Por Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP
A pocos meses de las elecciones municipales de febrero del año entrante, 2020, la preocupación político-laboral que expresamos con relación al futuro de la institucionalidad del régimen municipal costarricense, es enorme.
Desde la promulgación de la actual Constitución Política de Costa Rica, el 7 de noviembre de 1949, la autonomía que la misma le otorgó al régimen municipal, no había sido tan groseramente violentada, como ocurrió recientemente, con la aprobación de la ley denominada Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635, de amplio repudio y resistencia popular.
Estamos pensando que cada persona que se va a postular para lograr alcanzar cada una de las 82 alcaldías y cada uno de los puestos de igual número de concejos municipales, estará animada de nobles propósitos; y que es la buena fe, la que le motiva en aras del bienestar de quienes serán sus propios electorales y luego sus representados.
Que el Ministerio de Hacienda esté, ya, dictando-imponiendo pautas en cuanto a política de gasto y de inversión para las municipalidades, invocando esa ley 9635, nos parece un adefesio jurídico y un atentado a la concepción democrática de los gobiernos locales; los cuales, por su dinámica de estar más cerca de las necesidades de la ciudadanía, no compatibilizarán su quehacer con los lineamientos de dicha cartera ministerial; lineamientos que, es mejor decir, saldrán de la propia Casa Presidencial.
Diversos especialistas en Derecho Constitucional, cuya opinión acertada hemos consultado, están consternados por el cercenamiento, la amputación, la violación que se cometió en la actual Asamblea Legislativa, en diciembre pasado, en contra de la autonomía constitucional del régimen municipal, cuando se votó el indicado proyecto de ley conocido por el pueblo como combo fiscal.
Se considera que, en estricto apego a la aplicación de un régimen de derecho transparente, correspondía primero discutir si esa autonomía constitucional del régimen municipal debía, valga el concepto, desconstitucionalizarse; para luego si y si ello se lograba, imponerles a las municipalidades políticas fiscales propias de una concepción macroeconómica, muy ideológica, centrada en la obtención de resultados cuantitativos, más no logros de orden social para el desarrollo integral de las personas, especialmente las más vulnerables sociológica y económicamente hablando.
Como ya es de amplio conocimiento público, esta correcta apreciación estuvo en la mente de cada una de las actuales personas regidoras de los diferentes municipios del país, cuando tres cuartas partes de los mismos se pronunciaron contra dicha legislación, en su momento. De nada valió.
En la Costa Rica de ahora, la acción gubernativa fundamental está inspirada en valores nada afines a la democracia y sí proclives al autoritarismo; especialmente aquel fundado en la ignorancia, el clientelismo electoral de corto plazo y el ventajismo oportunista de sesgo personal.
Muchos pensamos en que las municipalidades, dado su carácter de gobierno de más cercanía a la ciudadanía y más allá de sus dificultades y desaciertos; están destinadas a incrementar su papel en el plano local-comunal, al acrecentarse la desigualdad social y la exclusión económica; perverso camino que está muy potenciado desde la hegemonía gubernamental dominante, la que se ve y la que no se ve.
En tal sentido, son muchas las personas que, ya repuestas de la conmoción político-social que les generó la abrupta aprobación-imposición legislativa de la ley 9635; hoy con más claridad del grave golpe sufrido a la Democracia en materia de la autonomía municipal, se aprestan a nuevas acciones de lucha cívica para la recuperación plena de la misma.
Desde la corriente sindical en la cual desplegamos nuestro accionar todos los días, y como garantes de la estabilidad socioeconómica y laboral de una abrumadora mayoría del personal municipal del país; impulsamos nuestro aporte para que sea la Constitución la que vuelva a normar la vida institucional municipal; y no, el autoritarismo de un Estado central que se viene delineando con contenidos ideológicos radicalmente distintos a los principios y valores de la Carta Magna de 1949.
El personal que actualmente labora en los municipios del país, en enorme mayoría, ya se ha concientizado acerca de la herencia que les fue depositada por, al menos, dos generaciones de costarricenses nacidas luego de la promulgación de la Constitución Política de 1949.
Este personal, sus propias familias y su conglomerado social ciudadano de mayor cercanía en cada municipio, constituye un fuerte soporte para la actual lucha, ya en desarrollo, a fin de que vuelvan los municipios a ser gobiernos locales; no dependencias políticas del Estado central y capturados por un tipo de gestión presidencial de corte autoritario que es la que está desarrollándose en este momento. Con enorme esperanza y con gran civismo.
