Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Debemos condenar la torpe y malintencionada decisión tomada por el Gobierno de Alvarado y su ministro del MOPT de aplicar un abusivo recorte presupuestario del aporte estatal para la construcción de caminos, calles y vías vecinales, que promueven y ejecutan las municipalidades del país.
Se trata de un recorte abusivo contra el desarrollo local, por una parte. Por otra, vaticina dolorosos despidos de personal obrero, técnico y profesional, agravando más la situación de caos social en que han sumido al país esas políticas macroeconómico-fiscales de sesgo dogmático y extremista que continúan profundizando la polarización en el seno de la comunidad nacional; políticas perversamente intensificadas en el marco de la tragedia de salud de la pandemia.
El recorte de 41.500 millones de colones pudo ser evitado, si no mediase una posición tan fanática y extremista en quienes hegemonizan las políticas del Ministerio de Hacienda, por un lado; por otro, se pudo haber obtenido esa cantidad tan solo quitándole un poquito a las impresionantes sumas multimillonarias en infraestructura que se vienen invirtiendo y que, por cierto, aumentan descomunalmente las fortunas del oligopolio de las constructoras cuyo peso político en el actual gobierno es, también, descomunal.
Por otra parte, nos preguntamos: ¿habrá algún cobro de factura ideológico, encubierto, por la reciente legislación que sacó a las municipalidades de la regla fiscal y que tanto molestó a los extremistas del déficit bien afincados en una cartera ministerial como la de Hacienda?
Hacemos un llamado a las más conscientes autoridades políticas de las municipalidades para que cuestionen en sede constitucional la decisión abusiva de la Dirección de Planeamiento y Programación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Desde un punto de vista formal-institucional no puede, en nuestro criterio, un departamento de segundo nivel irse contra la majestad de una ley de la República y, mucho menos, agrediendo de paso la autonomía constitucional de las municipalidades.
Debe la población trabajadora municipal que gestiona el desarrollo de caminos, calles y vías vecinales, con base en los recursos que el Estado central debe estar obligado a proveer a las municipalidades por imperativo legal, tomar medidas para organizarse y para que defiendan la continuidad del significativo programa de la Red Vial Cantonal; así como para que defiendan sus propios empleos y el sustento económico familiar. Y aún en tiempos de pandemia, la organización para la movilización inteligente es perfectamente posible.
Los desafíos inauditos que en materia de desarrollo económico y de exclusión que nos están explotando en la cara producto del coronavirus Covid-19 muestran a las claras el reto mayúsculo de la sociedad costarricense en los tiempos por venir, con pandemia o sin ella; reto gigante centrado en la potenciación del papel de las municipalidades en cuanto a atajar el crecimiento de las desigualdades y, por ende, en darle nuevos bríos a una maltrecha democracia que muestra un agotamiento peligroso.
Este recorte en cuanto a los aportes del Estado central para la red vial cantonal deben asumirse como una muestra de desprecio de quienes están tomando decisiones macroeconómicas ya no solamente en función de una coyuntura fiscal radicalmente adversa a la integración social que las municipalidades nunca generaron; sino que el empleo (dentro y fuera de las mismas) es un asunto irrelevante para las autoridades políticas fiscalistas, pues parece ser que la integración social no cuenta ya más en las políticas públicas imperantes en estos momentos que, como lo hemos indicado múltiples veces, no son las del bien común.
Hoy queremos hacer una instancia pública a las entidades que conjuntan los esfuerzos de la institucionalidad de las municipalidades con la finalidad de establecer una mesa de trabajo en la cual, la parte política y la parte obrera promovamos un ejercicio de reflexión conjunta en torno a un objetivo que, creemos, es de amplio consenso: el fortalecimiento municipal ante estos tres grandes retos: a) la recuperación nacional para la post-pandemia; b) la sostenibilidad presupuestaria de los gobiernos locales en el corto-mediano plazo de cara a una crisis fiscal y de endeudamiento público que parece colapsar a la sociedad; c) fortalecimiento de la democracia en el nivel local considerando que es la municipalidad el gobierno más cercano a la gente. Ojalá podamos juntarnos al respecto.
