Plazo de 15 días puede ser una trampa

Tal y como habíamos anunciado, ni la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ni la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), acudimos a la reunión convocada por el Gobierno de la República, en el día de ayer, jueves 21 de febrero de 2013, para discutir con las autoridades del Poder Ejecutivo su “Anteproyecto de ley para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del Sector Público”.

Llama la atención que en la misma no estuviera el Ministro de Hacienda, gran abanderado de tal iniciativa y, precisamente, quien ha planteado el impuesto al aguinaldo y al salario escolar. Que sepamos, los dos colegas del citado jerarca, los señores ministros de Trabajo y de Planificación, quienes sí estaban en dicha reunión, no oficializaron a nombre del Gobierno desmentido alguno o renuncia total de parte del mismo a considerar la barbaridad de semejante planteamiento contra el aguinaldo y contra el salario escolar.

Tal y como reiteradamente lo hemos manifestado, una y otra vez, con las organizaciones que representamos, ANEP y la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), no cuenten para hablar ni de salario único ni de reducciones salariales de ninguna especie, como los denominados pluses.

Por eso un plazo de quince días para volver a hablar con el Gobierno del tema y aunque tal anteproyecto de ley no “esté en mesa”, puede ser tramposo y riesgoso para las personas trabajadoras asalariadas del Gobierno Central (Poder Ejecutivo), con los salarios más bajos de toda la estructura salarial estatal.

Decimos esto porque sin modificar el artículo 12 de la ley de incentivos médicos, para “desengancharla” de su vinculación con la estructura salarial de puestos del Gobierno Central, no habrá viabilidad alguna de considerar una mejora estructural ni en los salarios base de estos puestos, ni en sus correspondientes porcentajes de anualidad, ni en otros pluses como los de la policía (riesgos Policial, de Seguridad, Disponibilidad).

Las organizaciones que representamos, las cuales tenemos un escaño en la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, y en la próxima reunión de la misma con el Gobierno, plantearemos:

PRIMERO: Que el Poder Ejecutivo envíe al actual período de sesiones extraordinarias un proyecto de ley para modificar el artículo 12 de la ley salarial médica, de forma tal que se dé el “desenganche” de ésta de la estructura de puestos del Gobierno Central, a efectos de qué (entre otros aspectos de justicia y equidad salariales en el sector Público).

SEGUNDO: Podamos discutir modificar el actual porcentaje de anualidad (antigüedad en el cargo), de dichos puestos que está en un 1.94%, de modo tal que haya un tránsito hacia el más alto que existe en la Administración Pública: precisamente el del personal de ciencias médicas que está en un 5.5%.

TERCERO: Podamos discutir sobre cómo elevar el actual tope de cesantía de dichos puestos que está en ocho años; en el marco de que tal tope ha sido roto por diversas formas y considerando además, que para efectos de Gobierno Central y cuando se habla de reestructuración vía Servicio Civil, no existe límite de años alguno para reconocer cesantía.

CUARTO: Podamos discutir sobre la elevación paulatina de los salarios base de esos puestos de Gobierno Central, precisamente los que no pueden subir en la dimensión real que debieran, porque tienen la “desgracia” de estar atados a la fórmula salarial médica del artículo 12 de la mencionada legislación.

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