Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Carlos Alvarado Quesada, como cabeza del Poder Ejecutivo, dio luz verde para la irresponsable y aventurera decisión de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de modificar el actual sistema de otorgamiento de pensiones por el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) aumentando la edad (tanto para hombres como para mujeres), para tener derecho a recibir del mismo una asignación mensual determinada, luego de una vida laboral activa; suma de dinero con la cual se presumiría el acceso a una vejez digna y decente.
Es irresponsable por cuanto nunca consideraron las buenas y sanas propuestas formuladas por diversos sectores que atendieron el llamado que se hizo al efecto. Hoy constatamos que todo fue una burla. Aventurera, porque no resuelve la gravedad del problema de IVM. Por el contrario, tal aventurerismo es para fomentar su privatización.
Además de aumentar la edad para pensionarse, la modificación en el sistema de cálculo de esa suma de dinero a recibir como pensión, hace que esta se reduzca en porcentajes de hasta el 15%, según las circunstancias.
También, Alvarado Quesada y la directiva de la CCSS la emprendieron contra el derecho de recibir una pensión anticipada en el caso de los hombres; y en el caso de las mujeres, sí quedará tal derecho, pero burlado, puesto que se podría tener acceso al mismo hasta que la trabajadora llegue a los 63 años de edad. En realidad, en esencia, es que hombres y mujeres (con excepciones), tendrán que pensionarse hasta los 65 años.
Alvarado Quesada y la directiva de la Caja han generado así, la más reciente agresión anti-obrera que se viene presentando desde el 8 de mayo de 2018. Se manifiesta de esta forma, adicionalmente, un elemento más para calificar la actual gestión gubernativa (con parlamento incluido), como la más nefasta para el mundo laboral y social desde la fundación de la denominada Segunda República, en el año 1949.
La corriente sindical en la cual militamos ha decidido enfrentar la más reciente agresión antiobrera de Alvarado Quesada acudiendo a diversos mecanismos jurídicos disponibles en nuestra democracia; misma que, aunque maltrecha, todavía posibilita reacción obrero-social consistente, si esta muestra una preparación profesional sólida; más allá de la reacción panfletaria de corte testimonial que no puede ocultar, por más que se diga lo contrario, una aceptación tácita del nuevo golpe a la clase trabajadora que representa esta irresponsable y aventurera decisión de la directiva de la Caja, con el beneplácito político de Alvarado Quesada.
Desde el punto de vista jurídico-legal, estamos preparando una acción en sede contencioso administrativa para pedir la paralización de los efectos de ese nefasto acuerdo. Las personas especialistas tienen ya su propio análisis y técnicas para entrarle a este injusto asunto por esta vía.
Creemos relevante que la ciudadanía obrero-social del país, la gran sacrificada por esta irresponsable y aventurera decisión de Alvarado Quesada y de la directiva de la Caja, ponga mucho cuidado cuando hablamos de que hacen falta de las arcas del IVM unos 49 millones de millones de colones; o, dicho de esta forma, 49 billones de colones; y, escrito en números, es el número 49 más 12 ceros: 49.000.000.000.000.
¡Gigantesca cantidad imposible de ser asimilada por nuestras mentes de clase trabajadora! Véalo de esta forma. Imagine que, de la noche a la mañana, le dan a usted 9 millones 800 mil colones. Ese es el per cápita, sea por cada una de las 5 millones de personas costarricenses y las que comparten nuestro territorio.
¿Adónde fueron a dar esos 49 billones de colones? De eso se trata una parte esencial de la propuesta que presentó la corriente sindical ANEP-FECTSALUD, a fin de que, a usted, persona trabajadora asalariada en este momento, no le subieran ni la edad para pensionarse, ni le redujeran la cantidad a recibir; ni, mucho menos, aumentarle lo que usted cotiza para IVM. Ni tampoco que a la parte patronal le aumentaran su obligado aporte.
Los sucesivos gobiernos y direcciones político-administrativas de la Caja estuvieron, a lo largo de los últimos años, cogiendo la plata de IVM para otras cosas. Esta cultura de desviar fondos de IVM tiene responsables de carne y hueso y, por ende, pretendemos que esta barbaridad no quede impune. Intentarlo en sede judicial es otra vía que hemos escogido para defender su derecho a pensionarse en condiciones dignas y decentes.
Esta cultura de desviar los fondos de IVM, que debieron capitalizarse desde un principio y jamás repartirse como se ha hecho hasta hoy, es una de las causas fundamentales de la triste realidad socioeconómica de que, en estos momentos, de todas las personas que ya reciben pensión de IVM, al 64% de ellas, se les asigna una cantidad de 200 mil colones o menos.
Hace un tiempo habíamos estado pregonando que pensionarse por IVM es empobrecerse. ¡Cruda y dura realidad! ¿Por qué? Entre otras causas, por la falta de esos 49 millones de millones de colones que fueron desviados a lo largo de los últimos tiempos, descapitalizando a IVM al punto de que está al borde de la quiebra.
También, ante la crisis en desarrollo de IVM, es necesario que nos cuestionemos el exagerado y concentrado poder depositado en 9 personas, como integrantes de la Junta Directiva de la CCSS, para tomar decisiones sobre la vida de miles y de miles de personas trabajadoras; las cuales, por su vida laboral activa y pasiva, tienen que ver con este sistema de pensiones.
Sin atentar contra la autonomía constitucional de la Caja que defendemos a rajatabla, debemos diseñar otro sistema de toma de decisiones en materia de IVM, pues la política de “alfombramiento” que actualmente hemos visto y experimentando, de la doblez de esa directiva ante el presidente de turno, solamente ha representado sufrimiento económico-social para miles de familias de la clase trabajadora costarricense.
