Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)
Debemos cerrarle el paso a las peligrosas y extremistas posiciones legislativas, así como a sus soportes externos (especialmente, los de carácter mediático), en materia de los recortes presupuestarios que se están planteando en estos momentos en la actual Asamblea Legislativa; cuando, sin ton ni son, se manejan, “a lo loco”, cifras antojadizas cambiantes, minuto a minuto, tocando ámbitos sensibles de la política pública como la Salud, la Educación, la Seguridad y la Cultura.
No se trata de hacer defensa del actual gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC), pues bien conocidas son nuestras posiciones político-sindicales con relación a la gestión que encabeza Alvarado Quesada, al frente del Poder Ejecutivo.
Se trata de llamar a la sensatez, a la racionalidad y a la prudencia, dado que los recortes presupuestarios extremistas que se están planteando, afectarán tanto a las personas asalariadas prestadoras de los servicios públicos que serán duramente afectadas, como a quienes son receptoras de los mismos.
Esta es la parte más peligrosa del drama del fundamentalismo recortista: agravará más la situación socioeconómica de compatriotas y de personas extranjeras que conviven con nosotros, ya de por sí deteriorada tanto por el desempleo y la informalidad, como por la precariedad salarial, la calidad de sus viviendas, la delincuencia, la problemática de la convivencia intrafamiliar que la pobreza conlleva, entre otras calamidades.
Bien ha hecho el señor diputado don José María Villalta Flórez-Estrada, reclamando de manera airada lo que está sucediendo en esto de los recortes presupuestarios de corte fundamentalista, propios del extremismo neoliberal que ya ha contaminado, de manera lamentable, esferas institucionales del sistema democrático, imprescindibles para una convivencia civilizada, sana y en paz. Es más, el indicado legislador ha dicho sentirse “estafado”, al darle su confianza al Gobierno y su fracción parlamentaria cuando, al parecer, le habrían indicado que no serían compartidos por el oficialismo tales recortes presupuestarios.
Recortar en programas sociales significa, prácticamente, caer en la perversa esfera de la violación de Derechos Humanos fundamentales, algo inaceptable desde cualquier punto de vista. Las personas diputadas que están abanderando estos extremismos recortistas deberían visitar un centro de cuido del programa CEN-CINAI, por ejemplo. Estamos seguros que ni siquiera por enfrente de uno han pasado.
¿Cómo se puede concebir recorte presupuestario al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), en una sociedad que tendrá, o que ya está teniendo, un alto porcentaje de su población en la fase de “tercera” edad? Otra cosa muy distinta es plantear si toda la política pública en tal sentido, merece una reestructuración de fondo; sin embargo, el recortismo extremista no puede actuar en esta línea, simplemente “macheteando” partidas, como indicamos, “a lo loco”.
Lo que sucede con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y, específicamente, con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), en este sentido de la “moda” del recortismo presupuestario fundamentalista, no se puede tolerar bajo circunstancia alguna. Algunos entendidos estiman que la última ley de impacto social estructural que se emitió en el país fue, precisamente, la de Asignaciones Familiares, en la administración Oduber Quirós (1974-1978), creando uno de los programas sociales más sonados en la América Latina. ¿Sabrán las diputaciones actuales del PLN que tal legislación es “obra liberacionista”?
¿Cómo comprender que se atente contra el presupuesto de los programas sociales en momentos en los cuales estamos viviendo, en puertas del bicentenario de la independencia, la más cruda situación socioeconómica del país desde la fundación de lo que la historia oficial ha denominado como “¿Segunda República”, en 1949?
Tan dramático e increíble como los casos anteriores, es el recorte presupuestario para la Cultura, incluyendo lo que se pretende hacer con el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), que es “cerrarlo de un porrazo”. Es cierto que la televisión y la radio públicas merecen mejor suerte y que su papel estratégico para la democracia informativa y para la inclusión comunicacional están pendientes de un redireccionamiento estratégico. Pero aplicarle al SINART un cierre abrupto y abusivo, presupuestariamente hablando; o quitarle el presupuesto a la Orquesta Sinfónica Nacional y a la cultura, en general; no queda más que compararlo con el grito fascista de “Muera la Inteligencia”. Y sobre los recortes presupuestarios en Seguridad, ¿no sería conveniente preguntarle qué piensa al respecto el crimen organizado?…
