Luego de que fueran excluidos varios sectores del proyecto de ley 19.506, La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y Patria Justa consideran que ha quedado en evidencia la intención real de dicho expediente legislativo: acabar con el principio constitucional de la Negociación Colectiva (artículo 62 de la Constitución Política) para darle un fuerte impulso al solidarismo y perjudicar al sindicalismo.
El sindicato celebra que sectores como el educativo, el policial (cubierto por la Ley No. 7410) y el personal no profesional del Gobierno Central fueran excluidos del proyecto contra el empleo público. Sin embargo, afectaría al sindicalismo en cuanto a la cuantía a recibir por cesantía en el empleo público. Asimismo, se daría el banderazo de salida para eliminar a los sindicatos como actores sociopolíticos de primera línea en una sociedad democrática.
Para la ANEP, así como para el Colectivo Sindical Patria Justa, tal iniciativa de ley debe ser enterrada completamente y en tal sentido reafirmamos nuestro compromiso de lucha empleando todos los medios a nuestro alcance.
“Se le hace un grave daño a la imagen del país, a la credibilidad de Costa Rica como estado protector de los Derechos Humanos, continuar insistiendo en que se apruebe ese expediente legislativo 19.506; toda vez que el mismo, al incluir esos contenidos ideológicos antisindicales, entra en colisión directa con los postulados de la futura legislación de la Reforma Procesal Laboral (RPL), gran compromiso internacional del país que una vez honrado ya ha merecido el reconocimiento de la mismísima Organización de las Naciones Unidas (ONU)”, explicó Albino Vargas, Secretario General de la ANEP y Coordinador de Patria Justa.
Lo mencionado anteriormente se debe a que en octubre de este año 2016, el Comité de Derechos Humanos, Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitió el informe denominado “Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Costa Rica”; resaltando dentro de los“Aspectos positivos” éste: “c) La aprobación, el 9 de diciembre de 2015, de la Reforma Procesal Laboral”.
Ese informe da cuenta de cómo estamos en cuanto nación adherente, suscribiente y ratificadora del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
“Imaginemos el gran descrédito internacional de Costa Rica, el grave daño a su reputación si, por un lado, la propia ONU reconoce el avance del país en materia de respeto para con sus obligaciones internacionales en materia de Derecho Laboral Internacional, con la aprobación de la RPL; y todavía sin que la misma entre en vigencia plena (lo que ocurrirá el próximo 25 de julio de 2017), la abortamos, con ese expediente legislativo 19.506, castrándole todo el capítulo de la negociación colectiva y devolviéndonos en el tiempo para relanzar la discriminación antisindical tan censurada de manera reiterada por la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que la Reforma Procesal Laboral ha eliminado, al menos en la letra de esta ley”, agregó Vargas.
Por su parte la ANEP agradece profundamente la participación de 13 diputados y diputadas que el pasado viernes 18 de noviembre enviaron un mensaje a las 122 seccionales de la organización, representadas por 400 sindicalistas en el Consejo Consultivo Nacional (CCN) de la ANEP; expresando su posición contraria al expediente legislativo 19.506, el proyecto de ley contra el Empleo Público.
“El expediente legislativo 19.506 no es para “resolver” un problema de pluses… es un proyecto de naturaleza antisindical, contra la Constitución Política y contra el Derecho Internacional, ya no solamente el de orden laboral-sindical, sino contra el contenido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, del cual Costa Rica es Estado-parte”, enfatizó el Secretario General de ANEP.
ANEP y Patria Justa ya han alertado a sus dirigencias y bases sindicales para impedir la aprobación del proyecto de Ley 19.506, y a la vez, reitera el llamado a la unidad sindical en la acción.
