mujeres, de estudiantes, ecologistas, pastorales, campesinos, académicos, comunales y otros; de manera que, conjuntamente, definamos la fecha de arranque con la urgencia que amerita la gravedad de la situación social que enfrentamos.

La ANEP propone la unificación de agendas sectoriales en un pliego único de forma tal que en un solo frente social podamos demandar soluciones claras, contundentes, precisas y oportunas a:

1.
La situación del ICE.

2.
La normalización plena del pago salarial al Magisterio Nacional.

3.
La atención a las justas demandas de la comunidad limonense.

4.
La apertura a las negociaciones salariales de los sectores Privado y Público.

5.
Las obligaciones pendientes con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

6.
La apertura de un real espacio de discusión y participación plena en el proceso del TLC.

7.
La reversión del reglamento que flexibilizó las obligaciones tributarias para con el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), “regalando” miles de millones de colones a firmas privadas de bebidas de distinto tipo.

8.
El fortalecimiento urgente de la Administración Tributaria cumpliendo ya, sin más dilación y con pleno respeto al espíritu del legislador, de lo que ordenó la Ley de Contingencia Fiscal.

9.
Reversión profunda del proceso licitatorio que pretende entregar el INCOP a las transnacionales.

10.
Renuncia a la privatización de la cárcel de Pococí.

11.
Fortalecimiento presupuestario inmediato de los sistemas de preservación de las áreas protegidas del patrimonio ecológico nacional.

12.
Profunda rendición de cuentas por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con relación a sus obligaciones para el fortalecimiento del Régimen de Pensiones I.V.M, según se lo ordenó la Ley de Protección al Trabajador.

13.
Amplia revisión al sistema de concesión de obra pública con su respectiva rendición de cuentas.

14.
Una profunda auscultación e indagación sobre la composición de la deuda interna para determinar el grado de concentración de la misma; y por ende, el gigantesco negocio que representa, el proceso de concentración de la misma en reducidos grupos financieros del Sector Privado.

15.
Freno total a la abusiva contratación de consultorías en las entidades públicas, pasando a emplear, como corresponde, el calificado recurso humano, profesional y técnico, que existe en la Administración Pública; personal que a la fecha ha sido relegado, excluido, descalificado, discriminado y desmotivado.

Demandamos:

1.
Cambio drástico de la integración del equipo económico gubernamental.

2.
La conformación de un nuevo equipo con la inclusión de prestigiosos economistas comprometidos con los ideales de solidaridad, de justicia social, de equidad distributiva, de profundo contenido humanista y cristiano.

3.
La renuncia de la Ministra de la Presidencia, de Educación Pública y del Ministro de Hacienda, señora Rina Contreras, señora Astrid Fischel y señor Jorge Wálter Bolaños, respectivamente. En su lugar, deben designarse personas ajenas a los sectores económico-financieros de orientación neoliberal; personas que tenga mayor capacidad de entender el desafío nacional por una sociedad sin exclusiones, orientada al bien común.

4.
La apertura de una Mesa Nacional para la Solidaridad y por una Sociedad Inclusiva, con participación de las fuerzas sociales y productivas más representativas, pero que estén dispuestas a la construcción de una sociedad de paz, de equidad distributiva y de justicia social.

5.
Descartar todo tipo de acciones represivas, administrativas, legales y políticas contra los trabajadores y contra las trabajadoras en huelga, así como contra quienes se habrán de adherir a los nuevos movimientos por venir.

San José, 27 de mayo del 2003.

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