Jonathan Flores Mata, Criminólogo / Directivo Nacional de ANEP
No es una novedad hablar del tema de la pérdida de confianza de muchos costarricenses en la administración del sistema de justicia de nuestro país. Y si nos centramos en el Poder Judicial, como institución encargada de tal función, las circunstancias cuestionables se incrementan.
Los factores que originan tal percepción sientan sus bases en variadas situaciones, que se han dado a conocer a la opinión pública por medio de redes sociales y medios de comunicación. Así es, lamentablemente, la dama de la justicia en Costa Rica ha sido desnudada en variadas ocasiones, por la exposición de diferentes hechos que dan mucho que pensar sobre la vulnerabilidad y transparencia del Poder Judicial.
En esta ocasión, me gustaría enfocarme en aquel factor que considero más peligroso, la influencia política. Y es que, desde el momento en que vemos el sistema de elección de los magistrados de las distintas salas de la Corte Suprema de Justicia, nos damos cuenta de la forma en que la clase política comienza a fabricar favores que cobran en el momento que más lo requieran (no por nada se pelean por elegir específicamente los de Sala III-penal).
¿Por qué estoy seguro que la política influencia las decisiones de las altas magistraturas? Muy sencillo: Además de que son ubicados en sus puestos por políticos: ¿Han visto el ataque sistemático que ha sufrido la clase trabajadora en este país en los recientes años? Pues justamente, muchos de los golpes a los bolsillos de las y los trabajadores, han contado con la venia de las Salas de la Corte.
Refresquemos nuestra memoria con la resolución de Sala Constitucional, que prácticamente dio un argumento político para dar luz verde a la Ley 9635 (combo fiscal). A eso le podemos sumar el coincidente y curioso cambio de criterio de mucha jurisprudencia laboral, como en lo referente al cobro de tiempo extraordinario y diferencias salariales, por ejemplo (ojo, esto se las trae).
Por supuesto, no es posible olvidar la forma en que los procesos que son ventilados en medios de comunicación avanzan con más rapidez que los de la ciudadanía común. Tampoco se puede obviar la preocupante impunidad que afronta el país en temas de delitos de cuello blanco, corrupción en la función pública y legitimación de capitales.
Sí, para el suscrito, igual que para gran parte de la población, es muy difícil decir que confía en la transparencia del Poder Judicial, cuando escenarios como los antes indicados evidencian que hay un terrible tráfico de influencias de la clase política. Ahora bien, si dentro del Poder Judicial se promueven acciones bajo dicha influencia, y sabemos de sobra que la política está dominada por grandes empresarios neoliberales (de esos que evaden, eluden, se llevan las grandes licitaciones del Estado y ponen plata para comprar votos), entonces, podemos concluir que estos sectores económicamente poderosos también mandan en la institucionalidad judicial. (JCB fue solo un pequeñísimo ejemplo).
Hace unos meses testificamos como al máximo referente en materia sindical del país, Albino Vargas Barrantes, se le emitió en tiempo récord, una orden de captura en su contra, por parte de las autoridades judiciales del sector Caribe, gracias a la solicitud de una autoridad política del lugar. Recientemente, nos damos cuenta, por medios de comunicación, que curiosamente, se enteran primero que las partes del proceso, de las decisiones judiciales; que el caso seguido contra el Secretario General de la ANEP, por supuesta instigación durante la huelga del 2018, se elevará a juicio.
Así es, mientras cientos de expedientes abiertos por robos, estafas y hasta homicidios, se extinguen bajo los criterios “objetivos” de la fiscalía, que no encuentra suficientes elementos de prueba para llevar la causa a instancias mayores, curiosamente, en este proceso si hay acusación. No es mi intención ofender, pero solo dar una rápida lectura a la acusación inicial es suficiente para saber que la misma estaba plagada de percepciones subjetivas, apoyadas en elementos probatorios risibles.
Si hacemos el sencillo asocie de que Albino Vargas es prácticamente un enemigo declarado de los poderosos neoliberales que acumulan riqueza de manera desigual; con el hecho de que son estos empresarios quienes mueven los políticos que influencian el Poder Judicial, entonces se podría señalar que este proceso está siendo empujado, y será manipulado, por intereses que van más allá de la institucionalidad. En pocas palabras, cuando el acusado difiere de los intereses de la clase con el poder económico, como Albino Vargas, el sistema si actúa eficientemente.
Como ciudadanos debemos preocuparnos, este es el primer antecedente de represión gubernamental, como títeres de las clases que realmente representan, a la libertad de expresión. Sin duda, un espeluznante precedente que nos muestra no solo los alcances que la corrupción y el tráfico de influencias tienen en nuestras autoridades (ni siquiera me quiero imaginar lo que puede estar pasando con el crimen organizado), sino también la forma en que se debilitan los pilares de nuestra democracia.
¿Nos vamos a cruzar de brazos mientras pasa?
