Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP
Los niveles de explotación laboral en Costa Rica son alarmantes. No solamente se pueden constatar con informes internos, sino que, más grave, el asunto fue de conocimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hace apenas un año.
Por ejemplo, el inspector internacional que nos visitó como experto de Naciones Unidas en lo que tiene que ver con lo que denominan formas de esclavitud moderna, indicó en su informe final “…que el trabajo forzoso persiste en varios sectores productivos del país, como la agricultura y el trabajo doméstico. Como ejemplo citó que, en muchas plantaciones, los salarios de las personas trabajadoras se basan en unidades de producción. Si bien los empleadores generalmente no establecen un objetivo diario mínimo, esto alienta los trabajadores a trabajar largas horas, que pueden extenderse entre 12 y 15 por día”.
Dicho experto de la ONU, de nacionalidad japonesa, en su informe final, también, consignó lo siguiente: “Una cuestión conexa es la inspección del trabajo. Un gran número de interlocutores señaló que la inspección del trabajo en Costa Rica es ineficaz, burocrática y carece de transparencia, particularmente en la economía informal. Además de los limitados recursos humanos y financieros, el Relator Especial se enteró de que las multas impuestas no son lo suficientemente elevadas como para disuadir a los empleadores. También hay casos de colusión en los que se informa a los empleadores de la inspección con antelación para que puedan prepararse para la inspección y ocultar las malas prácticas. Por ejemplo, a los trabajadores se les da un día libre o se les envía a lugares remotos el día de la inspección para que no puedan proporcionar sus historias, y esto parece ser una práctica común. Además de la agricultura, la inspección en otros sectores, como el trabajo doméstico, la construcción, el transporte, la manufactura, el comercio y los servicios, sigue siendo insuficiente”.
Vistas así las cosas, resulta indignante la circunstancia de que en la Asamblea Legislativa se decidiera archivar un proyecto de ley destinado, precisamente, al fortalecimiento de la Inspección Laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); legislación que habría ido en la línea de las recomendaciones del señor de las Naciones Unidas, Tomoya Obokata, en su condición de Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud.
Y fue tan contundente en su informe conclusivo que señaló, de manera explícita, al proyecto de ley ahora archivado por las diputaciones pro-gran capital o “asalariadas” de él identificadas con su ideología: “money, money, money”.
El señor Obokata no se anduvo por las ramas para solicitar esto: “Mejorar la inspección del trabajo asignando recursos humanos y financieros suficientes y otorgando poderes adicionales, como la imposición de sanciones in situ, adoptando el Proyecto de Ley 21.706 para el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inspección Laboral, e involucrar a los sindicatos u otros terceros en la inspección del trabajo para aumentar la transparencia”.
Aunque hubo diputaciones sensibles al tema, la realidad política que emerge es que estamos de cara a un nuevo ataque parlamentario contra la clase trabajadora. Calificadas instancias y respetados espacios internacionales serán receptores de nuestras denuncias en próximas fechas.
