Hoy queremos llamar la atención de las autoridades políticas de los gobiernos locales de nuestro país, las municipalidades, con relacion a lo que estimamos podría ser un amenazante futuro, especialmente en lo que tiene que ver con su estabilidad financiera.
Le hablamos por esta vía a los señores alcaldes, a las señoras alcaldesas, así como a las personas integrantes de los correspondientes concejos, ya sea como regidores y como regidoras, en propiedad o en suplencia; e, igualmente, a quienes ocupan las sindicaturas.
Con especial énfasis, es nuestro interés que nos ponga atención la población trabajadora municipal y sus correspondientes liderazgos sindicales y profesionales; haciendo especial énfasis en los liderazgos comunales de distinto orden.
Entremos de lleno en materia expresando, previamente, un agradecimiento por la atención que se nos brinde.
Nuestra clase gobernante, tanto la del poder formal como la del poder real, a la altura de este primer cuarto de siglo, nos está dejando ver con claridad que solamente tiene una gran prioridad político-estratégica, con dos caras: por una parte, desarrollar y profundizar el negocio de la deuda pública y su escandaloso pago diario de intereses, a razón de 7 mil millones de colones al día, con lo cual se fortalece la matriz hegemónica-ideológica que domina toda nuestra política: el capital bancario-financiero.
Por otra, seguir avanzando en el desmontaje de lo que conocemos como Estado Social de Derecho, impulsando recortes presupuestarios irreflexivos, irresponsables e irracionales; deteriorando servicios y programas de política pública destinados, otrora, al bienestar de las mayorías; y, continuar en el proceso sostenido que impulsan para la apropiación de las mejores y más rentables empresas estatales que todavía quedan en pie. En este caso, estamos en presencia del actual ataque artero para el robo-privatizador del modelo eléctrico nacional, histórico y exitoso, gestionado por el ICE.
Nos queremos centrar, de seguido, en lo siguiente: con esa altísima carga de deuda pública y de pago de intereses; más los brutales recortes presupuestarios en diversos ámbitos de la otrora sobresaliente política social del país que, prácticamente, podemos afirmar estar en presencia de un Estado central en quiebra técnica, misma que se va a agudizar hasta ser dolorosamente explícita.
Con base en ese escenario es que estamos notando la peligrosa tendencia política de los últimos años, potenciada por todos los partidos políticos responsables del desastre fiscal, de “trasladarle” a las municipalidades esos servicios públicos en estado de pre-quiebra; estrategia diseñada desde que se impulsó la ley de traslado de competencias hasta llegar al más reciente proyecto de ley en trámite para que los gobiernos locales definan, sin pasar por la Asamblea Legislativa, su propia estructura tributaria.
Han venido “preparando” a las municipalidades para que asuman el mantenimiento de la red vial nacional, las carreteras nacionales, obligándoles a asumir tramos de las mismas que pasan por sus respectivos territorios; las están “exhortando” (por no decir obligando), a que “adopten” una delegación de la Fuerza Pública en el radio de acción de sus comunidades; nada extraño será que en el corto plazo les delegan la policía de tránsito aunque ya hay policía municipal que hace partes en varios gobiernos locales. La construcción y el mantenimiento de infraestructura educativa está en proceso para endosárselas, desde el MEP, a los gobiernos locales.
En futuro no muy lejano, podrían ser obligados los gobiernos locales a asumir atención primaria en salud, servicios de atención a la niñez, de educación primaria y secundaria; de guardianas de áreas protegidas y de parques nacionales, etc. Pero, ¿y la plata para todo ello? ¡No se habla nada! En la segunda parte de este comentario, hablaremos de los aspectos sociolaborales y sociales.
