Por Mainor Anchía
Dirigente ANEP
Lamentablemente la violencia e inseguridad siguen en aumento, con ello, vemos un incremento en los homicidios perpetrados en contra de mujeres (femicidios), algunas de ellas, turistas que visitaron nuestro país creyendo que podrían disfrutar de nuestra belleza natural con seguridad y tranquilidad.
Es evidente, que las marchas, los protocolos y las medidas de protección, no surten ningún efecto. En mi opinión, la débil política migratoria, la errónea política carcelaria (liberación de delincuentes) y la carencia de políticas públicas, dan como resultado un Estado fallido.
En relación con la inseguridad ciudadana, he reiterado la necesidad de contar con una política criminal. Se define la política criminal como el conjunto sistemático de principios en los que se inspira la actuación del Estado para organizar la lucha contra la criminalidad. Este sistema debe considerar varios aspectos, no solamente la parte de prevención del delito que compete a los cuerpos policiales; sino también, la justicia social, la equidad, las oportunidades. Dicho de otra manera, una política criminal, se debe acompañar de políticas públicas.
Al mismo tiempo que seguimos careciendo de una política de Estado efectiva, la violencia sigue en aumento, apoyada primordialmente por la falta de oportunidades, circunstancia que es aprovechada por la incursión del narcotráfico. Paradójicamente, el Poder Ejecutivo viene impulsando el desarme, o sea, que las personas se vean imposibilitadas de ejercer su derecho de defensa, ante acciones delictivas.
Los factores son variados, la deserción escolar, el debilitamiento del poder disciplinario de los padres, la falta de oportunidades, la exposición de modelos negativos (narco novelas, video juegos), suman para que tengamos un país más violento. Ante este panorama, urgen acciones tangibles y menos mediáticas.
A partir del año 2012, se da un incremento en la inseguridad ciudadana y, por ende, en la violencia en nuestro país ¿Cuáles acciones tangibles se han implementado? En criterio del suscrito, ninguna. Las distintas administraciones se dieron a la tarea de vender “humo”, se siguen inflando números (manipulación de estadísticas), se sigue haciendo lo mismo, por lo cual, los resultados nunca serán diferentes.
A lo anterior, debemos abonar lo siguiente: La desigualdad, la falta de pertenencia, la pérdida de valores, las cada vez más frecuentes manifestaciones de desfachatez en los distintos modos de corrupción, en los tres Poderes de la República; las grandes diferencias dentro de muy pequeños espacios de territorio, potencian cada vez más la acción delictiva y el arraigo del crimen organizado, en detrimento de la paz social y de la seguridad ciudadana.
Costa Rica es un país inseguro, datos oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), indican que, en un periodo de 11 meses, se registraron 16.598 robos, hurtos o asaltos en San José, en promedio 52 casos al día. En materia de homicidios, la tendencia es la misma de los últimos cuatro años, en el caso de los femicidios, muy lamentablemente, la cifra sigue en aumento y a la fecha (05 de diciembre) se contabilizan 23 femicidios, muy cerca de los 26 casos con los cuales cerró el año 2017.
Así las cosas, al mismo tiempo que celebramos los 70 años de la abolición del ejército, debemos revisar el modelo de seguridad que tenemos, y la seguridad que podemos ofrecer a las personas extranjeras que consideran a nuestro país como destino turístico, por cuanto, además de dolorosa la manera en que mujeres vienen siendo ultrajadas y asesinadas, es una vergüenza, que no seamos capaces de reaccionar.
Lic. Mainor Anchía Angulo
Dirigente de ANEP.
