Nos queda ahora plantear el aspecto sociolaboral de las municipalidades en ese escenario de amenazante futuro.
Apostamos por una conjunción de esfuerzos multidiversos entre los cuatro componentes esenciales de un gobierno local: el concejo, la alcaldía, el sindicato y la comunidad; con una finalidad estratégica de, también, 4 objetivos: 1) paz laboral y trabajo decente: 2) sostenibilidad financiera y férreo combate a la corrupción; 3) máxima eficiencia y eficacia del servicio con total transparencia; y 4) gran satisfacción comunal con militante y vigilante papel de la gente.
El anterior planteamiento ofrece un riquísimo desarrollo argumental que expondrá, articulada y razonadamente, la visión sindical de mediano plazo para un nuevo desarrollo de la Democracia expresado en el poder político-civil de los gobiernos locales. Entregas posteriores nos permitirán adentrarnos en esos tópicos.
En la presente ocasión, el tema de la paz laboral y el trabajo decente está dando un giro espectacular, con la consolidación del instrumento Convención Colectiva de Trabajo (CCT), amurallado ahora con piedra y hormigón, con la vinculatoriedad obligante para el país de la observancia estricta de la Opinión Consultiva OC 27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), precisamente sobre la Negociación Colectiva, amén de los temas de Libertad Sindical y Huelga.
Podemos ahora, por ejemplo, incluir en la CCT una escala salarial y un manual de puestos que vaya en congruencia con la capacidad financiero-presupuestario del respectivo gobierno local; sin arriesgarla por la alocada, irresponsable y aventurera tesis del salario global, defendida a rajatabla por los extremistas neoliberales que controlan la cosa fiscal del país.
Asegurar un modelo salarial justo y racional, sin aventurerismos de repartición disparatada de remuneraciones; es vital ante la no menos aventurada decisión fiscalista del Gobierno Central de tirarle a las municipalidades, sin la debida dotación de recursos financieros sanos y estables, servicios públicos que ya no puede prestar por su situación fiscal de quiebra técnica.
Por eso creemos que el frente sociolaboral interno de las municipalidades debe ser asegurado mediante una CCT, suscrita en el marco de la constitucionalidad jurisprudencial del país fortalecida por las ordenanzas de la Corte IDH en la materia.
Siempre hemos creído que nuestra decadente Democracia puede salvarse con (entre otros elementos), el fortalecimiento de los gobiernos locales.
Pero ese conjuro tóxico del salario global mezclado con la carga de la prestación de nuevos servicios públicos sin financiamiento extra y sano, expone a no pocas municipalidades a situaciones de quiebra técnica tal y como ya lo notamos a nivel del Estado central.
