1. Rechazamos, de manera tajante y expresamos el más absoluto repudio a una nueva edición de la perversa política de pactos en la sombra, por medio de la cual el sistema político del bipartidismo tradicional, conocido en el pueblo como “PLUSC”, pretende garantizarse el mayor control institucional posible; ante el indetenible proceso de descrédito que sufre frente a la conciencia crítica de cada vez más sectores ciudadanos.
2. Es inaceptable desde el punto de vista de las mínimas normas de ética política y decencia en la gestión pública, que el PLUSC haya decidido repartirse para sí, el control de dos de las instituciones que todavía gozan de importante credibilidad ciudadana, como lo son la Defensoría de los Habitantes de la República y la Contraloría General de la República.
3. El PLUSC, entregado completamente a la ideología neoliberal del libre mercado; convertido en una asociación de negocios en la cual empresarios-políticos y políticos-empresarios ansían, por medio del TLC, ingresar de manera definitiva a los jugosos mercados de las telecomunicaciones, la energía, los seguros, la salud y el agua; con reacción endeble y cómplice ante los más vergonzosos escándalos de corrupción pública jamás vistos en la historia nacional; pretende ahora asegurarse su “propio” Contralor y su “propio” Defensor.
4. Las condiciones políticas y sociales del país expresan un clima confrontativo de alta intensidad; razón de más para pensar, con responsabilidad y con patriotismo, en las personas que habrán de ocupar esos estratégicos cargos. Deben ser personas de una gran capacidad convocante, que exhiban un pasado político de correcta transparencia, y que puedan certificar una trayectoria de absoluta independencia, con respecto de las viciadas y perniciosas prácticas de ejercicio de poder a cargo del PLUSC.
5. Las personas honestas y honradas que aún pertenecen y que pusieron su nombre a discutir en estas estratégicas designaciones; no deberían legitimar este tipo de componenda; al menos, para bien de la transparencia del proceso, deberían renunciar de inmediato a pertenecer a esos partidos, si pretenden que les creamos que no entregarán ambas entidades al control total del PLUSC.
6. Es en este marco de situación que, por ejemplo no podemos aceptar, como un gesto transparente y bien intencionado, las aspiraciones del actual Diputado Federico Vargas Ulloa, actual Jefe de la Fracción Parlamentaria del PUSC. No solamente está en una evidente posición ventajosa con relación a otros postulantes al cargo de Defensor de los Habitantes de la República; sino que, por sus directas vinculaciones con la máxima cúpula de ese partido, es evidente que no puede rehuir responsabilidades en cuanto al deterioro de la institucionalidad pública costarricense, luego de que el PUSC renegara de su filosofía socialcristiana para pasarse al neoliberalismo.
7. Por otra parte, el Exministro de Hacienda en el Gobierno del José María Figueres Olsen, el Dr. Fernando Herrero Acosta, aspirante al cargo de Contralor General de la República; debe bastantes explicaciones pues no se puede negar su responsabilidad directa en el escenario confrontativo de enorme impacto en esa época, con ocasión de la Huelga Magisterial. Además, los cierres del Banco Anglo Costarricense y del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), son situaciones de incumbencia directa en el desarrollo de su gestión al frente del Ministerio de Hacienda; reveladoras de una concepción social del desarrollo que no es la mayoritaria en la conciencia nacional. Además e indudablemente que al tener la “bendición” del Expresidente Oscar Arias Sánchez, se pone en duda una actitud de independencia en las aspiraciones por alcanzar el alto cargo contralor.
8. La Contraloría y la Defensoría no pueden ser conducidas bajo concepciones neoliberales bajo ninguna circunstancia; ni con remedos de una supuesta tecnocracia “neutral” que tan sólo le hace el juego. Ambas entidades necesitan figuras altamente comprometidas con el rescate de nuestro Estado Social de Derecho, con la revitalización de los principios constitucionales que le dan sustento al mismo; con la más absoluta energía para frenar, radicalmente, la orgiástica fiesta de los negocios privados con los servicios públicos.
9. Tienen sobrada razón quienes, desde el mismo parlamento, han denunciado ya que la Contraloría es para el PLN y la Defensoría para el PUSC. Esto no debe ser permitido. Esto es perversión malsana de un concepto de gestión pública al servicio ciudadano. Es más, si el PLUSC insiste en repartirse estos honrosos cargos, se lanzará una provocación más que justificada para ir allanando los caminos hacia salidas que algunos creen que ya no son institucionales.
10. Hacemos un llamado respetuoso a aquellos honorables diputados y a aquellas honorables diputadas que todavía tienen reserva moral y patriótica para no permitir este vulgar reparto institucional que pretende el PLUSC de dos entidades que debemos, hoy más que nunca, salvaguardar para beneficio del decoro institucional y para la preservación del interés público.
11. No se debe prostituir la elección de las personas que han de dirigir a la Contraloría General de la República y a la Defensoría de los Habitantes de la República. Hay que emplear todos los mecanismos institucionales disponibles para que el PLUSC no se salga con la suya.
12. Hacemos un llamado vehemente a todas las organizaciones sociales para que exijan un Contralor para la Ciudadanía, una Defensoría para la Ciudadanía. Ya hemos experimentado lo que es un tener un contralor al servicio de la alianza de negocios del PLUSC. Alterra pasó. RITEVE pasó. La cogeneración eléctrica privada pasó. El asunto de las comisiones pasó. Los viciados carteles de licitación de Puerto Caldera pasaron. Tan sólo son éstos unos pocos casos de situaciones hoy en gran polémica que, sencillamente, pasaron por el ente contralor.
13. Dichosamente, en la Defensoría, las personas que la han tenido a cargo, han logrado mantenerla con decoro, con independencia, con seriedad y con propiedad. Esto debe continuar así y profundizarse para bien de la gente.
Queremos una contraloría al servicio del bien común,
no para el plusc.
Queremos que la defensoría siga siendo de la gente,
no que pase a manos del plusc.
Basta ya de tanto atropello a la institucionalidad democrática
sana que todavía nos queda la delicada situación política del país así lo exige.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
ANEP
Fabio Chaves Castro
Presidente
ASDEICE
San José, 6 de abril de 2005.
