Albino Vargas Barrantes Secretario General, (ANEP)
Tenemos un logo esencial y otro de exportación de droga, así tituló Diario Extra información periodística sobre denuncia planteada por el señor Luis Fernando Quesada Coghi, Vicepresidente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), publicada en la edición del pasado lunes 21 de diciembre (página 13); vehemente clamor empresarial que nos da cuenta de un grito desesperado de denuncia de lo que para nosotros resulta ser el imparable avance del narcotráfico en el seno del tejido social costarricense, por arriba y por abajo.
Textualmente, según indicó la nota de prensa en mención, el citado dirigente empresarial habló con preocupante e indignante contundencia: “Por un lado, el ICT (Instituto Costarricense de Turismo) hace publicidad de atracción de turistas con un logo Esencial y ahora tenemos otro logo de exportación de droga. Es incongruente, como país debemos tomar decisiones y esta es una decisión política y de seguridad”.
Junto al esfuerzo de las autoridades gubernamentales para posicionar el Esencial Costa Rica como la marca-país que nos distingue en cuanto a mercado confiable atrayente de turismo y de inversiones seguras; resulta ahora que estamos resaltando como gran país exportador de droga, dado los constantes decomisos de estupefacientes camuflados en exportaciones de piña y de banano en puertos europeos que nos exhiben, prácticamente, como nación-narco en el amplio sentido del término: consumo, almacenaje y exportación.
El sector exportador representado en Cadexco afirma que ya han pasado nueve años (gobiernos de Laura Chinchilla Miranda -PLN- y las dos del PAC: Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Alvarado Quesada), que no han hecho absolutamente nada, contundente, consecuente y necesario, para que todos los puestos aduanales y fronterizos del país, tuvieran instalados los escáneres para auscultar el contenido del cien por ciento de los contenedores que sacan del país los productos exportables dentro de los cuales se camufla y esconde la droga.
Uno de los aspectos que más nos llamó la atención de la denuncia de Cadexco es que se indica conocer de las “…operaciones clandestinas donde bautizan los contenedores camino a los puertos, …”; una afirmación que compromete, seriamente, la transparencia de las máximas autoridades políticas de la seguridad del país. Efectivamente, luego de esta nota de prensa que venimos comentando, no vimos reacción alguna por parte de las entidades a las que debe demandárseles cuentas serias.
No debemos minimizar los esfuerzos sanos que realizan las autoridades policiales honestas en el combate al narcotráfico. Sin embargo, no expresan una decisión política agresiva al máximo nivel, empezando porque cada vez más las debilitan, negándoles presupuesto, en una acción maléfica que pudiera ser parte de un macabro plan hacia el narco-Estado total.
Por supuesto, nadie en la clase política tradicional habló de esto. En la Asamblea Legislativa actual las prioridades son la reversión del Estado Social de Derecho, minar las bases democrático-institucionales del mismo, acabar con derechos laborales y dar paso a las privatizaciones faltantes; habida cuenta de que la abrumadora mayoría de las actuales personas diputadas son susceptibles a que los agentes del gran capital empresarial para el cual trabajan en serio, les tuercen sus brazos. No podemos descartar que algunas curules legislativas se hayan logrado con dinero sucio del narcotráfico y por eso estos temas no merecen atención política a este nivel.
Particular mención merece lo que sucede a nivel de otra cámara empresarial, la de productores y exportadores de piña, Canapep, especialmente en la zona norte del país. Los productores honestos de la zona viven un gigantesco drama debido a la competencia desleal que representa la inserción de capitales sucios en la actividad piñera. Estos dineros lavados están saboteando el trabajo limpio en la producción de piña para la exportación. Lamentablemente, no cuentan con el respaldo del funcionariado público llamado a combatir la actividad sucia del narcotráfico. Corrupción por todo lado.
La salud moral, ética, ambiental, económica y sociolaboral de la República está en peligro porque el avance del narcotráfico sigue imparable. Si los políticos con poder para intervenir en el proceso han sido silenciados, corresponde a las fuerzas sanas de la convivencia democrática asumir un estratégico e histórico papel al respecto. Una alianza obrero-empresarial, por ejemplo, en la producción piñera para poner límites a la competencia desleal, pueda ser un fuerte paso que construya el necesario contrapeso a la política sucia que, lamentablemente, ya influencia elecciones.
