16 de Septiembre, 2013
Estimados Ministros de Comercio:
Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, en nombre de cientos de millones de nuestros miembros en todo el mundo, les escribimos para expresarles nuestra firme oposición a las negociaciones por un acuerdo plurilateral de gran alcance sobre el Comercio Internacional de Servicios (TISA, por su sigla en inglés).
- A aquellos países llamados “Auténticos Buenos Amigos de los Servicios” (RGF) que están participando en las negociaciones –Australia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, México, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Paquistán, Perú, Corea del Sur, Suiza, Taiwán, Turquía, Estados Unidos y los 28Estados miembro de la Unión Europea, les solicitamos que las abandonen.
- A aquellos países que no están participando, les solicitamos que expresen su rechazo enérgico a las negociaciones y que prometan nunca sumarse a ningún posible TISA futuro.
Las negociaciones del TISA siguen en buena medida la estrategia empresarial de utilizar los acuerdos “comerciales” para atar a los países a un programa de liberalización y desregulación extrema con el propósito de garantizar mayores ganancias a las empresas a expensas de los trabajadores, los agricultores, los consumidores y el medioambiente. El acuerdo que se propone es el resultado directo del trabajo sistemático de incidencia de las empresas transnacionales delos sectores bancario, energético, de seguros, telecomunicaciones, transporte, agua y otros servicios, a través de grupos de presión y cabildeo como la Coalición de Industrias de Servicios de Estados Unidos (USCSI, por su sigla en inglés) y el Foro Europeo de Servicios (ESF, por su sigla en inglés). A pesar de las varias crisis financieras, económicas, sociales y ambientales, las normas de servicios propuestas para el TISA replican y amplían de gran manera las mismas normas que “disciplinan” las medidas gubernamentales y limitan el espacio político para la regulación, consagradas en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y lo tratados de libre comercio (TLC) que tanto contribuyeron a esas crisis.
Una regulación y supervisión enérgica de los servicios públicos y privados es fundamental para la democracia, el interés público y el desarrollo, así como para el funcionamiento ordenado del mercado de servicios. Tememos que todos estos valores y metas se vean seriamente socavados por el TISA que se propone.
La democracia es vulnerada cuando la toma de decisiones sobre sectores importantes de la economía – como los servicios financieros (entre ellos el sector bancario, las transacciones de títulos y valores, la contabilidad, los seguros, etc.), de energía, educación, salud, comercio al por menor, transporte de cargas, telecomunicaciones, servicios jurídicos, transporte y turismo- se transfieren de manos de la ciudadanía, las juntas de control local y la jurisdicción estadual-provincial a manos de los negociadores “comerciales” que no rinden cuentas y que son claramente proclives a restringir las regulaciones y darles prioridad a las ganancias empresariales.
La desregulación del sector financiero y el capital, alentada en parte a través de las normas del AGCS y los TLC de la era de los años 1990, trajo como consecuencia la reciente crisis financiera mundial y la consiguiente ola de recesiones en todo el mundo. El sufrimiento continuado de millones de personas debido a las medidas de austeridad y el desempleo nos recuerda que la re-regulación del sector financiero es esencial para reconstruir la estabilidad e impedir crisis económicas y financieras futuras.
Denunciamos la intención de los RFG de comprometer nuevos sectores de servicios a normas desregulatorias tipo AGCS (por ejemplo, en el Art. XVI sobre Acceso al mercado o el Art. VI sobre Reglamentación nacional) mientras que las legislaturas se encaminan hacia la re-regulación. También rechazamos todos los planes para adoptar nuevas restricciones transectoriales sobre licencias, normas técnicas y otras reglamentaciones nacionales (incluso reglamentaciones que afectan a las empresas nacionales y extranjeras por igual) que restringirían aún más que las reglas vigentes del AGCS y los TLC el derecho de los gobiernos y los parlamentos a regular.
Condenamos con firmeza la secrecía de las negociaciones del TISA, que limitan o impiden el acceso de la ciudadanía, los parlamentarios, sindicatos, agencias de regulación, usuarios de servicios y otras partes interesadas a quienes están estableciendo los mandatos de negociación, así como a los documentos de negociación y a las negociaciones propiamente dichas, mientras que la empresas definen la agenda y tienen fácil acceso a los documentos de negociación. Insistimos que en negociaciones como las del TISA que se propone es imprescindible que se publiquen los textos de negociación y se invite habitualmente a las agencias de regulación, los proveedores y usuarios de servicios públicos, parlamentarios, funcionarios estaduales y locales y a las organizaciones de la sociedad civil a aportar sus puntos de vista. Los parlamentos y legislaturas tienen que ser quienes establezcan las condiciones vinculantes para tales negociaciones, que no deben cobrar vigencia sin la aprobación plena y el voto de los funcionarios electos.
El TISA que se propone es un ataque al interés públicopuesto que no garantiza que las inversión extranjera en el sector de los servicios promueva efectivamentefines públicos y economías sustentables.Nos preocupa en especial que los servicios esenciales como la salud y los seguros, el abastecimiento de agua y energía, la distribución postal, educación, transporte público, saneamiento y otros se deterioren aún más si se los entrega a manos de empresas privadas y extranjeras que sólo están motivadas por el afán de lucro y que los harán disponibles solamente para quienes pueden pagar las tarifas comerciales. Por lo tanto, tales servicios esenciales—incluso los prestados por empresas mixtas público-privadas, que compiten con proveedores privados o que cobran una tasa— no debenser objeto de ninguna negociación de comercio tras puertas cerradasy sin rendirle cuentas a nadie, como es el caso del TISA.
Denunciamos la intención de promover en el marco del TISA la liberalización del llamado movimiento temporal de las personas naturales, que en realidad son trabajadores migrantes, sin garantizar la protección jurídica de sus derechos humanos y laborales. La movilidad de los trabajadores no es competencia de los acuerdos comerciales y tiene que tratarse como parte del marco normativo tripartita de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El TISA que se propone también representa una amenaza para los países que no están participando. La Unión Europea y Estados Unidos han dejado en claro que su intención es “multilateralizar” las negociaciones. Hay que estar alertas contra la determinación de la UE y Estados Unidos de establecer el programa del TISA de hiper-desregulación y privatizacióncomo “norma” mundial y luego presionar a los otros países a sumarse, en especial los países que pidan adhesión a la OMC. Además, no es exagerado pensar que una vez que se concluyael TISA, los países firmantes puedan intentar actuar como bloque en las negociaciones de servicios (AGCS) dentro de la OMC, presionando a otros países a que cumplan con el nivel de liberalización y desregulación del TISA, contradiciendo así las directrices de negociación sobre servicios que los miembros de la OMC acordaron por consenso. Denunciamos por otra parte el TISA como una iniciativa para avanzar en el logro de las metas que se proponen las empresas de servicios de los países desarrollados al mismo tiempo que éstos abandonan los compromisos asumidos en la OMC y su Agenda de Doha para el Desarrollo en el sentido de encarar y resolver las inquietudes de los países en desarrollo, tales como solucionar las asimetrías existentes y las normas injustas en materia agrícola.
El mundo todavía está recuperándose de la mayor crisis económica mundial de casi un siglo, facilitada por la desregulación extrema de la industria de servicios financieros. Es evidente la necesidad de una estricta supervisión pública de los servicios para garantizar que el interés público tenga prioridad por sobre las ganancias privadas. Rechazamos el TISA que llevaría a nuestros países en la dirección completamente equivocada.
Firman,
ACP Civil Society Forum
Africa Europe Faith And Justice Network (AEFJN)
Alianza Social Continental (ASC)
y 342 organizaciones más.
