Pronunciamiento de la ANEP ante ataque antisindical y al derecho de libre asociación por parte de CACIA

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), rechaza, contundentemente, las aseveraciones realizadas por parte de otro sindicato del alto corporativismo empresarial, la Cámara Costarricenses de la Industria Alimentaria (CACIA), dadas a conocer en algunos medios de comunicación, solicitando la disolución de nuestra organización.

Al día de hoy, la ANEP no ha recibido ninguna notificación formal por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) sobre dicha acción.

La aparente solicitud planteada por la representación empresarial no está fundamentada en hechos individualizados; por ende, pretender la disolución de un sindicato amparado en los intereses individuales de los empresarios, es totalmente violatorio de la Libertad Sindical.

Esta solicitud es una clara violación a la Libertad Sindical, específicamente en la posibilidad que tienen las organización de elegir su marco de acción, su dinámica, y líneas de acción; en defensa de los intereses económicos y sociales de sus representados, quienes en el ejercicio de la autonomía sindical, deben poder decidir en qué momento manifestarse, y contra que políticas públicas, estatales, o sectoriales no están de acuerdo, en resguardo de los intereses económicos y sociales de cada sector y del pueblo costarricense

Las acciones de CACIA son signos de la instauración de una especie de autoritarismo en la democracia, impidiendo la libre manifestación del pueblo ante políticas públicas que dañan a las clases medias y bajas de nuestro país. Recordemos que estas cámaras forman parte del Gobierno y son corresponsables del desastre económico que está ocurriendo. Ante el descontento popular buscan acallar las voces y silenciar las organizaciones críticas, que señalan el rumbo equivocado que lleva Costa Rica, tal y como lo indica la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).  

El Estado costarricense, miembro de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en este caso por medio de su Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tiene el deber legal constitucional y moral de resguardar los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos. Entre ellos, garantizar un ejercicio del derecho sindical acorde con los convenios y principios de la OIT y, en ese sentido avalar una solicitud de esta naturaleza es contraria desde todo punto de vista del derecho fundamental a la libertad sindical, el cual no puede ser entendido sin la real autonomía, sin capacidad de protesta, y sin injerencia de las autoridades administrativas o empresariales.

Es deber del Estado respetar los instrumentos internacionales como lo son los Convenios Internacionales de la OIT y los principios fundamentales que repelen todo acto persecutorio, o que tiendan a limitar el derecho a formar sindicatos o sindicalizarse, así como ejercer sus derechos sindicales; en el caso particular la solicitud empresarial está coartando esas libertades, y son claros mecanismos de persecución e impedimentos contra la ANEP.

Sobre el particular la Organización internacional del Trabajo ha resuelto concretamente en sus recopilaciones:

“En los casos que entrañan la disolución o la suspensión de las organizaciones sindicales de un país, el Comité de Libertad Sindical se ha declarado profundamente convencido de que no es posible hallar la solución de los problemas económicos y sociales porque atraviesa un país aislando las organizaciones sindicales y suspendiendo sus actividades”.

Por lo anteriormente expuesto, nuestra organización condena y repudia esta violación fragante a los Derechos Humanos Fundamentales como lo son la Libertad Sindical y el Derecho a la Libre Asociación, por parte del corporativismo empresarial costarricense representado en este caso por CACIA. Exigimos al Ministerio de Trabajo y las autoridades competentes rechazar tal solicitud de disolución de nuestra organización sindical ANEP y proceder con la apertura de un proceso por prácticas laborales desleales y discriminación contra CACIA.

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