Este jueves 13 de febrero una gran cantidad de organizaciones sociales acudimos al llamado del grupo de campaña del PAC para mantener una reunión con el señor Luis Guillermo Solís, candidato a la presidencia. Sindicatos como la ANEP, la Rerum Novarum, SINAE, cooperativas como CoopeAgri, CoopeTarrazú, CoopeAlianza, CoopeSantos y organizaciones como UPIAV y Upa Nacional se hicieron presentes con una serie de propuestas, y muchas preguntas, para una de las dos posibles personas que ocuparán la silla presidencial a partir del 8 de mayo entrante.

Los ejes temáticos propuestos por el Grupo de las 10 Medidas fueron: energía, Caja Costarricense del Seguro Social, fomento productivo, trabajo y empleo decente, y por último la reforma fiscal como eje transversal. En este caso la presentación de estas temáticas estuvieron a cargo de nuestro compañero Mauricio Castro, asesor legal de la ANEP, y del señor Víctor Hugo Morales, de CONGES y diputado electo de la nación.

Don Luis Guillermo explicó el por qué del llamado a reunirse con nuestras organizaciones, como una de sus responsabilidades primeras dado el carácter que le quiere dar a su campaña política y a un posible Gobierno suyo. Recordó al inicio de sus palabras que de alguna manera formó parte de la agenda participativa de este conglomerado, ya que aportó su trabajo para la creación del documento CRISOL, hace ya algunos años.

También comentó como les es pertinente para el PAC generar consensos e integrar a los grupos de trabajo temáticos a las organizaciones sociales, en un trabajo en paralelo a la campaña electoral.

“Necesitamos mucho trabajo, trabajo decente, pero mucho trabajo. Para eso necesitamos tranquilidad para los inversionistas, condiciones adecuadas para los productores y necesitamos sobretodo decencia en el Gobierno”. Con estas palabras el señor Solís habla de la visión que tiene de crear consensos con todos los sectores, para crear un cambio aunque sea pequeño, para mejorar la visión de la “política” en las personas.

En el encuentro se le formularon una gran cantidad de preguntas a don Luis Guillermo, todas con visiones heterogéneas de los principales problemas que enfrenta el país, cuestionamientos tan amplios como la representación que estaba en la cita. Generación eléctrica, estado del Agro, el funcionamiento del INDER, qué hacer con la Junta Directiva de la Caja, diálogo social, qué solucionar vía Asamblea Legislativa y qué hacer vía decreto. Uno de los temas más importantes para la ANEP es el de la Reforma Procesal Laboral, ante lo cual se le planteó al señor Solís que lo mejor que podía hacer él era eliminar el veto una vez tome la presidencia, a lo cual respondió:

“Creemos que tiene sentido las modificaciones que se plantearon desde el sector empresarial para darle viabilidad, hay que ver como se resuelve en la nueva legislatura. El levantamiento del veto no es descabellado, habida cuenta de los consensos, pero debería de darse en un entendimiento político con las organizaciones empresariales”.

“Estoy completamente decepcionado con la respuesta del señor Solís, esperábamos una posición más definida, no tan ambivalente como lo que mostró” dijo nuestro Secretario General, Albino Vargas Barrantes.

En ANEP entendemos que el proceso político que está viviendo el PAC hace que como partido no se pueda comprometer, por lo menos eso es lo que demuestran en ciertos temas “calientes”, por así decirlo, y en su posición con las organizaciones sociales. No sabemos cual es el discurso que maneja en sus reuniones con otros sectores. Tenemos que darle el beneficio de la duda de que es igual en todas las situaciones. Pero necesitamos, nos es urgente saber, que el señor Luis Guillermo Solís, y el grupo que le acompaña, comparten y defienden, más allá del discurso, la visión de una Costa Rica más inclusiva y solidaria.

A continuación les presentamos el documento que se le entregó al PAC con los puntos a defender.

MANOS A LA OBRA:
h1. HACIA UNA COSTA RICA INCLUSIVA Y SOLIDARIA

¿QUIÉNES SOMOS?

Este documento forma parte de un proceso social de construcción colectiva que arrancó hace más de diez años, conjuntando esfuerzos, principios y visiones de una gran diversidad de organizaciones y personas. Desde ese punto de vista, este proceso social ha producido diferentes propuestas que fueron presentadas a la comunidad nacional, incluyendo “Costa Rica: Hacia la Tercera República frente a los desafíos nacionales del siglo XXI” (2003); “Aportes para una nueva Cota Rica Inclusiva y Solidaria (propuesta CRISOL)” (2005); “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva” (2009); y “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja” (2012).

Hoy continuamos ese esfuerzo un grupo importante de organizaciones productivas y sociales diversas que reconociendo estos procesos, hemos decidido pronunciarnos mediante un planteamiento concreto de cara al próximo proceso electoral.

Suscribimos inicialmente este nuevo esfuerzo:

UPANACIONAL – Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios
UPIAV – Unión de Productores Independientes de Actividades Varias
COOPEAGRI – Cooperativa Agrícola, Industrial y de Servicios Múltiples El General
COOPETARRAZÚ – Cooperativa de Caficultores de Tarrazú
COOPESANTOS R.L. – Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos
COOPEALIANZA – Cooperativa de Ahorro y Crédito y Servicios Múltiples Alianza de R.L.
CONGES – Consorcio de Organizaciones No Gubernamentales y Empresas de la Economía Social
FENTRAG – Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines
FIT-ICE – Frente Interno de Trabajadores y Trabajadoras del ICE
CTRN – Confederación de Trabajadores Rerum Novarum
CSJMP – Central Social Juanito Mora Porras
SINAE – Sindicato Nacional de Enfermería
SITRAPEQUIA – Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines
ANEP – Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados

NUESTRA PREOCUPACIÓN FUNDAMENTAL

Compartimos múltiples preocupaciones y múltiples sueños. De éstos, el sueño fundamental es, sin duda alguna, el de una Costa Rica inclusiva y solidaria, capaz de retomar el camino de la igualación social y económica de sus habitantes. Las brechas se han profundizado y se expresan despiadadamente en los diferentes ámbitos de la sociedad: en la exclusión social, en el sector productivo, en el ámbito laboral, en la discriminación de colectivos diversos, en la degradación ecológica, en el sistema educativo, el tributario, energético, del transporte, en la infraestructura y en los conflictos de interés de la CCSS, entre muchos otros ámbitos.

Creemos que para este y otros procesos de articulación social que se han venido construyendo desde hace más de una década, existe hoy una ventana de oportunidad que, bien aprovechada, permitiría dar un verdadero golpe de timón que nos enrumbe hacia esa Costa Rica inclusiva y solidaria que todos y todas añoramos.

EJES TEMÁTICOS PARA INICIAR UNA POLÍTICA BASADA EN EL DIÁLOGO SOCIAL

Nuestro país, la sociedad en su conjunto y el nuevo gobierno enfrentan múltiples y enormes desafíos que debemos abordar sin dilación. Dentro de ellos, y sin excluir otros también fundamentales, tenemos especial interés en lograr acuerdos sobre los siguientes ejes temáticos, que nos ayuden a enmarcar la ruta a transitar en los próximos años.

a) ENERGIA. Debemos garantizar la soberanía energética nacional, fortaleciendo al ICE, a RECOPE, así como al sector cooperativo, permitiéndoles la realización de inversiones estratégicas y la generación de energías alternativas. En ese marco debemos promover el desarrollo y la expansión de una industria nacional de biocombustibles que contribuya a la seguridad y eficiencia energética, la mitigación del cambio climático, la conservación del ambiente, la reactivación del sector agrícola, generación de empleo y el crecimiento y desarrollo local.

b) CCSS. Hemos señalado que la raíz de los problemas actuales de la Caja se encuentra en conflictos entre el interés público e intereses particulares. Resolver las listas de espera, cumplir cabalmente la jornada de trabajo, abrir segundos y terceros turnos, disminuir en lo posible las jornadas extraordinarias (guardias y disponibilidades); y, en general, ordenar la Caja, exige abordar y eliminar estos conflictos de intereses, creando los incentivos correctos para promover más y mejor servicio público. Durante los primeros 100 días de un nuevo gobierno debería iniciarse un proceso de cambio institucional que priorice la eliminación de las listas de esperas, tanto en citas con especialistas, exámenes de diagnóstico y cirugías.

Este proceso de cambio requiere de una alternancia en la conducción política y gerencial de la institución. (Si la alternancia es buena para el país, lo es también para la Caja.). Para ello se propone, en el primer mes:

i. Designar una presidencia ejecutiva con probidad e independencia demostrada de intereses privados, gremiales y político-partidarios. Esta persona no debería ser funcionaria de la institución de manera que pueda llevar a cabo su gestión desprovista de cálculos ulteriores.
ii. Renovar a todas las personas que integran la Junta Directiva bajo criterios de probidad, compromiso con los principios de la seguridad social, e idoneidad. Es de particular importancia que se trate de personas conocedoras pero ajenas a los distintos conflictos de interés que actualmente afectan el desempeño institucional.
iii. Remover de manera inmediata a gerentes/as con procesos abiertos ante el Ministerio Público; a gerentes/as o directores/as institucionales que han estado en sus cargos más de un período; y en un lapso de 18 meses a los/as restantes directores institucionales. Todos los puestos serán reemplazados mediante concurso público, abierto y transparente, diseñado en un proceso gradual.
iv. Conformar un equipo de apoyo a la presidencia ejecutiva nombrado a término, dedicado durante un plazo de 24 meses al impulso del proceso de cambio, en particular a sumar a la enorme mayoría del personal de la Caja, comprometido con la seguridad social. Se trataría de un equipo de 3-4 personas con fortalezas en las materias de servicios de salud, financiera y de gestión pública.
v. Impulsar gradualmente el establecimiento de la prohibición del ejercicio privado de la profesión como característica del puesto (distinto a la dedicación exclusiva como opción del trabajador) en algunas categorías de profesionales en ciencias médicas, tales como los sub-especialistas, al menos para el nuevo personal que contrate la Caja.

c) FOMENTO PRODUCTIVO. Tal y como desde la propuesta CRISOL habíamos señalado, “ante un negativo proceso de exclusión social y productiva, concentración de la riqueza, aumento de la pobreza e informalización y precarización del empleo, nuestro objetivo fundamental desde el punto de vista productivo y económico es el crecimiento económico sustentable con una justa distribución de la riqueza.” Para ello, en la actual coyuntura debemos iniciar una ruta para atender dos elementos fundamentales:

i. Recuperación de la función socio-productiva del sistema financiero: proponemos el direccionamiento del sistema financiero hacia el sector productivo nacional en su conjunto y sin exclusiones, tanto las dirigidas al mercado externo como las dirigidas al mercado interno. Dicho direccionamiento debe partir de las particularidades de diversos sectores de la economía, incluyendo la flexibilización de indicadores y la regulación financiera diferenciada; así como el establecimiento de requisitos de desempeño social, ambiental y productivo.
ii. Para tal efecto se requiere abrir un debate nacional sobre supervisión y regulación especializada para las entidades de desarrollo y del sector financiero de la economía social que permita a dichas organizaciones tener mayores impactos en la democratización económica, la inclusión social y el desarrollo económico local.
iii. El sistema de Banca para el Desarrollo debe apoyarse en las empresas solidarias de economías social.
iv. Permitir que el Sistema de Banca para el Desarrollo pueda acceder a recursos adicionales con Garantía del Estado, para que tenga los fondos suficientes para poder prestarle a los pequeños productores, en condiciones adecuadas y justas con las actividades productivas.
v. Permitir que el Sistema de Banca para el Desarrollo pueda prestar de forma directa los recursos del peaje bancario en condiciones justas.
vi. Fortalecer los avales para que puedan también garantizar carteras de crédito de todos los bancos, para generar mayor acceso e inclusión de los pequeños productores agropecuarios.
vii. Abrir agencias del Sistema de Banca para el Desarrollo en las comunidades para tener acceso a crédito oportuno y en condiciones justas cuando no haya una organización que pueda hacerlo.
viii. Flexibilidad administrativa. En el caso de las Juntas Rurales de Crédito, se contemplaba un ingeniero agrónomo atendiéndolas. En el caso del Sistema de Banca para el Desarrollo, debe tener la flexibilidad de contratar el personal técnico que se necesite para atender de forma eficiente y oportuna a los productores.
ix. Presupuesto Óptimo: El Sistema de Banca para el Desarrollo necesita un presupuesto adecuado para cubrir las necesidades operativas de este modelo de acceso a financiamiento y acompañamiento para el pequeño productor.
x. Garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria y el empleo agropecuario: proponemos la reactivación de un sector importante de la economía y garantía de provisión de alimentos básicos mediante la estabilidad de precios, el fomento productivo y la comercialización a la pequeña producción agrícola y pecuaria productora de alimentos.

d) TRABAJO Y EMPLEO DECENTE. El 21 de mayo del 2012 en el Consejo Superior de Trabajo (CST), la UCCAEP junto con el Gobierno y los sindicatos, suscribió el Plan de Trabajo Decente que plantea explícitamente el acuerdo de impulsar la aprobación del texto negociado de la Reforma Procesal Laboral. El Plan de Trabajo Decente es un compromiso internacional asumido frente a la OIT por todos los países del mundo, que indica los compromisos esenciales que cada país asume frente a la OIT. La propia Presidenta Chinchilla presentó personalmente al director de la OIT en junio del año 2012 este plan asumiendo un compromiso nacional al respecto de aprobación de la Reforma Procesal Laboral

El último informe del Estado de La Nación señala que “Solo un 38,8% de los trabajadores asalariados en Costa Rica disfruta de todos los derechos laborales establecidos por ley, mientras que un 6,5% no tiene acceso a ninguno. Los grupos de menores ingresos y aquellos que reciben salarios por debajo del mínimo son también los más susceptibles al incumplimiento de sus derechos. La segmentación del mercado de trabajo afecta, con distintas intensidades, a la mayor parte de la fuerza laboral.”

Ante esa constatación la observancia de la hoja de ruta planteada en el Plan de Trabajo Decente es central para la transformación de miles de personas que sufren frente a esta realidad laboral. Por tal razón es fundamental:

i. Retirar el veto presidencial y proceder a firmar el ejecútese al decreto legislativo 9076, ley de reforma procesal laboral, enviando a la Asamblea Legislativa las reformas que sean necesarias para cumplir con los acuerdos alcanzados entre empresarios, sindicatos y partidos políticos.
ii. Convertir el Plan de Trabajo Decente acordado tripartitamente y asumido como compromiso internacional ante la OIT, la hoja de ruta básica de trabajo en el ámbito de la las relaciones laborales.

e) REFORMA FISCAL: EL EJE TRANSVERSAL. Cada vez somos más los que hemos planteado la necesidad de una reforma fiscal ante la gravedad en el estado de las finanzas públicas y la imposibilidad de atender diversas políticas públicas por falta de recursos. Diversas organizaciones han planteado reiteradamente la necesidad de una reforma fiscal progresiva. Recientemente fue presentada la propuesta sindical Hacia una Reforma Fiscal para el Desarrollo y la Reactivación del Empleo con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert. Este esfuerzo se suma al trabajo que culminó con la aprobación de la Ley de Contingencia Fiscal durante la administración Pacheco, fruto de un proceso sostenido de diálogo social.

i. Es por ello que creemos que en este ámbito no partimos de cero, y esos antecedentes y propuestas, entre otras, deben ser parte de un proceso dirigido a construir los acuerdos sociales y políticos que permitan lograr una reforma fiscal progresiva que permita el impulso y mejoramiento de las políticas públicas que requerimos para alcanzar una Costa Rica inclusiva y solidaria.
ii. Sin duda alguna la justicia salarial de los sectores más rezagados en la administración pública representa un desafío para nuestro país. Es por ello que creemos que un futuro Gobierno debe asumir dentro de sus proyectos prioritarios un proyecto de ley que logre el denominado “desenganche” de los salarios de los profesionales en ciencias médicas de los salarios de otras categorías salariales.

DIALOGO SOCIAL: EL NUEVO METODO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA

Nuestro país exige que la definición, construcción y ejecución de la política pública no solo sea transparente, sino que sea producto de un profundo diálogo social. Es por eso que creemos firmemente que, tanto antes como después de las próximas elecciones nacionales, el diálogo social debe ser el método de trabajo por excelencia.

Como hemos dicho en el pasado, esta propuesta forma parte de un largo camino hacia una nueva Costa Rica, una Costa Rica inclusiva y solidaria. Es un primer paso; un intento primordial de articulación social, que ojalá aporte hacia un gran acuerdo nacional tan necesario a partir de aspiraciones compartidas. Como todo proyecto en construcción, requerirá de múltiples elaboraciones posteriores y de precisiones mayores. Esa tarea no puede ser postergada. Pero más allá de lo que venga, está lo que ya tenemos: la firme convicción de que Costa Rica y sus gentes valen la pena y que no hay esfuerzo demasiado grande, ni jornada demasiado larga, ni motivo demasiado complejo que impida dar la mejor batalla posible por ayudar a rescatarlas.

San José, jueves 13 de febrero de 2014.