Uno de los episodios más impactantes del clarísimo papel político-ideológico que en la actual situación sociopolítica nacional están jugando los consorcios mediático-corporativos propiedad del capital oligárquico-neoliberal, o de cómo nos gusta llamarles, los latifundios mediáticos; se escenificó el pasado lunes 26 de octubre de 2015, con ocasión de la huelga convocada por el Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa; huelga que se caracterizó por su desconcentración, es decir, no fue la tradicional marcha o manifestación por el centro de la ciudad de San José.
Los y las manifestantes que se concentraron en el marco de esa huelga en el corazón de la capital del país y frente a la sede central del Ministerio de Hacienda constituyeron, tan sólo, uno de los doce puntos de confluencia de manifestantes que se programó desplegar durante ese día de lucha por el territorio nacional.
Esos consorcios mediático-corporativos del capital oligárquico-neoliberal jamás imaginaron que nuestro movimiento tuviera planteamientos de cara a todas las personas trabajadoras asalariadas del sector Privado; pues en su guerra de clases contra los sindicatos están atrincherados en la matriz mediática dominante que han venido posicionando en la noble conciencia ciudadana de que este tipo de organizaciones de trabajadores, tuteladas por la Constitución y por los tratados internacionales de Derechos Humanos, son como especie de “carteles” y de que sus líderes son como los “capos” de los mismos.
¡Pues sí! Patria Justa en su acuerdo con el Gobierno logró lo siguiente: Primero: Envío al parlamento en las sesiones legislativas extraordinarias a iniciarse el día 1 de diciembre próximo, del proyecto de ley del “Salario Mínimo Vital”, con el cual se pretende trasformar el actual sistema de fijación y de cálculo del aumento en el salario mínimo aplicable al sector privado, de forma tal que su discusión se vuelva prioridad entre los diputados actuales.
Sobre esta lucha recordemos que Patria Justa, recientemente, le pidió al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), autorizar la realización de un referéndum a fin de que la ciudadanía costarricense fuera consultada sobre la importancia de que el actual parlamento, definitivamente, someta a discusión y a votación tal proyecto de ley.
Segundo: Miles de trabajadores del sector agrícola del país sufren de condiciones de trabajo realmente deplorables; y, precisamente, pensando en ello, se logró que el Gobierno se le dé tramitación al convenio No. 184, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para atacar el grave problema de salud laboral y seguridad ocupacional en este grupo de trabajadores. Tal compromiso gubernamental quedó estipulado en los acuerdos que posibilitaron el fin de la huelga de servicios públicos de este pasado lunes 26 de octubre.
Se logró un acuerdo para entrar a discutir mediante el diálogo social, sobre la verdadera y real situación financiera del más grande sistema de pensiones y jubilaciones del país, el Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (IVM-CCSS); específicamente en las pretensiones que nosotros no aceptamos, de elevar la edad para la pensión, reducir los montos de esta y/o aumentar la cotización obrero-patronal para dicho sistema.
Además, se necesita exhibir a los responsables del desastre financiero de la Caja con repercusiones en el IVM, cuyas malas actuaciones en el gobierno anterior siguen en total impunidad. Como sabemos, en el IVM-CCSS está inscrita la abrumadora mayoría de la población asalariada del país, en los sectores Privado y Público.
Igualmente, para las personas trabajadoras del sector privado será relevante la discusión que Patria Justa dará con las autoridades máximas de la Caja, acerca del reglamento de incapacidades laborales. La máxima instancia judicial del país, la Sala Cuarta, ha sentenciado que todos los empleados y empleadas del Poder Judicial pueden incapacitarse, el tiempo que sea, con el 100% de salario. Esto abre una discusión de las razones para no darle el mismo trato y derecho, en caso de enfermedad, a quienes laboran para la empresa privada y a quienes trabajan para el Estado.
Deben también considerarse que los grupos laborales amparados a 27 Convenciones Colectivas de Trabajo (CCT) que funcionan en el sector privado de la economía; así como a las que están vigentes en estos momentos en el Estado (como las de las municipalidades, instituciones autónomas, empresas públicas, Gobierno Central incluyendo la del Ministerio de Educación Pública); están seriamente amenazados en cuanto a los derechos sociolaborales logrados al amparo de esas CCT por una fatal decisión político-ideológica del actual Ministro de Trabajo y Seguridad Social que, prácticamente, mata todas las CCT ya sea al momento en que vencen y/o al momento en que el ente patronal respectivo las denuncia.
Sin embargo, el compromiso gubernamental derivado de esta huelga y plasmado en los acuerdos que permitieron levantarla, es revisar tan fatal directriz con base en las interpelaciones que en la materia presentará el Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa; revisión que seguramente implicará mucho apoyo social.
Solamente esta parte de los acuerdos derivados de la huelga de Patria Justa puede explicarnos, en parte, las razones del virulento ataque antisindical por parte de los propietarios y gerentes de los consorcios mediático-corporativos propiedad del capital oligárquico-neoliberal, contra los sindicatos; especialmente los que aplicamos una táctica rebelde de lucha social pues nos negamos a ser sometidos al disciplinamiento obrero de corte totalitario que se manifiesta en no pocas “cárceles obreras” del sector privado donde es reprimida la libertad de organización sindical.
