Un paro de labores, de 8 a 10 de la mañana de este lunes 19 de junio, protagonizaron trabajadores y trabajadoras de la Junta de Protección Social de San José (JPSSJ), molestos por una eventual decisión de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda; contraria que en tal institución se aplique el incremento salarial, ajuste técnico a los salarios mínimos de ley, que lograron con su histórica huelga general el año pasado, los trabajadores y las trabajadoras del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A).
Estamos hablando del famoso porcentaje del 9.81 % dispuesto por el anterior Gobierno de la República, para ser aplicado en aquellas instituciones pertenecientes al sistema de valoración salarial de la Dirección General de Servicio Civil, así como también a entidades adscritas al mismo.
Pese a que la Junta de Protección Social de San José no está en ninguna de las anteriores dos categorías, por Decreto Ejecutivo No. 28663-MTSS, de la Administración Rodríguez Echeverría, publicado en La Gaceta No. 103 del 30 de mayo de 2000, se permite este tipo de reajustes salariales.
Veamos:
Artículo 1. Se debe reconocer a los servidores de la Junta de Protección Social de San José, el pago por ajuste técnico, que se decretó por la Comisión Negociadora de Salarios y el Poder Ejecutivo, a partir del año 1998 y cada vez que se apruebe este extremo para los servidores del Sector Central”.
La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, después de seis años de vigencia de tal decreto ejecutivo, ahora decidió que habría que “analizarlo” jurídicamente, lo cual es percibido por el personal de la mencionada institución como la antesala de la improbación del pago del 9.81 % en la Junta de Protección Social de San José (JPSSJ) que ya había hecho las previsiones presupuestarias de rigor.
En el fondo de todo este asunto está la gran preocupación de la clase trabajadora asalariada por el sistemático proceso de empobrecimiento a que está siendo sometida en los últimos gobiernos, dadas las continuadas políticas neoliberales de restricción salarial; políticas que ya empiezan a ser revalidas por el recién iniciado gobierno, a juzgar por las pretensiones de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda en el caso que nos ocupa.
