Posición Oficial de la ANEP respecto al desenganche de los salarios médicos

La Ley de los Salarios Médicos (1 parte)

Primero que todo, queremos ser profundamente contundentes y enfáticos para que no quepa la menor duda: No somos “enemigos” del personal médico de Costa Rica, en lo más mínimo. Todo lo contrario. A raíz de la experiencia personalísima con ocasión de la enfermedad de nuestra señora madre, que de Dios ha de gozar, nunca podremos encontrar las palabras ni las frases adecuadas para expresar nuestra profunda gratitud y la de toda nuestra familia, por la atención que ella recibió mientras estuvo enferma, de parte de los médicos que la atendieron en el Hospital San Juan de Dios.

Nada cambiará nuestra actitud al respecto de lo que pensamos con respecto al papel de los médicos, trascendental y fundamental, para una sociedad verdaderamente democrática y de real justicia social, con equidad y acceso igualitario a la salud.

Este crucial grupo profesional del país, producto de sus justas luchas, tiene una ley especial que regula todo lo que tiene que ver con sus salarios. Esta ley, la número 6836, fue emitida en 1982, reformada años después, en el 2004, por otra ley, la número 8423. Aunque inicialmente dicha legislación cubría a médicos, odontólogos, farmacéuticos, microbiológicos y psicólogos clínicos; con el paso de los años lograron ser cubiertos por la misma, los gremios de profesionales en Enfermería, en Nutrición y hasta los veterinarios.

Esta legislación tiene un componente muy especial, en su artículo 12, el cual establece un nexo, una vinculación, un “enganche” por medio del cual, cada vez que en el Gobierno Central (ministerios, por ejemplo), se establece un incremento salarial, éste, automáticamente, repercute en el salario base del personal médico, por medio de una fórmula de cálculo que partiendo de ese artículo 12, quedó “desarrollada” en un reglamento por medio del Decreto Ejecutivo No. 26944-MTSS, del año 1998.

Con esta fórmula, cada seis meses, el personal médico nacional recibe un incremento salarial a la base, superior al de aquellos que laboran en el Gobierno Central, sin que tengan que salir a la calle a exigir justos aumentos salariales como sí lo han hecho a lo largo del tiempo diversos grupos de esta parte del Estado.

Es más, ya no solamente el salario base del personal médico crece más que los reajustes semestrales generales del Gobierno Central, sino que si a algunos gremios dentro de éste, se le otorgan incrementos salariales extraordinarios o específicos, pues también los salarios médicos se verán aumentados con todo y sus pluses con base en tal fórmula de “enganche”.

Agreguemos que, ya no solamente los salarios médicos se mueven por la razón apuntada; sino que se aumentan si, por ejemplo, suben los sobresueldos del Gobierno Central como la dedicación exclusiva, la carrera profesional, el riesgo policial, el incentivo docente.

La fórmula tiene una esencia central: los salarios base del personal médico nacional siempre deben tener una “distancia” de casi cuatro puntos porcentuales (3.83% para ser exactos), del salario promedio total del Gobierno Central.

Tocar este tema desde el ámbito sindical ha desatado la ira de unos cuantos y son irrepetibles los epítetos insultantes que estamos recibiendo por ello. No tienen ustedes, estimables personas lectoras, cuánta furia en algunos grupos está desatada por tocar un tema “tabú”.

Lo insólito del caso es que algunos gremios no médicos en el seno de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), defienden este “status quo salarial médico”, a sabiendas de que esa fórmula va en contra de mejores reajustes salariales para sus propios representados que no son parte del personal médico de la institución.

Y es aquí donde está la parte fundamental de nuestro planteamiento. Lo que estamos proponiendo a los respetables gremios médicos es que se “desenganchen” de las modificaciones generales de salarios que se dan en el Gobierno Central, tanto las de orden general (cada semestre), como las que ocurrirán en partes específicas como los salarios de los policías; los salarios de los educadores; los salarios de oficinistas, técnicos y misceláneos y otros; así como que también se “desenganchen” si ocurren incrementos en sobresueldos de estos y otros grupos del Poder Ejecutivo.

Este es el caso del próximo incremento salarial extraordinario para el personal raso de la Fuerza Pública. Aplicando la fórmula salarial médica, los escuálidos 15 mil colones que, en promedio, podría recibir cada policía del cuerpo de seguridad más importante del país; pueden convertirse hasta en un aumento de 60 mil colones para los médicos y sin que éstos hayan realizado ni la más mínima gestión para cuando los gremios policiales estaban planteando su propia lucha reivindicativa en salarios.

El personal médico nacional, con este “desenganche”, no perdería ni un solo centavo de sus salarios base; no perdería ni un solo centavo de sus sobresueldos o pluses. Eso sí, con el “desenganche” quedarían con los incrementos salariales semestrales como los del resto del Gobierno Central; o bien, podrían dar sus luchas específicas pues tienen de por sí un gran poder de influencia y de incidencia.

Nosotros esperamos que en fecha próxima, los gremios médicos reciban en audiencia a la organización que representamos. Creemos que una discusión pausada, respetuosa, razonable podría dar más luz al asunto.

Lo que sí debe quedar claro es que, a partir de ahora, si un profesor sale a la calle a pedir mejores salarios; si quien lo hace es un oficinista, o un técnico-profesional; si quien lo hace es un misceláneo o una compañera de CEN-CINAI (entre otros), debe saber que también está peleando por el salario del personal médico del país y como estamos hablando de una ley; pues entonces en la calle estaríamos peleando ¡hasta por el salario de los médicos de los hospitales privados!
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La Ley de los Salarios Médicos (2 parte)

Aunque ya muchas personas de buena fe, así como diversos sectores sociales organizados y hasta de corte político-partidista, han entendido la esencia de nuestro planteamiento, con respecto al tema salarial que por ley está fijado para el cuerpo médico nacional; pensamos conveniente reiterar que la posición oficial de la organización sindical para la cual laboramos, no pretende, en lo más mínimo, que los y las profesionales en ciencias médicas del país pierdan un solo centavo, ni de lo que tienen por concepto de salario base, ni tampoco de lo que se denominan “pluses” o sobresueldos.

Enfáticamente debemos rechazar que el planteamiento que venimos formulando por estos días al respecto, sea parte de un “ataque frontal” a los derechos salariales, sociales, económicos y profesionales de este grupo laboral tan estratégico para el país como son los médicos.

Lo que sí ha llamado la atención es que sea desde el ámbito, desde la esfera sindical (en este caso, a la cual nosotros pertenecemos), que tal planteamiento haya sido formulado; cuando a lo largo de los años, ninguna persona ni ninguna entidad (ni política ni social), se hubiese atrevido a formular el asunto, públicamente, en toda su dimensión. Bueno, nosotros lo hicimos y lo seguimos sosteniendo. Sí, es cierto, tocamos un tema que era “tabú” en nuestro entorno.

Hemos estado afirmando, abiertamente, que la estructura salarial futura del personal médico nacional no debe estar vinculada (o “enganchada” como es el término que nos gusta emplear), a la estructura de salarios base de importantes puestos del Gobierno Central (Poder Ejecutivo, básicamente ministerios); dado que cambios en éstos (tanto a nivel general, como en lo particular-gremial), de manera automática repercuten en los salarios base del personal médico nacional, mediante una fórmula matemática que eleva sus salarios, semestral o circunstancialmente, de manera sensible, hasta en cuatro veces más, en no pocos casos médicos.

Hemos planteado que a lo largo de los años y en los sucesivos gobiernos, incluido el actual, las fijaciones salariales en el Gobierno Central no pueden ser de mayor dimensión, pues la excusa perfecta es que las cifras de aumento que proponen los sindicatos no pueden aceptarse porque “afectan” (según se nos ha venido indicando sistemáticamente a lo largo del tiempo), el salario del personal médico, en sumas que ni las finanzas centrales del Estado ni las de la propia Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), podrían soportar dada la existencia de esa famosa fórmula matemática que tiene rango jurídico: el artículo 12 (y su correspondiente reglamentación) de la ley salarial médica.

Evidentemente y hablando en lo específico de la Caja, su asunto financiero, visto de manera estructural, es mucho más complejo y pasa por dos grandes esferas de enorme magnitud: la evasión patronal del empresariado privado y las deudas del Estado con la institución. Pensamos que es injusto decir que la crisis financiera de la Caja se debe a la masa salarial médica y, verdad sea dicha, nosotros nunca hemos estado afirmando semejante cosa.

Además, la crisis financiera de la Caja tiene responsables directos por mala gestión y, de hecho, en el Ministerio Público hay una denuncia interpuesta que, esperamos, no se quede para las “calendas griegas”; pues varios de los supuestos responsables de esa mala gestión financiera no solamente siguen en puestos jerárquicos de altísimo nivel institucional, sino que a algunos más bien se les “premió” con ascensos.

No menos real es la circunstancia de que dado el valor que tiene la Caja para el pueblo trabajador, todo su personal honesto y todos sus gremios sanos se enfrentan al mayor desafío ético jamás pensado en toda la historia institucional: atajar y revertir el avance privatizador, liberando a la institución de la especie de secuestro a que ha sido sometida, durante los últimos años, tanto por parte de intereses corporativos externos como internos.

Volviendo a nuestro punto central en este asunto es que puestos como el de los policías, misceláneos, técnicos, profesores, agentes de seguridad, oficinistas, secretarias y hasta profesionales no médicos del Poder Ejecutivo –entre otros-; no pueden subirse hacia niveles salariales superiores que incrementen su poder de compra, que verdaderamente compensen las variaciones en el costo de la vida y que, de manera real, dignifiquen el trabajo de las personas que ocupan esos puestos (en los ministerios, por ejemplo); dada la existencia de ese artículo 12 de la ley salarial médica. Por tanto, este artículo debe modificarse, por medio de otra ley de la Asamblea Legislativa, para generar un “desenganche”, una independencia entre ambas estructuras salariales.

Esta posición y solamente ésta es la que estamos defendiendo. Sí, efectivamente, no puede negarse que el tema ha tocado las cifras más sensibles de nuestra nacionalidad costarricense, al ser la Caja la institución más querida de nuestro pueblo; y, al ser esta entidad la que tiene más personal médico que ninguna otra en su planilla salarial.

Si nuestro planteamiento va más allá de la posición del “desenganche” y, en verdad, moviliza conciencias ciudadanas en mucha mayor dimensión que antes, cuando se trata del tema de la Caja; pues quiere decir que hay espacio suficiente para un debate nacional de mucha mayor envergadura.

Y nada más propicio en nuestro caso que tal debate pudiera servir para abrirle mayor espacio a planteamientos cívicos sobre el futuro de la CCSS, como el de “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”, formulado hace ya bastantes meses sobre el que poco ha podido reparar la opinión pública nacional. Igualmente, hay otros planteamientos valiosos elaborados con sana intención y de distintas perspectivas que, también, tienen problemas serios de visibilización ante la ciudadanía.

En todo caso, reiteramos, nuestra única motivación central, totalmente transparente, es la del “desenganche”; es decir, que de ahora en adelante la estructura salarial médica tenga su propia dinámica sin estar en correspondencia con lo que suceda en otros ámbitos salariales de la Administración Pública.

También puede surgir la alternativa de que los respetables gremios médicos, como sindicatos que son, se unan al resto de agrupaciones del mismo tipo que representan los intereses salariales de la clase trabajadora estatal; y que compartan, al mismo nivel, el largo y sinuoso camino de la lucha sindical por la verdadera reivindicación de las personas trabajadoras asalariadas, ya no solo del aparato público sino del sector privado. La verdad es que en todos estos años de vigencia de la indicada fórmula matemática, los gremios médicos nunca se acercaron a una mesa de “negociación” salarial.

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