La próxima negociación para el ajuste salarial al sector público pondrá a prueba la estrecha relación que hasta ahora se ha hecho evidente entre la administración Solís Rivera y una parte del sector sindical.
Los sindicatos desde ya empiezan a lanzar señales de que podrían pasar varios días antes de que salga humo blanco de la mesa de diálogo.
El pulso podría ser incluso más duro que el de la última sesión, cuando el tema inflacionario trabó las conversaciones.
El próximo 15 de enero se tiene previsto que arranque el proceso, mediante el que se establecería el incremento salarial para el sector público, correspondiente al primer semestre del año.
No existe confirmación por parte del Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Trabajo de que se vaya a ofrecer un monto inferior a la inflación, pero el último cálculo representa una mala señal.
De ser así, el escenario estaría servido para el conflicto. En este momento, hay 300 mil empleados públicos entre instituciones autónomas, semiautónomas y descentralizadas, que esperan un aumento, que compense al menos el costo de la vida.
Para nadie es un secreto que a días del inicio de las negociaciones, un sindicato capaz de movilizar a las masas, calificó el ajuste salarial como una situación “controversial”.
Desde el inicio del presente gobierno, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se ha mostrado sigilosa eligiendo a dedo sus batallas, pero en este tema, el norte es claro.
Los compromisos asumidos por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional en materia económica para la ANEP representan una amenaza.
Otro de los puntos álgidos es si se pretende definir el monto sobre el salario total y no el base, porque para los sindicatos no será aceptable.
La fecha establecida para entablar las conversaciones tampoco ayudaría al ambiente de las conversaciones.
Los sindicatos sienten que existe una campaña orquestada por los medios de comunicación para culpar a la estructura salarial de los empleados públicos del déficit fiscal y el colapso de las finanzas públicas.
De hecho, la ANEP tiene preparada una propuesta denominada “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y una reactivación del empleo público”, que será presentada al gobierno, aprovechando la coyuntura.
La forma en que se tramitó el Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para 2015 y el movimiento de las distintas fuerzas políticas en el seno legislativo es otra señal negativa.
Por ahora no existe una cifra oficial del ajuste que sería solicitado por los sindicatos, pero se sabe que el tope sería un 5%.
El último incremento representó ¢4 mil más por cada ¢100 mil para los trabajadores en general, y un 5,14% para las personas con salarios iguales o inferiores al mínimo de Ley.
No obstante, los representantes de los sindicatos no bajan la guardia en cuanto a la necesidad de un cambio en la política salarial. Uno de los puntos es que contemple la inflación proyectada a seis meses.
