LA REFORMA PROCESAL LABORAL (RPL) DEBE SER LIBERADA

DE DONDE SALIÓ LA RPL

La RPL se acordó en la Concertación Nacional (1998) y su primer borrador se elaboró en una comisión integrada por MTSS, la Corte Suprema de Justicia, y representantes sindicales y patronales. Ese borrador fue lconocido en el Poder Judicial y enviado por la Corte Plena al Consejo Superior de Trabajo a finales del año 2004. El 22 de agosto del 2005 la Corte Plena de Justicia aprobó por unanimidad el proyecto, que posteriormente fue enviado por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa.

La OIT envió una misión de asistencia técnica al país en octubre del 2006 y con su presencia, el 4 de octubre del 2006 el Consejo Superior de Trabajo (sindicatos, empleadores y gobierno) se acuerda apoyar la aprobación de la RPL. El Consejo Superior de Trabajo, con el acompañamiento de la OIT, aprobó la RPL el 28 de julio del 2008, corrigiendo algunos problemas. Este trabajo facilitó los acuerdos necesarios para que, la comisión de asuntos sociales (período legislativo 2006-2010) y la comisión de asuntos jurídicos (2010 a la fecha) avanzara en la discusión del proyecto y lo dictaminara finalmente.

*EL PROCESO EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA *

En la comisión de Asuntos Sociales, con la participación del MTSS, el Poder JudicIal, sindicatos y empresarios se facilitaron acuerdos para atender las observaciones existentes. El gobierno de La República, sindicatos y empresarios acuerdan el 5 de julio 2010 una moción en el Consejo Superior de Trabajo (CST), que se aprueba el 20 de julio 2010 en la Comisión de Asuntos Jurídicos. El 17 de agosto del 2010 se dictaminó unánime afirmativo el proyecto en la comision de Asuntos Jurídicos. El 1 de julio del 2011 se emite dictamen con cuatro días de mociones 137, pero queda incluido un desacuerdo fundamental entre sindicatos y empleadores relacionados con los comités permanentes de trabajadores y arreglos directos.

El 21 de mayo del 2012 en el Consejo Superior de Trabajo, la UCCAEP junto con el Gobierno y los sindicatos, suscribió el Plan de Trabajo Decente que plantea explícitamente el acuerdo de impulsar la aprobación del texto negociado de la Reforma Procesal Laboral. El Plan de Trabajo Decente es un compromiso internacional asumido frente a la OIT por todos los países del mundo, que indica los compromisos esenciales que cada país asume frente a la OIT. La propia Presidenta Chinchilla presentó personalmente al director de la OIT en junio del año 2012 este plan asumiendo un compromiso nacional al respecto de aprobación de la RPL.

Además, el 24 de mayo del año 2012, la UCCAEP suscribió, con un grupo importante de sindicatos, un acuerdo frente a las jefaturas de fracción y la Presidencia de la Asamblea Legislativa, avalando el texto de la Reforma Procesal Laboral, y solicitando su aprobación con algunas modificaciones. Participaron en ese acuerdo por el sector sindical, la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), la Coordinadora de Sindicatos Bananeros (COSIBA), la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC), la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), la Coordinadora Unitaria Sindical y Magisterial (CUSIMA) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Atendiendo ese acuerdo el 7 de junio 2012 el Plenario aprueba devolver el proyecto a comisión, y el 19 de junio 2012 se dictamina de nuevo el proyecto en comisión de jurídicos aprobando la moción negociada entre sindicatos, UCCAEP y avalada por gobierno. El 31 de julio 2012 se aprueba en primer debate con 45 votos de 45 presentes. El 13 de setiembre 2012 se aprueba en segundo debate con 40 votos de 44 presentes.

VETO

El 9 de octubre 2012 el Poder Ejecutivo veta cuatro artículos y un inciso de otro artículo. En febrero del 20013 se inicia un proceso de discusión con el Poder Ejecutivo que busca lograr una moción consensuada que atienda las objeciones del veto pero no se logra acuerdo. El Ejecutivo envía una moción a la Asamblea Legislativa el 20 de mayo del 2013, que es considerada exteporánea por el Departamento de Servicios Técnicos.

El 31 de julio del año 2013 se dictaminó nuevamente el proyecto de ley, excluyendo todos y cada uno de los artículos y disposiciones vetadas por el Poder Ejecutivo, con lo que regresó al plenario legislativo para su votación definitiva en el Plenario Legislativo, sin que sea posible hacer absolutamente ninguna modificación que no sea por medio de otro proyecto de ley, ni pueda ser regreado a comisión, ya que ya precluyeron las etapas procedimentales que permitían hacer cualquier modificación.

NUEVAS SOLICITUDES DEL PODER JUDICIAL Y DEL MINISTERIO DE TRABAJO

La Corte Plena del Poder Judicial, por medio de acuerdo de sesión 35-13 del 19 de agosto del 2013, artículo XIII, por unanimidad de todos-as los magistrados-as, acordó solicitar a la Presidenta Laura Chinchilla, convocar a sesiones extraordinarias del mes de agosto del 2013 la RPL. De igual forma por medio de nota DMT-939-2013 de 6 de agosto del 2013, el Ministro de Trabajo solicita a la Presidencia de La República, convocar a sesiones extraordinarias la Reforma Procesal Laboral. La Presidenta Chinchilla se negó a convocar el proyecto.

El 23 de octubre de 2013, todos-as los-as magistrados-as que integran la Sala Segunda envía una nota al presidente de la Asamblea Legislativa, indicando que Corte Plena ha manifestado la necesidad de que la RPL se aprobada con prontitud, por lo que solictan que el proyecto sea aprobado en lo que resta de las sesiones ordinarias.

ESTADO ACTUAL

El proyecto se encuentra en el orden del día en el lugar número 155 del orden del día, ya que una resolución del Presidente Legislativo ordenó colocar los proyectos vetados que son corregidos al final de la agenda de plenario como proyectos absolutamente nuevos, y a pesar de la insistencia de la mayor parte de casi la totalidad de las fracciones, se ha rechazado todo intento de poner el proyecto a votación. Esto ha sucedido porque lafracción del PLN se ha negado a que el proyecto se ponga a votación, en virtud de que el Ingeniero Jhonny Araya Monge y el Licenciado Antonio Alvarez Desanti, jefe de campaña del PLN y empresario bananero, han condicionado los votos del PLN a que el resto de Fracciones acepten modificaciones al Reglamento Legislativo y a la Ley de Jurisdicción Constitucional.