Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.
¿Cómo es posible que, en la actual Asamblea Legislativa, prácticamente, a ninguna persona legisladora le esté importando que al pueblo trabajador costarricense le saquen de sus estrujados y apretados bolsillos, la espantosa cantidad de casi 16 mil millones de colones al día (16.000.000.000), para atender lo que denominan el servicio de la deuda pública, en especial el pago obsceno y vulgar de los intereses de la deuda pública?; los cuales, por cierto, son, de los más altos del mundo?
El Ministerio de Hacienda acaba de remitir al parlamento lo que se conoce como el Presupuesto Nacional 2024, el cual solamente representa cerca del 40% de la totalidad de la estructura financiera del Estado (Gobierno Central, en esencia). En realidad, debería denominarse “presupuesto parcial” pues el 60% no se tramita en la Asamblea Legislativa, sino ante la Contraloría General de la República (CGR).
De ese mal llamado “presupuesto nacional”, cuya totalidad es 12 billones 600 mil millones de colones (en cifras, así: ₡12.600.000.000.000), casi la mitad, el 46%, debe destinarse a lo que denominan servicio de la deuda pública, lo cual incluye el pago diario, escandaloso y obsceno, de los intereses de la deuda pública.
Ese 46% representa la enorme cantidad de 15 mil 928 millones 767 mil 123 colones, al día, c/24 horas, para la deuda pública; en cifras redondeadas, 16 mil millones de colones por día: ₡16.000.000.000.
En total, para los doce meses del próximo año 2024, el pueblo trabajador costarricense debe sacar de sus, financieramente, estresados bolsillos, para esa deuda pública, casi los 6 billones de colones; con exactitud, 5 billones 814 mil 600 millones de colones: ₡5.814.600.000,000.
Esta cruel y criminal, socialmente hablando, realidad se viene repitiendo durante todos estos años sin que la clase política tradicional, la vieja y la nueva, alce ni la más tímida voz de alarma o de denuncia; considerando que cada vez son más graves, las afectaciones-recortes al financiamiento de las diversas políticas públicas que desde el Gobierno Central están obligadas a atender programas de Seguridad Social (Educación, Salud y Seguridad Social, Eco-ambientales, Cultura, Infraestructura Vial, Seguridad Ciudadana, combate estratégico al crimen organizado y al narcotráfico, entre otros).
Como bien lo vienen afirmando y demostrando personas estudiosas de la academia y del pensamiento social costarricense, dedicados a la defensa de los bienes comunes (como lo son, por ejemplo, los de la seguridad social y los de los ecosistemas); la deuda pública y su escandalosísimo y súper-usurero pago diario de intereses está minando las bases de la Democracia misma.
¡Así es! La deuda pública, casi cercana a los 29 billones de colones, ligada a ese aplastante pago diario de intereses, guarda relación intrínseca y perversa con la permanencia de un sistema tributario injusto y corrupto; el cual tiende a profundizarse por las ilegales maniobras del macro-empresariado evasor-elusor fiscal nacional que, como gran “moda”, está trasladando sus lucrativas empresas al régimen de zonas francas, desnaturalizándolo y prostituyéndolo, pues el mismo siempre fue destinado para atraer inversión extranjera, no para abusar de él como mecanismo de evasión tributaria.
Esta realidad corrupta ameritaría, al menos, la conformación de una comisión legislativa para entrarle al asunto con gran seriedad y quitarle el amplio manto que cubre tanta operación tributario-fiscal sucia; proceso que caería como anillo al dedo a propósito de la tramitación parlamentaria del mal llamado presupuesto nacional 2024. Creemos que, ni siquiera, habrá una persona diputada que plantee algo así en las actuales circunstancias.
