La ANEP ha constatado un abrumador respaldo por parte de la mayoría del personal de la Policía Penitenciario, al acuerdo que les permite el pago administrativo de deudas salariales acumuladas durante unos 10 años, por una cantidad global de 3.200 millones de colones.
De esta cifra, mil millones se cancelarán en la segunda quincena de diciembre de este año 2014. Los restantes 2.200 millones se gestionarán vía presupuesto extraordinario a tramitarse en la Asamblea Legislativa, en el primer trimestre del año próximo 2015.
Los primeros contactos efectuados por la ANEP al respecto, con diputados y diputadas de diferentes fracciones parlamentarias, han mostrado una gran anuencia para la aprobación de ese presupuesto; valorándose su contenido social y laboral que nada tiene que ver con la cuestión político-partidista.
Se trata de honrar una gran deuda contraída por el Estado con uno de sus cuerpos de servidores públicos más abnegados y sacrificados del país: la Policía Penitenciaria. Y esto no tiene color político.
Con dicho acuerdo de pago en sede administrativa, el personal a cargo de la seguridad carcelaria del país, ya no tendrá que sufragar honorarios de abogados por procesos judiciales en desarrollo, de resultado incierto y que les obligaba a una espera de 4 años, en promedio.
Tal circunstancia les permite no pagar, más bien economizarse, por cuota litis, una suma oscilante entre los 100 y los 500 millones de colones; según las tarifas de 10, 15, 20 y hasta 25 por ciento que se les estaba pidiendo para tramitarles en vía judicial tal pago de deudas.
Tales cantidades de plata ya no llegarán a los bolsillos personales de quienes estuvieron promoviendo la vía judicial como “única” para saldar tales deudas; elementos que han estado manifestando su oposición a este acuerdo, justo e histórico.
Además, el acuerdo logrado al efecto entre los ministerios de Justicia y de Trabajo con la ANEP, el pasado jueves 19 de noviembre, generará una enorme economía en compleja tramitología, cara y desgastante, que implicaba la tramitación judicial del pago de tales deudas.
Tanto la administración de la cartera de Justicia como la misma gestión procesal del Poder Judicial, se liberarán de erogaciones multimillonarias pues el pago en sede administrativa es más barato, más corto y le hace llegar al trabajador el 100 % de lo que se le debe.
Igualmente, con el acuerdo en mención, se espera para febrero entrante la primera versión de un manual de puestos para la Policía Penitenciaria que les posibilite similitud salarial con sus homólogos de la Fuerza Pública; y, además, no les será modificado su tradicional e histórico horario de servicio, conocido como “7 × 7”.
