Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Hemos venido sosteniendo la tesis de que en nuestro país está en desarrollo la instauración de un sistema de corte autoritario-totalitario en el ejercicio del poder político-gubernativo, marcado con especial énfasis a partir de la aprobación, más bien, imposición, de la detestada Ley de la República No. 9635, mal llamada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, popularmente conocida como combo fiscal.
Somos del criterio de que tal legislación, a un año de la férrea lucha social ejercida por los sindicatos en su contra, muestra todas sus carencias, su inefectividad, sus injusticias; y, lo que es más grave, sus roces y violaciones constitucionales.
En este último ámbito, el de haber atentado contra los principales postulados de la Constitución Política de 1949, que resalta la creciente reacción observada en las últimas semanas por parte de autoridades institucionales municipales, las cuales se han manifestado en contra de tal legislación por haber esta violentado la Carta Magna en cuanto a la autonomía constitucional del régimen municipal.
Nos sentimos muy satisfechos de que nuestro insistente clamor de denuncia al respecto (iniciado desde el mismo momento en que se dio cuenta pública de los alcances de la tramitación parlamentaria de tan nefasta iniciativa), ya tiene enorme eco.
Ha sido provechoso nuestro transitar por una importante cantidad de concejos municipales, a lo largo y ancho del país, pues suman ya varias acciones de inconstitucionalidad interpuestas en favor de que retorne la soberanía de los gobiernos locales a sus legítimas autoridades electas popularmente: alcaldías y concejos.
Como bien sabemos, la lógica política dominante de quienes se inspiran en el neoliberalismo para el disciplinamiento de la sociedad, según su visión totalitaria de la esta, es la imposición. Efectivamente, los neoliberales no negocian, ¡imponen!
Eso fue lo que pasó con la autonomía constitucional del régimen municipal, cercenada por la ley 9635, cuando lo que correspondía era haber procedido a eliminarla siguiendo los procedimientos de modificación constitucional, establecidos por la misma carta magna; si lo pretendido era someter a los gobiernos locales a los ajustes fiscalistas de la tecnocracia político-neoliberal, hoy en control abierto y descarado más que nunca antes de las políticas económicas del país.
Por eso hay que festejar que la municipalidad más grande del país, la de San José, por intermediación de su actual alcaldía, haya acudido a la sede constitucional para la devolución al sistema municipal de la autonomía autoritariamente cercenada por la detestada legislación 9635.
Al mismo tiempo, justo es destacar que fue la de Alajuela la que inició la cadena en desarrollo de municipalidades insumisas que están tocando las puertas de la Sala Cuarta, en abierta rebeldía a las imposiciones del Ministerio de Hacienda de convertir a los 82 gobiernos locales del país en corresponsalías de una política fiscal destinada a perjudicar a las grandes mayorías del país; beneficiando a los sectores financiero-bancarios y a quienes ganan con el déficit fiscal y con los intereses del pago de la exorbitante deuda pública del país.
La lista de las municipalidades insumisas rebeladas contra la inconstitucional Ley 9635 incluye a las de Goicoechea, Tilarán, Buenos Aires, Esparza, Zarcero, Aserrí, Santa Bárbara, Garabito, Paraíso, Santo Domingo, dato que aún no estaba actualizado al momento de escribir este artículo.
Adicionalmente, el clamor por la democracia lesionada y vulnerada en cuanto a la autonomía de las municipalidades con respecto al Gobierno Central y al pretendido totalitarismo fiscalista hacendario está en el mismo seno del Parlamento, con dos iniciativas de ley.
Una de ellas, impulsada con gran apoyo obrero de la familia laboral costarricense: el expediente legislativo No. 21.430, precisamente denominado Ley para el Fortalecimiento de la Autonomía Constitucional del Régimen Municipal.
El otro expediente legislativo en la misma línea es el 21.949, salido del seno de la fracción parlamentaria liberacionista (como si fuera la expresión de una especie de “mea culpa” por haber cohonestado esta el ataque más mortífero de toda la historia del régimen municipal costarricense, efectuado al aprobarse la ley del combo fiscal); proyecto de ley para que las municipalidades y los concejos de distritos queden fuera del ámbito de la aplicación de la regla fiscal contenida en esa ley 9635.
A las puertas de las elecciones municipales de febrero entrante, al menos, ambas iniciativas de ley (ojalá fundidas en una sola), deberían estar aprobadas por la actual Asamblea Legislativa; retornándose de esta forma la soberanía gubernativa de las municipalidades a fin de que estas, en un escenario social de alta polarización y de desigualdad, pudieran asumir nuevos retos y desafíos de integración social.
La municipalidad es el Gobierno más cercano a la gente. En momentos en que la ciudadanía ha llegado a niveles insólitos de hartazgo con relación a su clase política tradicional, los gobiernos locales parecen destinados a devolver la confianza, en el propio seno de la comunidad, en la efectividad de la acción gubernativa de sus alcaldes y concejales, lo cual resulta imprescindible para salvar a la Democracia misma. ¡Enhorabuena por las municipalidades insumisas!
*Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
