Precandidaturas presidenciales y derechos humanos de segunda generación (Parte 2)

El documento “Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Costa Rica”, que ha emitido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), expresa importantes señalamientos al país en el apartado de “Principales motivos de preocupación y recomendaciones”.

Como indicamos la semana pasada, nuestra intención (¿”cajita blanca”?), es que las personas ciudadanas aspirantes a la Presidencia de la República en las elecciones generales del 2018, sus equipos de asesorías y sus respectivas candidaturas diputadiles, tengan presente este importante informe que viene a ser como un balance de los avances, de los retrocesos, de los desafíos pendientes que tenemos como país en esto de la inclusión social en búsqueda de una Democracia Social.

Tal y como lo apuntamos en la primera parte de este artículo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) ya está integrado a la legislación costarricense que debemos observar. Por tanto, es necesaria obligación reparar en esas malas “calificaciones” que estamos obteniendo al poner en práctica y a cumplir rigurosamente los compromisos que asumimos como Estado Parte del PIDECS.

En materia de política fiscal, muy apropiado resulta para el momento sociopolítico actual del país y al encontrarnos inmersos en una intensa discusión nacional, intra y extraparlamentariamente, tomar debida nota de lo que en este informe se dice al respecto.

Veamos: “Aun cuando el Comité toma nota de las explicaciones proporcionadas por la delegación en cuanto que la reforma fiscal tendrá propósitos redistributivos y no sólo de aumentar el recaudo fiscal, le preocupa que ésta no sea suficientes para combatir el creciente índice de desigualdad en el Estado parte”; por tanto, dicho comité “…recomienda al Estado parte que tome las medidas necesarias para garantizar que las reformas tributarias que se están realizando sean redistributivas y socialmente justas con el objeto de combatir los crecientes índices de desigualdad, y aumentar la disponibilidad de recursos destinados a la implementación de los derechos económicos, sociales y culturales en el Estado parte”.

¡Reparen en esto, por favor!: El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), está consciente de que la legislación propuesta por el presente Gobierno a la Asamblea Legislativa en este ámbito de la política fiscal, no es suficiente para combatir el creciente índice desigualdad que Costa Rica está teniendo; por tanto, las reformas tributarias necesarias deben ser redistributivas y socialmente justas para, efectivamente…, aumentar la disponibilidad de recursos destinados a la implementación de los derechos económicos, sociales y culturales que supone la obligación del país dada su pertenencia al PIDECS.

Uno interpreta, por tanto, que la prioridad de una reforma fiscal verdaderamente justa en nuestro país es la de la renta, por ejemplo; el establecimiento de la renta mundial, de la renta global o universal; de la ley contra el fraude fiscal en todas sus manifestaciones. ¡Ésta si sería una reforma fiscal que confronte, con eficacia, el crecimiento de la desigualdad y para darle contenido real a los derechos del PIDECS que Costa Rica ya está en la obligación de observar.

Por otra parte, tanto que gusta a nuestra clase gobernante, la tradicional y la que aspira a relevarla, llenarse la boca con eso de participación ciudadana y eso de sociedad civil, noten ustedes el “jalón de orejas” que nos da la ONU al respecto: _+“Interacción con la Sociedad Civil.+ Aun cuando el Comité acoge la creación de una entidad permanente de consulta con la sociedad civil prevista por la Comisión Interinstitucional para el Seguimiento e Implementación de las Obligaciones Internacionales de Derechos Humanos, le preocupa que esta entidad todavía no se encuentre en pleno funcionamiento, y la ausencia de mecanismos efectivos de interacción entre las entidades estatales y las organizaciones de la sociedad civil”. _

Por tanto, se le dice al país lo siguiente: “El Comité recomienda al Estado parte agilice el pleno funcionamiento de la Comisión Interinstitucional para el Seguimiento e Implementación de las Obligaciones Internacionales de Derechos Humanos y de la entidad permanente de consulta con la sociedad civil, a fin de garantizar una coordinación efectiva de las políticas relativas a la realización de los derechos humanos, y una interacción constructiva con las organizaciones de la sociedad civil de forma que se promueva una participación activa, abierta y transparente en la vida pública en el plano nacional y en la preparación de su próximo informe periódico”.

¿Cuál candidato presidencial estaría, de manera pública, dispuesto a firmar un compromiso de este tipo en caso de ganar las elecciones del 2018?

En cuanto a la pobreza y a la desigualdad, es probable que este informe se haya elaborado sin conocerse del resultado del pequeño avance en la lucha contra la pobreza que recientemente el Gobierno dio a conocer y que justo es reconocer como un logro de la presente administración. Sin embargo, el señalamiento que se le hace al país al respecto por parte de este comité de las Naciones Unidas expresa una inobjetable validez y precisión.

Se nos dice lo siguiente: “Pobreza y desigualdad. Preocupa al Comité que las medidas adoptadas para combatir la pobreza no hayan sido lo suficientemente efectivas para disminuir los niveles de pobreza y de pobreza extrema en los últimos años, ni para combatir los crecientes niveles de desigualdad que afectan a los grupos más desfavorecidos y marginados”.

Así las cosas, se le recomienda al país como Estado Parte del PIDECS que: “a) Asegure que la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza establezca metas específicas, sea implementada con un enfoque de derechos humanos y cuente con los recursos suficientes para su implementación y presentando la debida atención a las diferencias y brechas existentes entre los diferentes grupos sociales. b) Adopte medidas efectivas para disminuir significativamente la brecha de desigualdad, teniendo en cuenta las necesidades de los sectores sociales más desfavorecidos y marginados tanto en las zonas rurales como urbanas, particularmente de los pueblos indígenas y personas afrodescendientes”.

¡Es indudable! Este documento “Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Costa Rica”, emitido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el marco de la ratificación por parte de Costa Rica del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), debe llamar la atención de todos cuantos estamos desde ya al pendiente del proceso electoral nacional del 2018, aunque no tengamos pretensión alguna ni simpatía en específico.

Se adjunta el documento de las Naciones Unidas que sirvió de fuente para la elaboración de estos artículos.

Naciones Unidas Informe Octubre 2016 by Yariela Novo on Scribd

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