Evasión fiscal, es lo mismo que delincuentes no pagan impuestos. Le roban al país, a usted estimada y estimado lector. Se echan a la bolsa, o a los bancos, lo que no les pertenece; en 2010, ¢1.200 billones, solo en ventas y renta según el Ministerio de Hacienda.
El 5,8% del PIB… ¿Por qué no leemos nada en los medios de comunicación sobre los ladrones que evaden? ¿Cuántos estadios nacionales se construirían con el dinero que no pagan los pillos que se lo dejan?
¿Cuántos hospitales, carreteras, escuelas se han dejado de construir porque a esos corruptos, no los exhiben? ¿Por qué no existen megamociones que se encarguen de exigir a Hacienda y al Ministerio Público que persiga con toda la rigurosidad a esta mafia que usufructúa bienes que no le corresponden?
Las exoneraciones llegan al 5,7% del PIB según el ex viceministro Álvaro Ramos, representan más que el proyectado déficit fiscal que ronda el 5,1% y que atrajo a la modosita Moodys, con ella a otras “transparentes” calificadoras de riesgo, a advertirnos, (cuando no tuvieron la capacidad de advertir a EE.UU. del descalabro de 2008) sobre los riesgos de nuestra economía.
Por supuesto que debemos resolver el problema del déficit fiscal ¿pero, sacrificando a quién? ¡Obvio, a las instituciones públicas! En ese discurso populista, frenético, e inquisidor, revestido de técnico, que ejerce muy bien el del sombrero de ala corta, se justifica el recorte al PANI, a Educación (sin que alcancemos aún el 8% que señala la Constitución de la República que debemos entregar al MEP) a Salud, a Seguridad, al MICIT, al OIJ, a la Defensa Pública… ¿Nos hemos detenido a leer la megamoción, o estamos hablando de oídas?
Las voces oficiosas que claman a la OMC, en materia de fijación del precio del arroz, no se escuchan cuando se trata de exoneraciones a zonas francas. La OMC ha sido clara que esos beneficios fiscales, “alteran” la competencia.
La excusa de inseguridad jurídica, desempleo de miles de trabajadores si pagan impuestos, no es de recibo. Los empleados de las zonas francas preocupan a los “analistas”, pero, ¿los empleados del sector público?, ¡que se vayan a la calle, para recortar gasto, y bajar déficit! ¿Y, la seguridad jurídica de los trabajadores del sector público?
El adagio popular que lo que “es bueno para el ganso, es bueno para la gansa”, no aplica. Mientras a CINDE se le presupuestan ¢1.000 millones, que nos gustaría saber cómo se gastan, ¿viajes, viáticos, salarios, galletas, aguadulce?… Se recorta el presupuesto de comedores escolares, infraestructura escolar, capacitación. ¡Claro, es más popular, arranca más aplausos, más fotos, minutos tv, atacar al sector público!…
Este adagio sí se cumple: “el que tiene más galillo, traga más pinol”.
Los impolutos ven para otra parte, no resulta simpático cuestionar la aberrante evasión, las exoneraciones…
Tenemos una crisis, que no se resuelve dividiendo al país entre “malos y buenos”.
