Algunas publicaciones nacionales especializadas en empresas y finanzas ya han comenzado a publicar artículos con títulos como el siguiente: “Conozca los cambios clave que tiene la Reforma Procesal Laboral para su empresa”. Incluso hay firmas como LexLabor, que dan asesoría en derecho laboral y que están elaborando documentos para que las compañías sepan cómo estar vigilantes ante la entrada en vigencia en el país de la Reforma Procesal Laboral.
La Reforma Procesal Laboral empezará a regir en julio del 2016 y está claro que es necesaria la información sobre los cambios. No obstante, ciertos grupos continúan con un discurso confrontativo y extremista; tienen interés en hacer creer que la normativa recientemente aprobada es solamente un asunto de huelgas, cuando ellos mismos saben muy bien que no es así y están preocupados.
Así se denunció en un panel organizado por la fracción legislativa del Frente Amplio, realizado en la Asamblea Legislativa el pasado lunes, donde se destacó la importancia que tiene la nueva normativa para los trabajadores en cuanto al acceso a la administración de justicia.
Uno de los cambios que trae la reforma es que se podrá asignar un defensor público a los trabajadores que ganen menos de dos salarios base, que es de alrededor de ¢800.000; a madres, a menores de edad y para todos los casos de discriminación. Esto podría significar un aumento significativo de las denuncias y procesos judiciales contra las empresas.
Orlando Aguirre Gómez, Magistrado presidente de la Sala II y quien expuso en el panel citado, dijo que este cambio va a permitir, entre otras cosas, la solución conciliada de los conflictos.
“En la actualidad el Código de Trabajo y la legislación en general hablan de la posibilidad de conciliar; pero en la realidad si un trabajador va solo, lo llaman a conciliación y se enfrenta con su ex empleador y el abogado de éste, va a tener desventaja para conciliar en esas condiciones”, recalcó Aguirre.
“Cuando se trata de trabajadores que asisten con abogados tenemos el problema de que los abogados siempre quieren extender sus honorarios y este tema se convierte en un obstáculo para la conciliación. Si el trabajador llega con un abogado a sueldo, que no tiene interés en sus honorarios sino más bien en solucionar los casos, pensamos que esto va a ser muy importante”, señaló el jurista.
Aguirre también destacó los beneficios que trae la reforma a mujeres embarazadas y para denunciar la discriminación por cuestiones de género.
La normativa define tiempos para trámites y denuncias y uno de ellos es que los empleados con protección especial por su condición particular, como mujeres embarazada, con permiso de lactancia o denunciantes por acoso sexual podrán presentar una denuncia por la vía rápida.
Asimismo, actualmente quien se siente discriminado en su trabajo o mientras busca empleo debe acudir a la vía ordinaria y esperar años de proceso. La reforma establece que los juzgados deben darle a la denuncia por discriminación el primer lugar en la agenda y resolverla en muy poco tiempo. Se incluyen 15 posibilidades de discriminación (edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, filiación, discapacidad, afiliación sindical, situación económica, ascendencia nacional y origen social); pero se puede incorporar “cualquier otra”.
“No han depuesto las armas”
El abogado especialista en derecho laboral Esteban Calvo Rodríguez enfatizó que sigue pendiente la labor de defensa de la ley “porque los adversarios no han depuesto las armas”.
“Todo lo contrario, están haciendo todo lo que sea posible para evitar que la ley entre en vigor”, dijo Calvo.
A principios de enero la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) presentó una acción de inconstitucionalidad en la que sus representantes afirman que quieren salvaguardar a la seguridad jurídica, proteger la inversión privada y el empleo; pero sobre todo tutelar el erario público. En su argumento legal también dicen que la Reforma Procesal Laboral ahuyentará la inversión nacional y extranjera y que la creación de la defensoría pública laboral implicará gastar en puestos de empleo, instalaciones y logística, y que no están de acuerdo con el aumento de la burocracia que esto implicaría a corto plazo.
Calvo afirmó que la oposición a la ley no se centra en el tema de la huelga, sino que en realidad lo que le molesta a este sector industrial es que la ley plantea un modelo de relaciones laborales que no les gusta.
La CICR afirmó en el documento, del cual se tiene copia: “Lo más grave, lo cual han ocultado muy hábilmente tanto el FA como los sindicatos y posiblemente el señor Presidente no se ha percatado de ello, es la legalización de las convenciones colectivas y otras figuras negociales (…)”.
Para Calvo, este argumento refleja un grave desconocimiento, ya que las convenciones colectivas son legales desde hace años.
“El planteamiento de fondo es muy preocupante; es un discurso muy confrontativo y extremista”, dijo Calvo.
Calvo, al igual que Aguirre, apuntó que la ley introduce modificaciones muy puntuales que no le gusta a este grupo de empresarios.
Otro punto importante de la nueva normativa es el que tiene que ver con la Carta de despido. En los despidos sin responsabilidad patronal será obligatorio entregar personalmente una carta de despido en donde se indiquen las razones. Los hechos señalados en esa carta serán los únicos que se pueden alegar judicialmente si el empleado presenta una demanda.
“Actualmente a la persona la despiden sin carta de despido o dando una razón como pérdida de confianza u otra razón. Esa persona tiene que irse a un proceso judicial a defender sus derechos sin saber realmente por qué la han despedido y en ese momento el empleador puede decir cualquier cosa. Es símbolo de desigualdad e indefención, y esa práctica queda vedada con la ley”, añadió Calvo.
El abogado dijo que también “les molesta [a los empresarios] mucho lo de la responsabilidad objetiva en infracciones a las leyes de trabajo porque ahora siempre habrá un responsable” y que “les molesta lo de las medidas cautelares, que hasta el día de hoy son inexistentes en el país porque pueden significar la restitución en su puesto a un trabajador que ha sido despedido por estar organizándose en la empresa”.
En diciembre pasado el presidente de la República Luis Guillermo Solís levantó el veto a la Reforma Procesal Laboral, aprobada en setiembre del 2012.
Patricia Mora, diputada del Frente Amplio, criticó: “Los grandes grupos empresariales recibieron lo que pidieron en los años anteriores; pero para los trabajadores no ha habido proteccionismo, ni Certificados de Abono Tributario, ni zonas francas, ni apertura de la banca, ni TLCs. El marco laboral se quedó pequeño para los trabajadores”.
