El gobierno panameño lanzó un violento operativo policial para desalojar a los indígenas que rechazan la minería y una hidroeléctrica en su comunidad. Hay un muerto confirmado y crece la resistencia en las calles para repudiar el proyecto de ley.
La comunidad indígena Ngäbe Buglé, apoyada por más de 50 organizaciones panameñas, comenzó el 31 de enero un bloqueo en la Vía Interamericana para exigir que se prohíba la construcción de hidroeléctricas y la explotación de minas en su comarca. La respuesta del gobierno del derechista Ricardo Martinelli fue pegar el faltazo a la reunión de negociación acordada entre el Ejecutivo y la comunidad y luego ordenar el operativo policial que desalojó salvajemente a los manifestantes, con el resultado de la muerte de Jerónimo Rodríguez Tugri y decena de heridos de bala.
Perdigones, balas y gases lacrimógenos. La policía comenzó a reprimir el último sábado ingresando dentro de las comunidades y amedrentando a la población, avanzando en los cortes que se llevaban adelante en el oeste de Panamá, el bloqueo de la Vía Interamericana y la localidad de Sixaola, que une Panamá con Costa Rica.
Con el corte de luz y de agua en las zonas donde se desarrollaron las protestas más fuertes y con la orden de dejar incomunicadas las zonas donde se producían los bloqueos, los efectivos policiales avanzaron sobre los cortes para desalojar a los indígenas.
En estos momentos, cientos de manifestantes se reorganizan en distintos puntos y en algunos lugares continúan los bloqueos. El próximo miércoles las organizaciones confluirán en una movilización convocada por el sindicato de la construcción SUNTRACS, que denunció en las últimas horas el arresto de 33 trabajadores y convocó a rechazar el avance sobre la comunidad indígena. “Es claro que este gobierno no ha entendido que el país no le pertenece“, dijo Saúl Méndez, líder de SUNTRACS.
Dirigentes de la comunidad Ngäbe Buglé denunciaron que el gobierno ordenó cortar las comunicaciones y la luz, por lo que en la mayoría de las zonas donde se mantienen las protestas los manifestantes se encuentran incomunicados y a oscuras. En las últimas horas se conoció una grabación de una ejecutiva de la empresa “_Más Móvil_”, afirmando que cumplía órdenes de las autoridades para suspender las comunicaciones. El Gobierno aseguró que mantendrán la medida.
El conflicto tiene como eje central la minería y la instalación de una hidroeléctrica en territorio de la comunidad indígena. El gobierno presentó un proyecto de ley que se encuentra en estos momentos en debate en el Congreso y establece un régimen especial para la protección de recursos naturales en la Comarca. La iniciativa de ley había sido discutida con representantes de la comunidad, pero al ser presentada en el Parlamento se eliminó un artículo que prohibía la explotación minera y la posibilidad de construir una hidroeléctrica, por lo cual los indígenas exigen que se garantice en la ley las garantías la prohibición de estas actividades. De hecho, dentro del territorio indígena se encuentra el Cerro Colorado, considerado uno de los yacimientos de cobre más grandes de América Latina, que la comunidad busca preservar.
Al iniciarse el conflicto, los principales partidos de Panamá exigieron que se retire el proyecto para avanzar en el diálogo con la comunidad indígena pero la respuesta fue la represión. El sábado, quinto día de bloqueos y protestas, el gobierno panameño aceptó sentarse a negociar, con el intermedio de la Iglesia. Sin embargo los funcionarios no aparecieron y se desató la represión. El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, justificó el operativo policial por una presunta toma de rehenes y descartó que la Policía Nacional estuviera armada. Sin embargo la comunidad desmintió haber tomado rehenes y en las últimas horas del sábado se conoció la muerte del joven de 26 años.
Mulino fue calificado como mentiroso por dirigentes sociales, sindicales y miembros de la Iglesia que rechazaron su afirmación de que la Policía no tenía armas. “Para que no salgamos a defender a los trabajadores y los grupos indígenas, la Policía tendrá que matarnos a todos“, aseguró el dirigente del SUNTRACS.
Ayer por la tarde, funcionarios del Gobierno dieron una conferencia de prensa para deslindar a la Policía de la responsabilidad por la muerte de Jerónimo Rodríguez Tugri y justificar la decisión de mantener incomunicados a los habitantes que están en la zona del conflicto. Mientras tanto, en los puntos de bloqueo la Policía continúa reprimiendo y hay más de cuarenta detenidos. Al cierre de esta edición, un hombre era trasladado al hospital de David en grave estado y se multiplicaban las protestas en distintos puntos del país para rechazar el accionar del gobierno frente al reclamo indígena.
Fuente: http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/6858-panam%C3%A1-miner%C3%ADa-o-muerte.html
